El pasado 4 de junio, el secretario general técnico del Departamento de Educación de la DGA, Manuel Magdaleno “se comprometió en mesa sectorial a reunir a las organizaciones sindicales en julio para negociar una orden que regulara las actividades extraescolares en los centros educativos públicos aragoneses”, recuerdan desde la CGT Enseñanza Aragón.
Terminando ya el mes de julio “nada se sabe del Departamento al respecto”, por lo que José Luis Ruiz, portavoz del sindicato, señala que “ya dijimos tras la mesa que la administración no mostró ninguna intención de tener este tema avanzado el 1 de septiembre, algo que nos preocupa enormemente porque el profesorado necesita tener seguridad de que la administración le va a proteger ante posibles denuncias que le lleguen producto de su actividad laboral, de lo contrario buena parte de los claustros van a acordar no realizar este tipo de actividades, algo que no parece inquietar lo más mínimo a la administración, pese al perjuicio que supondría para alumnado, familias y para el propio profesorado”.
El sindicato destaca que “en la mesa del 4 de junio, a la que la administración vino con las manos vacías, CGT entregó sus propuestas para crear un protocolo que incluyera un marco claro de responsabilidades del profesorado y de la administración, una cobertura real jurídica y administrativa para el profesorado, y unas condiciones laborales y organizativas dignas para este tipo de actividades, a día de hoy no sabemos nada de si se está trabajando en ello y en qué línea se está haciendo”.
El portavoz de CGT insiste en que “son actividades necesarias para el desarrollo integral del alumnado y que todos los cursos y en todos los centros se desarrollan gracias a la voluntariedad del profesorado. Estas actividades se hacen fuera del horario lectivo, con horas extras sin remunerar y sin una cobertura legal y jurídica real como estamos viendo con el juicio que se va a realizar contra dos docentes por presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave, docentes que no van a contar con el apoyo ni la cobertura jurídica de la administración educativa”.
Por último, desde CGT exigen al Gobierno de Aragón “que los centros a principios de septiembre tengan la seguridad de que estas actividades van a contar con una regulación que incluya las principales reivindicaciones del profesorado para evitar el conflicto que sin duda se va a producir en caso de que la inacción continúe”.
