STEA-i considera insuficiente la nueva regulación del Gobierno de Aragón sobre las actividades complementarias, extraescolares, excursiones y viajes de estudios y reclama al Departamento de Educación una solución definitiva que garantice la seguridad jurídica y unas condiciones laborales adecuadas para el profesorado.
La organización sindical sostiene que la aprobación de una nueva normativa para el curso 2026/2027 no permite dar por cerrado el conflicto que llevó durante el pasado curso a numerosos centros educativos aragoneses a suspender este tipo de actividades.
STEA-i recalca que aquella situación no se produjo por una negativa del profesorado a realizar actividades educativas fuera de las aulas, sino por la “inseguridad jurídica y falta de garantías” con las que debían desarrollarlas.
“El profesorado no puede asumir responsabilidades que corresponden a la Administración educativa ni desarrollar actividades fuera del centro bajo una permanente amenaza jurídica”, sostiene el sindicato.
“Una regulación que llega tarde y se queda corta”
La regulación transitoria aprobada por el Departamento de Educación para el curso 2026/2027 establece, entre otras cuestiones, criterios sobre el número de docentes acompañantes, ratios de alumnado y determinadas garantías organizativas.
Sin embargo, STEA-i rechaza que pueda considerarse una solución definitiva. A su juicio, la norma incorpora nuevos procedimientos, documentos y responsabilidades para centros y profesorado sin garantizar suficientemente cuestiones que considera fundamentales.
Entre ellas señala la protección jurídica de las y los docentes, la cobertura efectiva de las responsabilidades derivadas de las actividades, la compensación del tiempo de trabajo o la dotación del personal necesario para desarrollarlas.
El sindicato alerta también de que el incremento de la burocracia puede terminar desincentivando nuevamente las salidas educativas. “No queremos que las excursiones y viajes vuelvan a suspenderse por falta de garantías, pero tampoco queremos que vuelvan a realizarse a costa de cargar todavía más responsabilidad sobre los equipos directivos y el profesorado”, advierte.
Seguridad jurídica, recursos y compensación laboral
Ante esta situación, STEA-i exige que el Departamento de Educación aproveche el curso que comienza para elaborar una regulación “definitiva, negociada y garantista” que responda a las necesidades reales de los centros educativos.
Entre sus reivindicaciones figura garantizar plenamente la seguridad jurídica del profesorado y delimitar con claridad las responsabilidades que corresponden a la Administración, los centros, los equipos directivos y las y los docentes.
También reclama dotar a los centros del personal y los recursos necesarios, especialmente en aquellas actividades en las que participe alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y establecer ratios de acompañamiento “suficientes y realistas”, determinadas por criterios de seguridad y atención educativa y no económicos.
STEA-i pide además reconocer y compensar el tiempo de trabajo empleado en viajes y actividades realizadas fuera del horario habitual, reducir la carga burocrática y evitar que los centros tengan que asumir trámites y responsabilidades adicionales para suplir las carencias de la regulación.
Otra de sus demandas es garantizar que la participación del profesorado sea “verdaderamente voluntaria”, de manera que ninguna persona se vea obligada directa o indirectamente a responsabilizarse de una actividad que considere que no puede desarrollar con garantías.
Finalmente, reclama abrir una “negociación real” con las organizaciones sindicales para elaborar la normativa definitiva.
“Garantizarlas es responsabilidad de la Administración”
STEA-i recuerda que durante el pasado curso el profesorado demostró que el conflicto no respondía a una falta de compromiso con las actividades educativas fuera de las aulas, sino a una situación de “indefensión” que, a su juicio, la Administración no podía seguir ignorando.
Por ello, considera “especialmente preocupante” que la respuesta del Departamento de Educación se centre fundamentalmente en nuevos procedimientos y obligaciones administrativas sin resolver las condiciones que originaron las protestas y suspensiones.
“Las actividades fuera del aula son parte de la educación pública. Garantizarlas es responsabilidad de la Administración. Proteger a quienes las hacen posibles, también”, concluye STEA-i.
