Mientras el sindicato de Enseñanza de la CGT Aragón califica el borrador del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para regular las actividades extraescolares como “tomadura de pelo”, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón denuncia la “coerción involutiva de la nueva orden de actividades extraescolares”.
Plantón a la DGA ante su “tomadura de pelo” y “privatización de actividades extraescolares”
CGT Enseñanza, segundo sindicato de la enseñanza pública aragonesa, ha comunicado su decisión de “no ir a la mesa de negociación convocada por la administración para este jueves 30 de julio”, tras recibir un borrador de orden de regulación de las actividades extraescolares que califican de “tomadura al profesorado aragonés”.
“El pasado 4 de junio se celebró una mesa sectorial convocada por las organizaciones sindicales ante la pasividad de la administración en abordar la tan necesaria regulación de las actividades extraescolares en los centros públicos de Aragón”, recuerdan desde la CGT, y añaden que “a dicha mesa, el Departamento de Educación, con Manuel Magdaleno, secretario general técnico, a la cabeza, acudió únicamente a recibir propuestas de los sindicatos; recibidas las mismas, y tras la insistencia sindical en la necesidad de llegar a septiembre con este conflicto resuelto, se comprometió a convocarnos en julio para presentar un texto”.
Casi dos meses después “se nos convoca a una reunión el 30 de julio para la que se presenta un borrador de orden que es una mezcla de recopilatorio de normativa ya existente, de un documento que anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados a contratar por los centros y, por último, una nueva muestra de dejación de funciones de esta administración, que traslada, también en este tema, el trabajo y la responsabilidad a los equipos directivos y al profesorado, el cual necesita seguridad y cobertura jurídica de su administración, no que se le exija más burocracia”, enfatizan desde CGT.
Por todo ello, desde Enseñanza de CGT Aragón consideran “que este borrador propuesto por el gobierno de Jorge Azcón es una nueva falta de respeto al profesorado aragonés y no vamos a participar en un simulacro de negociación que en la práctica no está existiendo”, así de contundente se ha mostrado José Luis Ruiz, portavoz de CGT Enseñanza, al explicar por qué su organización sindical “no va a acudir a la mesa técnica de mañana jueves 30 de julio” a la que ha sido convocada por el Departamento de Educación de la DGA “para abordar la regulación de las actividades extraescolares en los centros educativos públicos de Aragón”.
Preguntado por el contenido del borrador, el representante de CGT detalla que “por una parte, no hay ninguna mejora en las condiciones en las que el profesorado participa en estas actividades, ni en cuanto a su seguridad jurídica, ni en cuanto a ratios, ni en cuanto a compensaciones por las horas extras realizadas, lo único que hay es un recopilatorio de normativas vigentes que no se modifican, y que son las que han permitido que dos docentes aragoneses tengan que hacer frente sin el apoyo de la administración a un juicio por homicidio por imprudencia profesional grave tras la muerte de un alumno en un viaje de estudios”.
“Este desamparo del docente en las actividades extraescolares no se corrige con este borrador, ni hay en él ningún indicio que pueda hacernos pensar que la administración quiera terminar con esta desprotección, más bien hay signos de lo contrario, de que se reafirma en la indefensión actual. Por otra parte, la administración pretende con esta orden inundar al profesorado y a los equipos directivos de más burocracia que en nada contribuye a solucionar el problema, ya que, además de sobrecargar de tareas aún más al profesorado, amplía la responsabilidad del docente y del centro educativo a la vez que disminuye la de la administración”, recalca Ruiz.
Asimismo, José Luis Ruiz también denuncia que “en el borrador presentado se anima a los centros a contratar por su cuenta seguros de viaje y de accidentes, además de contar con ‘empresas colaboradoras’, lo que evidentemente aumentaría los costes para las familias de estas actividades y dejaría a buena parte del alumnado sin poder realizarlas, algo que no parece importar a la administración, que lejos de ofrecer garantías a la comunidad educativa, pretende delegar sus responsabilidades en los propios centros educativos y en la privatización de estas actividades tan necesarias. Es absolutamente desolador que una administración pública aconseje a sus trabajadores y trabajadoras contratar pólizas que incluyan asistencia jurídica para tener protección durante su actividad laboral”.
Por otra parte, el portavoz de CGT critica que “en el borrador se aconsejan unas ratios para estas actividades superiores a las que se están llevando a cabo ahora actualmente en los centros, lo cual indica lo en serio que se están tomando este tema, además de que no se establece ninguna compensación para el profesorado que realice este trabajo fuera de su horario laboral, especialmente cuando hay pernocta, es decir, que no se ha atendido ninguna de las propuestas que desde CGT se presentaron”.
Ruiz insiste en que “en CGT nos preocupa enormemente que el profesorado tenga la seguridad el 1 de septiembre de que la administración le va a proteger ante posibles denuncias que le lleguen producto de su actividad laboral, y a día de hoy ni hay una cobertura real jurídica y administrativa para el profesorado, ni hay unas condiciones laborales y organizativas dignas para este tipo de actividades, por lo que la realización de este tipo de actividades el próximo curso corre peligro, lo que no parece inquietar lo más mínimo a la administración, pese al perjuicio que supondría para el alumnado, familias y para el propio profesorado”.
Por último, el representante de CGT resalta que “estamos hablando de actividades necesarias para el desarrollo integral del alumnado y que todos los cursos y en todos los centros se desarrollan gracias a la voluntariedad del profesorado. Estas actividades se hacen fuera del horario lectivo, con horas extras sin remunerar y con una falta de asistencia jurídica real de la administración que está llevando a dos docentes a asumir unos costes económicos elevadísimos para poder defenderse de una acusación de homicidio, docentes que no van a contar con el apoyo ni la asistencia jurídica de la administración educativa, y que si el texto presentado estuviera en vigor tampoco la tendrían”, y recuerda al Departamento de Educación que “CGT está dispuesta a negociar una orden que verdaderamente afronte lo que los centros educativos están demandando, pero no va a participar en el paripé gestionado por esta administración que tiene como único objetivo legitimar un texto elaborado unilateralmente y que ni recoge ninguna aportación sindical, ni resuelve ninguno de los problemas del profesorado aragonés”.
La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón denuncia “la coerción involutiva de la nueva orden de actividades extraescolares”
El sindicato reclama un acuerdo que garantice la seguridad jurídica del profesorado y regule las condiciones en las que se presta este servicio educativo. La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha denunciado “la coerción involutiva que supone el borrador de la nueva orden de actividades complementarias y extraescolares elaborado por el Departamento de Educación”, pues considera que el texto “no responde al problema que originó su elaboración y, en cambio, incrementa el control sobre el profesorado, la burocracia y la carga de trabajo de los centros”.
Para CCOO, las actividades complementarias y extraescolares con contenido curricular, así como los servicios complementarios sin dicho contenido “forman parte indispensable de un servicio educativo de calidad entendido en su sentido más amplio”.
Como sindicato de clase y defensor de una escuela aragonesa pública inclusiva, CCOO sostiene que “la administración debe garantizar que todos estos servicios se presten en los centros públicos y lleguen a toda la población, especialmente al alumnado más desfavorecido”. En muchos casos, subraya, “estas actividades constituyen la única oportunidad para que una parte importante del alumnado aragonés acceda a espacios y experiencias sociales, culturales y naturales que, por su entorno socioeconómico, no podría conocer de otra manera”.
Además, el sindicato recuerda que el problema que ha motivado este proceso nace “de la falta de ‘empatía jurídica’ de la Administración hacia una profesora y un profesor tras un accidente ocurrido durante una actividad extraescolar”, por ello, asegura que “el profesorado aragonés esperaba una respuesta que reforzara su protección jurídica y no un compendio de la normativa ya existente”.
Sin embargo, CCOO Aragón considera que el borrador “no solo no avanza en esa protección, sino que profundiza en uno de los principales problemas de la gestión educativa: el aumento de la carga burocrática y la reducción de la autonomía pedagógica y organizativa de los claustros, pese a que el propio preámbulo del texto afirme lo contrario”.
A juicio del sindicato, la propuesta supone “una nueva vuelta de tuerca en el control sobre el profesorado y refleja unas políticas educativas de corte neoliberal que pretenden convertir una de las interacciones sociales más profundas, la educación, en una sucesión de procedimientos tasables”, esto, advierte “obliga al profesorado a centrar buena parte de su trabajo en la cumplimentación de formularios, en detrimento del tiempo, el esfuerzo, los conocimientos y la profesionalidad que deberían dedicarse a comprender y atender las necesidades del alumnado”.
En cuanto al contenido más concreto del borrador, CCOO denuncia que la norma establece que “la responsabilidad de las actividades recae en última instancia sobre la dirección de los centros educativos, refuerza el papel de control de los servicios educativos provinciales, atribuye a los equipos docentes tareas ‘detectivescas’ para determinar si alguna familia oculta información relevante sobre sus hijos e hijas, convierte al profesorado en responsable de la custodia del alumnado durante los tiempos libres en actividades como los viajes de estudios, sin diferenciar entre edades, y le asigna funciones de carácter ‘policial’ ante el alumnado que incurra en incumplimientos graves o reiterados de las normas de convivencia”.
Además, el sindicato critica que todas estas nuevas obligaciones “se planteen sin delimitar ratios adecuadas, diferenciadas según el tipo de actividad y la edad del alumnado, y sin establecer ni asumir el coste económico ni el cupo docente necesarios para desarrollar estas actividades”. En la práctica, señala “todo el esfuerzo organizativo y de ejecución recae sobre los claustros”.
Finalmente, y por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón reclama “la apertura de una negociación real que permita aprobar una normativa que garantice al profesorado aragonés la posibilidad de desarrollar las actividades complementarias y extraescolares con dignidad, seguridad jurídica y las garantías necesarias”.
