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Lo que sabemos y lo que no sabemos del 1-O

Aún quedan muchas luces y muchas sombras por esclarecer sobre lo ocurrido durante el 1 de octubre de 2017. Con toda seguridad muchas incógnitas perdurarán en el tiempo. Más cuando según denuncia Amnistía Internacional, la Fiscalía española tiene una actitud pasiva cuando se trata de investigar la violencia que dejó más de 1.000 heridos y heridas.
| 1 octubre, 2018 07.10
Lo que sabemos y lo que no sabemos del 1-O
Foto: Albert Alexandre

Establecer la causa del 1-O en Catalunya, pensar cuál fue el origen de todo lo que sucedió ese día, se antoja como una tarea solo apta para la historia; para cuando haya transcurrido tiempo suficiente entre esos hechos y el presente, entre las pasiones y el análisis.

Fue un triunfo de la democracia, una derrota de la democracia, un día catártico, una vergüenza, una humillación, una salvajada, un correctivo, una masacre, una invención. Se ha escrito tanto sobre ese día, se han repetido hasta la saciedad las imágenes de la violencia policial y, lo que es más notorio como demostraban las grabaciones hechas públicas por eldiario.es hace una semana, todavía nos queda mucho por conocer de la jornada en que se celebró el referéndum de autodeterminación de Catalunya.

Lo que sabemos

Solo las cifras pueden darnos algo de perspectiva. 1.066 personas resultaron heridas y de éstas cinco lo fueron de gravedad. 23 eran mayores de 79 años y dos menores de 11 años. Roger Español perdió un ojo.

Según el informe elaborado por el Servicio de atención a las víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre en el que participaron el Ayuntamiento de Barcelona y el colectivo Iridia, el día 1 de octubre se asistió “al episodio de violencia masiva más grave desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo que ha vivido nuestra ciudad, y seguramente el Estado y el territorio europeo”. “Miles de personas que querían ejercer su derecho a voto, pese a hacerlo de forma pacíficamente, fueron víctimas de la violencia”, añadía el informe.

Asimismo, la investigación que fue presentada el 20 de octubre determinaba que las cargas policiales habían sido “desproporcionadas” e “ilegales” al usarse pelotas de goma, material antidisturbio prohibido en Catalunya.

Foto: Robert Bonet

Foto: Robert Bonet

Pocas horas después de que se produjeran las escenas de violencia policial, el Ministerio del Interior cuantificó en 39 las y los policías heridos. El 2 de octubre, la cifra se había elevado hasta 431 policías heridos. En abril, el Ministerio volvió a rebajar la cifra hasta los 111 heridos.

Según el informe que la Policía española entregó en febrero de 2018 al Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona y que fue analizado por el diario catalán El Nacional, las lesiones más graves fueron “contusiones en los dedos de la mano o en una uña, una torcedura de pie, un moratón en la rodilla o un rasguño en la nariz”.

Lesiones que, según parece, deberían ser atribuidas por el uso abusivo de la violencia que hicieron los policías, pues no se han registrado apenas vídeos de agresiones a los cuerpos de seguridad del Estado.

Juan Ignacio Zoido cuantificó en 87 millones de euros lo que había costado el operativo policial. El titular del Interior señaló que “los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados -en Catalunya hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes realizaron una ‘vigilancia permanente’ sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como ‘las sedes de los partidos políticos amenazados’”.

El mismo ministro, tal y como hiciera la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, consideró la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado como “proporcionada y “democrática”. Sin embargo, esa violencia que para ambos cargos políticos fue mesurada, al mediodía se había detenido ante la mirada atónita de un nutrido grupo de observadores y observadoras internacionales. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién dio la orden desde Bruselas para que se detuvieran las cargas.

Por último, en este epígrafe de lo que sabemos, está lo más obvio: votaron 2.286.217 personas, el 43.03% de los y las electoras censadas; un 90,18% lo hizo en favor del ‘sí’; el Govern de la Generalitat cuantificó que en los colegios donde se produjo violencia policial estaban censadas 770.000 personas.

Lo que no sabemos

Existen demasiados interrogantes sobre lo que ocurrió el 1 de octubre. Demasiadas preguntas que quizás no llegamos a respondernos nunca.

Con todo, la que cuesta más de responder es la siguiente: ¿Cuál era el objetivo de la violencia ejercida por el Estado contra miles de personas?

Tal y como demostró el periodista Jesús Rodríguez, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió desplegar un operativo militar-policial que no tenía suficientemente entidad para desarticular el andamiaje participativo del independentismo.

Si el referéndum era imparable, ¿por qué se empleó la violencia? Para la periodista Ruth Toledano en un artículo para eldiario.es pocos días después del 1-O, Rajoy ordenó el uso de la violencia con el “único objetivo contentar a los suyos, incluida esa extrema derecha que canta el Cara el Sol y con la que Esperanza Aguirre coincide en concentraciones que no se reprimen con pelotas de goma. Así, Rajoy podría irse con la cabeza alta frente a esos suyos que no le perdonarían que hubiese cedido ante la Generalitat”.

Es una explicación insuficiente que contrasta con el informe elaborado por la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya al que tuvo acceso La Directa. En éste se destaca que el operativo policial en Barcelona contra el referéndum priorizó los colegios con menor resistencia, descartando los distritos de Gràcia y Sant-Montjuïc; ambos con una fuerte tradición de luchas populares.

A tenor de este informe, la violencia tendría un objetivo más allá de la pura escenificación de la violencia para contentar a correligionarios políticos.

Pero no es el único elemento que hace que nos preguntemos sobre el por qué de la violencia ejercida el 1-O. En los vídeos recientemente publicados por eldiario.es en los que se aprecia la visión de esa jornada a través de las cámaras que llevan los cuerpos de seguridad del Estado en su indumentaria, se escucha claramente como esos mismos hombres y mujeres tenían como objetivo encontrar las urnas. ¿Por qué ese afán por encontrar esos objetos cuando era público y notorio que nunca se requisarían todas las urnas?

La violencia ejercida por el Gobierno de Mariano Rajoy podría, al fin, considerarse como una violencia desmesurada e instrumental que tenía como objetivo deslegitimar el referéndum y aterrorizar al independentismo. Al mismo tiempo tenía una intención correctiva: el referéndum fue un ataque tanto al Gobierno, como al Estado, como al gran sector empresarial español y no podía permitirse.

Pese a esto, la violencia podría tener una intención táctica mucho más evidente. Si asumimos las cifras hechas públicas por el Govern de la Generalitat que cuantifican en 770.000 personas las que tuvieron que cambiar de colegio electoral para poder votar, también debemos asumir que muchas de esas personas no pudieron ejercer su derecho.

Además de esto, la violencia que como por arte de magia se detenía al mediodía, también pudo desmovilizar a una parte de la ciudadanía -al mismo tiempo que pudo movilizar a otra.

¿Cuál hubiese sido el resultado del 1-O sin violencia? Esa es una pregunta para la ciencia ficción.

El otro gran interrogante sobre el 1-O es cómo pudo pagarse. Meses de instrucción del caso en manos de la justicia español no han aclarado este punto.

En abril, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía que “yo no sé cómo se pagó el 1-O, pero no con dinero público”. Su sentencia tiene lógica pues desde hacía meses las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas por la cartera que el político del PP dirigía.

Mucho se ha especulado sobre si la Generalitat pagó o no pagó, sobre si utilizó fondos o no del Estado. En realidad, a la postre el Gobierno español ha reconocido -y poco se habla de ello- que el referéndum se pagó “con dinero privado”. Dinero privado es un eufemismo que significa “dinero de la gente”.

Dicho esto, hay que hacerse una nueva pregunta: ¿Cómo se organizó el referéndum?

Foto: Albert Alexandre

Foto: Albert Alexandre

En informática, cuando hablamos de una cadena de bloques o ‘blockchain’ nos referimos a una estructura de datos en la que la información se agrupa en bloques. Cada bloque posee información propia e información de otros bloques. Dicho de una forma que hará temblar a las personas dedicadas a la informática, cada bloque valida otro bloque y hace posible que exista; lo legitima.

En términos organizativos eso es lo que sucedió en el referéndum. Pese a que se ha querido establecer un relato en el que la Generalitat era quien manejaba todos los hilos, lo cierto es que ni la misma institución de gobierno catalán tenía toda la información sobre cómo se celebraría el referéndum.

En realidad, el 1-O se organizó con ese sistema de confianza. Nadie, ni organizaciones como Omnium o la ANC, poseía toda la información y por ese motivo nunca sabremos a ciencia cierta cómo se organizó esta expresión colectiva de democracia.

Lo que sí queda claro es que, en ese intento de focalizar el coste del referéndum en unas determinadas instituciones o personas, pervive la necesidad de encontrar a un cabeza de turco. Y en esa forma de analizar un proceso de autodeterminación que en realidad fue colectivo, hay una manera de entender la política: la vieja forma de entender la política con liderazgos, pasillos y camarillas.

El referéndum en su mayoría se orquestó de abajo hacia arriba y no arriba hacia abajo.

1 octubre, 2018

Autor/Autora

Integrante del Consello d'AraInfo. @AlbertAlexan


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