El informe del Ayuntamiento de Barcelona sobre el 1-O afirma que las cargas policiales fueron ilegales

El informe del Servicio de atención a las víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre considera que las cargas policiales querían desmovilizar mediante el miedo a los votantes. Añade el informe que la violencia empleada no fue proporcionada, y en muchos casos no estaba amparada por el derecho.

Foto: Agència 1d'Octubre

El teniente alcalde de derechos de ciudadanía, participación y transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha presentado la mañana del 31 de octubre, en una rueda de prensa, el informe definitivo elaborado por el Servicio de atención a las víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre.

Esta investigación que se ha efectuado desde el 2 hasta al 20 de octubre tenía como objetivo comprender qué tipo de violencia habían ejercido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, y saber si en las cargas policiales que tuvieron lugar durante el referéndum de autodeterminación de Catalunya habían sido "proporcionales".

Junto con la directora del área psicosocial del colectivo en favor de los derechos humanos Iridia, Irene Santiago, y la directora servicios de derechos de la ciudadanía e inmigración, Aida Guillén, Asens ha mostrado unas conclusiones que nos hablan de vulneración flagrante de los derechos humanos.

Según Asens, se deriva del informe que “el día 1 de octubre asistimos al episodio de violencia masiva más grave desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo que ha vivido nuestra ciudad, y seguramente el Estado y el territorio europeo”. “Miles de personas que querían ejercer su derecho a voto, pese a hacerlo de forma pacíficamente, fueron víctimas de la violencia”, ha señalado el teniente alcalde.En el caso de Barcelona, las víctimas fueron 325 de las cuales 300 fueron atendidas.

Tras investigar los hechos, el informe ha dictaminado que la violencia tenía como objetivo desmovilizar a los partidarios del derecho a decidir. “Aunque la intervención policial tenía cobertura de una resolución judicial, hubo un uso excesivo de la fuerza”, ha considerado Asens. Ha añadido el teniente alcalde que la estrategia de la Policía nacional y la Guardia Civil pretendía, según su opinión del consistorio, crear el pánico entre la población para que la gente que se manifestó dejara de hacerlo.

Especial hincapié ha hecho Jaume Asens en el uso de material antidisturbios empleado “contra personas que no estaban creando disturbios”. El informe ratifica la utilización de armas de control de masas prohibidas por el Parlament de Catalunya, como las pelotas de goma, y demuestra que no se aplicó el operativo adecuado -y legal- para manifestaciones. El proceso estipulado consiste en avisar de la carga, apuntar al suelo, no disparar al cuerpo de las personas e ir empleando la violencia de forma gradual y progresiva. La ley ha explicado el teniente alcalde, considera que solo se puede recurrir a la violencia cuando se han agotado el resto de vías pacíficas, y debe usarse para evitar un mal mayor al que se pretende evitar.

En lo que se refiere al sufrimiento y malestar de las víctimas tras el 1-O, según ha asegurado Aida Guillén el 60% de las personas que sufrieron violencia fueron mujeres mientras que el resto fueron hombres. Además, la mayoría de personas atendidas por el Servicio de atención a las víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre tenían entre 35 y 50 años.

Irene Santiago, encargada de analizar el malestar psicológico de las víctimas, ha señalado que entre ellas se ha creado un sentimiento de desconfianza hacia los cuerpos policiales que, sumado a una falta de reconocimiento público por parte del Estado español y los medios de comunicación, ha supuesto una revictimización del dolor.

“Ha habido un proceso de desatención y negación de la violencia sufrida por las víctimas”, ha asegurado Asens. El propio servicio de atención a las víctimas ha supuesto una mejora en la salud de esas personas que por primera vez se sentían escuchadas.

Entre las afectaciones psicológicas y psicosociales, tal y como ha destacado Irene Santiago de Iridia, se han visto cuadros de ansiedad, estrés agudo, revisualización de escenas violentas, problemas para dormir y comer y sensación de hiperalerta enfrente de la policía días después de los acontecimientos.

En otras comparecencias el ayuntamiento había explicado que estudiaba la posibilidad de personarse como acusación en las diligencias que un juzgado de Barcelona ha abierto tras los hechos. Asens ha confirmado que el consistorio se personificará como acusación particular en el caso de Roger, un joven que votaba en el centro Ramón Llul y que tras el impacto de una pelota de goma perdió la visión de un ojo. El ayuntamiento, ha añadido Asens, está estudiando ser acusación en otros casos dado el “papel inactivo de complacencia” que hasta ahora ha tenido la Fiscalía “con la Guardia Civil comandad por García de los Cobos y la Policía nacional".

En resumidas cuentas y en palabras de Jaume Asens: “Creemos que el 1 de octubre se produjo una herida que sigue abierta en nuestra ciudad y que atenta contra la idea de un estado de derecho”.

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