Zoido cifra en 87 millones de euros el coste del despliegue policial por el referèndum del 1-O en Catalunya

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el despliegue policial para impedir el referéndum del 1 de octubre generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Catalunya de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, entre el 30 de setiembre y el 2 de octubre, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Foto: Miguel G. García

Según ha desvelado Zoido en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Catalunya en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades.

"A Catalunya se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de "muy importante" la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, "otro alto coste", ha dicho, "que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Catalunya".

"Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha señalado.

En su primera interverción en el Senado, Zoido ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro -a los que ha acusado de una "desobediencia clamorosa" y una "absoluta pasividad"- y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O.

Zoido dice que la actuación policial fue "proporcionada"

El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados -en Catalunya hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres- realizaron una "vigilancia permanente" sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como "las sedes de los partidos políticos amenazados".

El ministro ha avalado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada". "Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho.

Pero ese día "fue absolutamente necesario", según ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar "si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones", quizá "si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar".

También ha recordado que la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d'Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos. De hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, el mayor Josep Lluis Trapero, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos "tan graves como el de sedición".

A su juicio, el 1 de octubre el Govern de Catalunya "incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones".

Por último, ha lamentado "como el que más" las cerca de un millar de personas heridas por la actuación policial, pero ha culpado de ello a la "absoluta pasividad y nula colaboración" de los Mossos, así como a la Generalitat de Puigdemont, a quien ha censurado por "soliviantar las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones".

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