Un nuevo auto judicial obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a “convocar conforme a derecho los pliegos” del autobús urbano

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha hecho público un auto confirmando las sentencias del TS y TSJA y “obligando -al Ayuntamiento de Zaragoza- a volver a convocar nuevo proceso de licitación”, sin embargo en el mismo auto la sala da hasta el 2023 -y una vez vencido el contrato adjudicado con clausulas ilegales- para que el equipo de PP, Cs y Vox solucione sus errores de gestión

Zaragoza
Jorge Azcón. Foto: Daniel Marcos.

Este martes, el Ayuntamiento de Zaragoza enviaba una nota de prensa “urgente” en la que aplaudía la decisión de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Aragón en relación a la licitación del bus urbano. No, no aplaudía la nueva confirmación de que la licitación de 2013 y que sigue vigente es ilegal, sino que la sala ha confirmaba en un auto, que no sentencia, que puede esperarse a 2023 para hacer las cosas conforme a derecho.

Antes de seguir algo de contexto. En 2013 el Tribunal Administrativo de Contratos de Zaragoza excluyó a la cooperativa SCUT del concurso de la contrata de los autobuses urbanos por que según señalaba no cumplía con tres de las cláusulas de los pliegos del contrato. No tenía forma de sociedad dado que era una cooperativa, no demostraba solvencia técnica y tampoco solvencia económica.

Esta decisión fue recurrida y en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, anulaba la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón dado que su decisión no era conforme a derecho, es decir, era ilegal.

El caso tuvo que llegar hasta Madrid donde el Tribunal Supremo confirmó lo dictado por el TSJA el 10 de junio de 2020. Dejaba sin efecto la sentencia y otorgaba dos meses para cumplirla, es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza debía redactar unos pliegos de la contrata y abrir un nuevo concurso. Esta decisión llegó al equipo de Azcón que inmediatamente inició las maniobras jurídicas necesarias para dilatar la ejecución en favor de la empresa que cómo ha quedado patente llegó a la contrata a través de un concurso irregular.

El 28 de septiembre el Ayuntamiento de Zaragoza presentaba un Acuerdo de Gobierno que proponía esperarse ya si eso a 2023, cuando finaliza esta contrata ilegal, para redactar nuevos pliegos que no excluyan a SCUT. Y este es el documento que hoy resuelve esta sala.

Los pliegos actuales de Zaragoza son ilegales

Las triquiñuelas del Gobierno del trifachito han surtido efecto, en parte, y la explicación no es sencilla. Los magistrados se agarran a la única cláusula de las tres que fueron recurridas que el Tribunal Supremo no anuló: la acreditación de la solvencia económica de la cooperativa.

Y señalan que aunque se hubiera hecho bien, que no se hizo, SCUT no habría podido presentarse porque no demostró su solvencia económica a pesar de que no podía hacerlo en los términos de los pliegos. Un circulo infinito difícil de resolver.

“Aunque la adjudicación se hubiera efectuado con posterioridad al dictado de la Sentencia, se hubiera excluido igualmente a la ejecutante y por tanto no hay motivo alguno para anular una adjudicación que hubiera sido la misma, tras el dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo”, apuntan los magistrados.

Lo cierto es que si esta Sala se acoge a este clavo ardiendo para no hacer cumplir las dos sentencias anteriores, la parte recurrente, SCUT, también tiene otro clavo al que sujetarse. Este auto del TSJA confirma y repite que la decisión del Tribunal Supremo es firme, que se debe cumplir, en 2020 o en 2023, y que los pliegos que impidieron presentarse a esta cooperativa de conductores y conductoras no son conformes a derecho.

Ganar dos sentencias y que siga todo igual

La redacción de AraInfo se ha puesto en contacto con el presidente de la cooperativa, Julio Murillo, que ha lamentado esta decisión dado que “la sentencia del Tribunal Supremo en la que se nos volvía a dar la razón de que el Concurso para la gestión del bus en Zaragoza, de 2013, estuvo mal hecho e hizo imposible nuestra participación y la de otros en el mismo”.

El equipo jurídico de SCUT está estudiando en estos momentos el Acuerdo de la Sala del TSJA para valorar qué otras vías se pueden emprender para forzar al Gobierno de Azcón para que acate lo dictado.

“Entretanto, solo podemos decir como primera impresión, que no estamos en absoluto de acuerdo con ese acuerdo de la Sala. No entendemos que ganar sentencias en el propio TSJA y el TS nos lleve a que todo siga igual. Vamos, que hacer unos pliegos que impiden la libre competencia, no signifique nada. Del mismo modo que se hace alusión a temas que en ningún momento estos trabajadores hemos planteado”, explicaba Murillo.

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