Azcón sumerge al bus urbano de Zaragoza en el caos y la alegalidad

El equipo de gobierno de Zaragoza, PP-Cs con el apoyo de Vox, liderado por Jorge Azcón, ha sido incapaz de cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a tomar una decisión antes del 17 de septiembre, y deja al servicio de bus urbano de Zaragoza en una absoluta precariedad legal y organizativa a pesar de su condición de servicio esencial, aún más en plena pandemia del COVID-19.

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Foto: Miguel G. García (AZ)

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, anda demasiado entretenido en su carrera política por posicionarse como buen mandado ante sus jefes del PP en Madrid, y parece que entre fotocall y fotocall no ha tenido tiempo de solucionar uno de sus mayores problemas de gestión municipal: la resolución del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a ejecutar su sentencia antes del 17 de septiembre.

Tras diversas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del Tribunal Supremo español el equipo de Azcón se encuentra ante tres escenarios posibles: o se indemniza a la cooperativa, o se rescinde el contrato y se hace otro con una nueva licitación, o se pasa a una gestión pública del servicio. Pero Azcón y su equipo han optado, una vez más, por la táctica del avestruz, esconder su cabeza en el recurso de la multinacional Avnaza ante el Tribunal Constitucional esperando que escampe. De tal modo que PP y Cs dejan el servicio esencial de bus urbano en la más absoluta precariedad legal y organizativa.

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Ya la pasada semana la cooperativa SCUT explicaba que “ningún recurso, ni siquiera al Constitucional, impide la ejecución de la sentencia” y su presidente, Julio Murillo, afirmaba que “la movilidad colectiva es un servicio público esencial, nunca un negocio”.

Desde SCUT también aseguraban que la sentencia del Supremo demuestra que “la licitación estuvo mal y se nos impidió presentarnos ilegalmente, y por supuesto estamos en una situación en la que la empresa que lo está gestionando actualmente no tendría que estar. La sentencia del Tribunal Supremo es firme. No admite recurso y una vez que, el 17 de julio, el Ayuntamiento dio por recibida la sentencia, tenía dos meses para ejecutarla. Esos dos meses acaban el día 17 de septiembre. El recurso -Avanza- lo puede mandar a San Pedro si quieren, esto no impide la ejecución de la sentencia. Una sentencia de este tipo debe ejecutarse sí o sí. Y eso es lo que estamos esperando. Si bien es verdad que siempre hay argucias y triquiñuelas para intentar retardar esta cuestión. Pero, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que ningún recurso, ni siquiera al Constitucional, impide la ejecución de la sentencia”.

Podemos acusa a Azcón de cometer “fraude de ley” por no ejecutar la sentencia del Supremo que anula la concesión del bus urbano

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón “está cometiendo fraude de ley al no aplicar con inmediatez la sentencia del Tribunal Supremo que anula la concesión de la contrata del bus urbano a la empresa Avanza”, denunciaba la pasada semana el grupo municipal de Podemos. Esta formación subraya que la resolución del Supremo data del 10 de junio, por lo que el 10 de agosto debe ejecutarse, y “se debe optar ya por la municipalización del servicio, una alternativa que refrenda la sentencia, o por la repetición del concurso y la consiguiente indemnización a la cooperativa de trabajadores que resultó perjudicada por el amaño anterior”.

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“La sentencia del Supremo plantea tres escenarios y nosotros apostamos por la gestión directa en acuerdo con los trabajadores”, declaraba recientemente el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve que valoraba de forma “muy positiva” que se permita que “las cooperativas de trabajadores accedan a los contratos públicos en condiciones de igualdad con las sociedades anónimas” y sostenía que “la sentencia pone de nuevo en el debate la gestión directa de los servicios públicos”.

CHA se suma a la campaña para que Zaragoza recupere la gestión directa del servicio público del bus urbano

También desde CHA abogan por que se recupere la gestión directa del servicio, y su presidente en Zaragoza, Chuaquín Bernal, afirmaba que “nos adherimos a esta propuesta que pretende recuperar para lo público este servicio básico para la movilidad. El Ayuntamiento debe acatar la sentencia del TSJA, ratificada en junio por el Supremo, y cuyo límite de cumplimiento expira el próximo 17 de septiembre”.

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