Este próximo jueves, 17 de septiembre, expira el plazo que dio el Tribunal Supremo español para que el Ayuntamiento de Zaragoza ejecute la sentencia sobre la adjudicación del Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros y viajeras por Autobús en la capital aragonesa, en cuyo procedimiento resultó adjudicataria la empresa TUZSA en el año 2013 y que terminó en manos de la multinacional mexicana ADO (Avanza).
Por recapitular. En el año 2013, el Gobierno municipal del PSOE, con Juan Alberto Belloch al frente, sacó a concurso la contrata del transporte urbano. Finalmente, se presentaron dos licitadores: AUZSA y la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT) de bus de Zaragoza. La cooperativa quedó excluida por falta de solvencia técnica, económica y por no ser una sociedad anónima.
La SCUT, que reclama la gestión directa de este servicio, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) pero este no les dio la razón y recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En 2016, dicho tribunal falló a favor de la cooperativa. Esta sentencia del TSJA fue recurrida al Supremo por la multinacional mexicana ADO (Avanza), la actual adjudicataria del bus urbano. Sin embargo, cuatro años después, el Supremo se pronunciaba a favor de ratificar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA respecto a la anulación de diversas cláusulas del pliego de condiciones para la adjudicación de este servicio público.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmaba así la anulación de la Cláusula 10.3 del Pliego, que "requería la transformación de la Sociedad Cooperativa demandante en una Sociedad Anónima", considerando que no quedaba acreditado que dicha cooperativa "carezca de la necesaria capacidad organizativa, técnica y profesional para llevar a cabo la gestión de aquel contrato".
El Supremo también anulaba la Cláusula 13.A.b) que, exigía para acreditar la solvencia técnica "una experiencia relativa a la gestión de un contrato con igual objeto de gestión, o de transporte urbano o metropolitano de viajeros, que dé servicio a 40 millones de pasajeros y pasajeras al año o que se realicen ocho millones vehículo/kilómetros al año, como mínimo, correspondiendo dicha experiencia a un contrato que esté en vigor o que haya expirado con una antelación máxima de tres años"- Lo que en la práctica supuso que solo TUZSA podía acceder.
En este sentido, el Tribunal Supremo señalaba que "la Cláusula 13.A.b) cierra el acceso a la fase de adjudicación a licitadores que podrían acreditar la solvencia técnica necesaria para ejecutar el contrato por otros medios distintos", con la consiguiente repercusión "en la selección de los licitadores que podrían concursar".
La sentencia del Tribunal Supremo estimaba entonces en parte el recurso de Tuzsa únicamente respecto a la anulación de la Cláusula 13.A.a), que había decretado la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, relativa a la acreditación de la solvencia económica con la presentación de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores y la declaración de un volumen global medio de negocio en los tres ejercicios anteriores.
Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ya solicitó en su día a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Aragón aclaración sobre si "la sentencia implica la anulación de la adjudicación del contrato y si es necesario abrir un nuevo plazo de presentación de proposiciones en el que pueda participar otras empresas distintas a la que licitaron en su día y si debiera ser mantenido el procedimiento y el modelo de gestión o pudiera accederse a otro distinto".
Ante esta petición del Consistorio, la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió por auto, de 20 de julio de 2016, que estas cuestiones "debían resolverse en ejecución de sentencia una vez que la sentencia fuera firme". Ahora ha llegado el momento, ya que, este jueves, el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos debe resolver esta cuestión que cuenta con tres escenarios posibles: o se indemniza a la cooperativa, o se rescinde el contrato y se hace otro con una nueva licitación, o se pasa a una gestión pública del servicio.
SCUT: "Ningún recurso, ni siquiera al Constitucional, impide la ejecución de la sentencia"
Desde SCUT, su presidente, Julio Murillo, respondía este pasado lunes a preguntas de AraInfo y aseguraba que esta sentencia demuestra que "la licitación estuvo mal y se nos impidió presentarnos ilegalmente, y por supuesto estamos en una situación en la que la empresa que lo está gestionando actualmente no tendría que estar".
Respecto a la sentencia del Supremo español, Murillo confiesa que desde la cooperativa sí que la esperaban. "La que no esperábamos tanto fue la del TSJA, pero una vez que este tribunal nos dio la razón... Lo que ocurre es que muchas veces las sentencias tienen más de político que de técnico jurídico. Teniendo en cuenta además que el señor Belloch iba a entrar al TSJA empezamos a ver en aquel momento fantasmas".
Le preguntamos también al presidente de la SCUT por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por la multinacional mejicana, Avanza, contra la sentencia que anuló dos de las cláusulas del contrato del transporte de viajeros y viajeras de Zaragoza, y Murillo lo tiene claro: al Tribunal Constitucional se va a recurrir derechos fundamentales, no litigios entre particulares, "y el Ayuntamiento no se puede escudar en esto porque estaría posicionándose, claramente, a favor de la empresa".
"La sentencia del Tribunal Supremo es firme", prosigue el presidente de la SCUT. "No admite recurso y una vez que, el 17 de julio, el Ayuntamiento dio por recibida la sentencia, tenía dos meses para ejecutarla. Esos dos meses acaban el día 17 de septiembre. El recurso -Avanza- lo puede mandar a San Pedro si quieren, esto no impide la ejecución de la sentencia. Una sentencia de este tipo debe ejecutarse sí o sí. Y eso es lo que estamos esperando. Si bien es verdad que siempre hay argucias y triquiñuelas para intentar retardar esta cuestión. Pero, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que ningún recurso, ni siquiera al Constitucional, impide la ejecución de la sentencia".
"El beneficio industrial que se le asegura a una empresa mejicana (Avanza), quedaría en la ciudad de Zaragoza"
Sobre la decisión que tomará el equipo de Gobierno municipal, Murillo afirma que se puede imaginar cuál puede ser, pero, obviamente, no lo sabe con certeza. "Quiero dar estos dos o tres días de plazo al señor alcalde para que lo piense bien", añade, para incidir en que lo que desde SCUT proponen "es una mejora para la ciudad de Zaragoza". O lo que es lo mismo: la municipalización del servicio de transporte urbano. Y apunta una cuestión de suma relevancia: "El beneficio industrial que se le asegura a una empresa mejicana (Avanza), quedaría en la ciudad de Zaragoza".
En definitiva, la propuesta de la SCUT va encaminada hacia una dirección en la que "los trabajadores que van a cumplir son los mismos" que ahora llevan a cabo dicho servicio. "No queremos ser funcionarios -subraya el presidente de la cooperativa-, simplemente que se articule algún tipo de colaboración entre los trabajadores, todos, y el Ayuntamiento. Esto es lo que estamos pidiendo".
"El alcalde la ciudad ni siquiera se ha dirigido a nosotros"
Por último, Julio Murillo asevera que, pese a que el alcalde -con su equipo de Gobierno- debe tomar una decisión al respecto apurando hasta el final el plazo límite interpuesto por la sentencia, Jorge Azcón ni siquiera se ha dirigido a esta cooperativa en ningún momento.
"Lo que también estamos echando en falta es que el alcalde de la ciudad no se haya dirigido a nosotros, que somos los que iniciamos este proceso y hemos sacado a la luz los trapos sucios de esta contrata. Creemos que merecíamos, no un trato de favor, pero sí una deferencia en tanto que hemos sido nosotros los que hemos puesto los puntos sobre las íes en este tema. Queremos creer que si no lo ha hecho con nosotros tampoco lo ha hecho con Tuzsa, porque sí que nos cabrearía bastante, a nosotros y creemos que a todos los zaragozanos, que se reúna con una de las partes y no con la otra", argumenta para concluir el presidente de la SCUT, quien matiza que fue la cooperativa quien solicitó una reunión con Jorge Azcón, con el silencio por respuesta.
Concentración en las puertas del Ayuntamiento por una gestión pública del transporte urbano
Por último, este miércoles a las 19.00 horas en las puertas del Consistorio de la capital aragonesa, la cooperativa ha convocado una concentración para reclamar una gestión pública del autobús urbano, "la movilidad colectiva es un servicio público esencial, nunca un negocio".
En el acto se dara lectura a un manifiesto, las adhesiones a la propuesta y, "en caso de que el Ayuntamiento no haya acatado la sentencia", desde la cooperativa anunciarán los siguientes pasos a seguir.
Una movilización en la que será obligatorio el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad, tal y como advierten desde la organización.
