El pasado domingo 25 de octubre entró en vigor un nuevo Estado de alarma aprobado por el Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos. Este Estado de alarma tiene como objetivo, en principio, frenar la difusión del COVID-19 y evitar la saturación sanitaria.
Sin embargo, tras imponer un toque de queda nocturno, una medida de dudosa utilidad y de fuerte impacto democrático, se dejan ver los ministros y personajes de la élite política, militar y empresarial en una gran cena de 80 personas, parte de ellas incluso sin mascarillas, celebrando un acto de la empresa de comunicación “El Español”. Buen mensaje: las restricciones sólo son para la plebe.
Desde luego, ante una emergencia de salud pública como la de la pandemia actual se debe actuar de manera rápida y contundente. La cantidad de personas afectadas y las muertes que ha producido merecen medidas excepcionales. Pero, ¿son todas las medidas aprobadas las apropiadas para esta situación? Nuestra opinión es que algunas sí, pero otras claramente no.
Los confinamientos perimetrales por población o por zonas más amplias pueden ser una medida necesaria cuando hay focos localizados que podrían expandirse y causar más daño. La reducción de aforos en eventos y comercios tienen sentido, más cuando son en espacios cerrados.
Sin embargo, quedan fuera de la regulación del Estado de alarma cuestiones que son todavía más importantes para afrontar esta crisis: las medidas de refuerzo sanitario y de servicios sociales. Se ha puesto en evidencia la crítica situación del sistema sanitario y de las residencias de mayores tras años de recortes neoliberales y privatizaciones. Y han pasado ya 7 meses de pandemia para reaccionar, no se puede poner la excusa de que este virus nos ha pillado por sorpresa.
Desde el aumento de contagios durante el verano, no ha habido inversiones importantes en centros sanitarios o aumento de plantillas del sistema de salud. Los centros de atención primaria siguen cerrados, atendiendo únicamente por teléfono si tienes la suerte de que la línea no está ocupada todo el rato. Las UCIs saturadas y el número de rastreadores insuficiente. Mientras, la sanidad privada, en lugar de estar bajo control público, sigue incrementando sus beneficios a costa de nuevos seguros que adquiere la gente, conciertos y derivaciones desde la sanidad pública, y pelotazos urbanísticos como la construcción del nuevo macro-hospital de Zaragoza.
Lo mismo podemos decir de los servicios sociales, se ha dejado de lado la atención que las personas más vulnerables necesitan para sobrevivir. El caso de Zaragoza es el más alarmante, el gobierno de Azcón ha rebajado al mínimo este apartado y limitando el acceso a los servicios. Muchas familias sólo han logrado resistir gracias a la solidaridad y apoyo de las redes vecinales.
Por otro lado, ¿qué hay de las medidas de intervención en vivienda o en servicios básicos (electricidad, gas, telecomunicaciones)? Nada, ninguna de las administraciones da respuesta a las urgentes necesidades de sectores muy numerosos de la sociedad. Los desahucios se producen sin alternativa habitacional (protegiendo los intereses de los fondos buitre, bancos y grandes tenedores), los cortes de luz y gas están a la orden del día, y el estudiantado no tiene asegurado el acceso a las clases virtuales cuando no se pueden realizar de manera presencial.
Mención especial merece el mundo laboral. Tal y como estamos viendo en las medidas adoptadas para afrontar los contagios, no todos los ámbitos están siendo limitados. Los centros de trabajo y el transporte para llegar a ellos son los grandes olvidados en las restricciones. Las imágenes que vemos a diario de aglomeraciones en el transporte público, las denuncias de incumplimiento de medidas en muchos centros de trabajo y los brotes que han surgido en diferentes empresas (no es casualidad que sea en las que más precario es el empleo), dejan claro que es imposible frenar la difusión del virus sin intervenir en estos espacios. De nuevo, los beneficios económicos privados y el aumento de la riqueza de unos pocos están por encima de la salud de la población. Y decimos intereses de unos pocos porque, mientras se dificulta la supervivencia del comercio pequeño y de barrio, se siguen abriendo grandes superficies, como es el caso de la inauguración del Outlet de Pikolín el pasado fin de semana.
En este nuevo Estado de alarma aplicado hay alguna novedad estrella con respecto al de la primavera: el toque de queda nocturno. Como hemos comentado antes, esta medida aplicada por sí sola tiene dudoso sentido, pero sí muestra una clara intención de disciplinamiento de las clases populares y es una continuación del señalamiento a la juventud que vimos en los meses de verano. Tratan de poner el foco en la responsabilidad individual y de sectores concretos frente la toma de medidas en todos los ámbitos, ocultando los contagios procedentes del mundo laboral, como hemos indicado antes. Lo que nos están diciendo los poderosos y sus políticos cómplices es que para ellos sólo somos fuerza de trabajo y producción, nuestras vidas no merecen ser vividas con alegría y felicidad.
Ya vimos esta misma voluntad de control social con las de abajo con el inicio de controles policiales domiciliarios en el barrio zaragozano de Delicias este mismo verano y con el confinamiento exclusivo a barrios populares hace pocas semanas en la Comunidad de Madrid. Hay un evidente sesgo de clase a la hora de aplicar medidas, reprimiendo exclusivamente a trabajadores y trabajadoras, salvo en el momento en el que deban servir a las élites.
Esta situación de emergencia está siendo aprovechada, además, para hacer alarde de autoritarismo y armamento por parte del ejército y de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Los helicópteros sobrevolando las ciudades de madrugada y personas uniformadas con metralletas y fusiles a la entrada y salida de los municipios, no tienen otra intención que la de amedrentar a la población.
Si a la situación de crisis sanitaria y social, así como a la exhibición de fuerza y armamento, le sumamos las continuas campañas de miedo y mentiras lanzadas desde los medios de comunicación hegemónicos (deberían llamarse empresas de difusión interesada), tenemos el cóctel perfecto para que la población asuma como necesarias las medidas represoras contra las clases populares. Y, derivado de esto, el aumento alarmante de cuadros de ansiedad, estrés y depresiones que están afectando a importantes capas de la sociedad, sin que los necesarios tratamientos vayan a llegar a tiempo ni estar cubiertos por los servicios públicos.
Vivimos, pues, una situación compleja con difícil solución a corto plazo o con medidas sencillas. El virus se difunde con el contacto físico y hay que tomar decisiones ante ello sin que se quebranten derechos fundamentales y sin cortar de manera grave los lazos sociales entre las personas. Por ello, si llegan momentos de máxima emergencia habrá que paralizar la gran mayoría de actividades, por supuesto también la laboral que no sea esencial.
Pero lo que es urgente es reforzar la capacidad del sistema sanitario (inversión pública en plantillas, camas UCI, rastreadores y control de la privada), aumentar de la dotación de los servicios sociales, asegurar vivienda salubre para las personas en situación de vulnerabilidad, así como crear una Renta Básica de Emergencia que garantice la no exclusión social.
Es evidente que todas estas medidas requieren también importantes ingresos, por ello es fundamental recaudar de los que más tienen. Que esta crisis la paguen los ricos y no la clase trabajadora como ocurrió en la de hace una década. Ha de ponerse en marcha de manera urgente una tasa COVID europea e incrementar y recuperar impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios.
Frente al punitivismo armado y el disciplinamiento social, organización popular, servicios públicos de calidad y redistribución de la riqueza.