El sinsentido económico, ambiental, social y territorial de las obras del pantano de Mularroya sigue su embrollo judicial, tras forzar y retorcer el proceso judicial por parte de las partidarias de su finalización -los lobbies de regantes y empresas constructoras, y la CHE, con el apoyo de las administraciones públicas gobernadas por el PSOE-.
Aunque los tribunales del estado español ya habían paralizado las obras en dos ocasiones sentenciando la nulidad del proyecto por incumplir la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea -de obligado cumplimiento-, el hormigón no ha dejado de fluir sobre los paisajes de los ríos Jalón y Grío durante todos estos años.
El Tribunal Supremo -TS- niega ahora la degradación ambiental producida por las obras del embalse, asumiendo el recurso presentado contra la última -por ahora- sentencia de nulidad recurrida por la Asociación de Regantes del río Jalón, las empresas constructoras -Sacyr y Acciona- y la Abogacía del Estado español, y devuelve a la Audiencia Nacional -AN-, que ya declaró la nulidad de las obras, la decisión sobre su paralización -o desmantelamiento en su caso- definitiva de estas obras.
Así, el TS ordena ahora devolver las actuaciones judiciales a la AN para que examine el resto de motivos de impugnación, y asegura que “pretender que el Plan Hidrológico de cuenca atienda de antemano todos los requisitos del artículo 4 de la Directiva Marco, además de ser materialmente imposible, bloquearía la actuación de la Administración Hidráulica”, por lo que más que ‘dar la razón jurídica’ a los lobbies recurrentes, explicita la incapacidad de las administraciones públicas aragonesas y españolas para cumplir las leyes europeas.
Mientras los partidarios de esta obra continúan retorciendo la ley para adaptarla a sus objetivos, los destrozos ambientales y el conflicto social se agudiza, y las constructoras aseguran que los obras del pantano ya están ejecutadas al 70%, y que pretenden finalizarlas independientemente del recorrido judicial en el que están inmersas. Pero las constructoras no están solas para poder seguir incumpliendo la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, pues cuentan con el apoyo del PSOE -aragonés y español-, que ha incluido otros 13 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del 2023 para seguir hormigonando estos frágiles ríos aragoneses.
