La DGA se compromete con el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza para "trabajar de forma conjunta" en la búsqueda de soluciones

El Sindicato de Inquilinas trasladó su preocupación por la manera en que se tienen que tramitar las ayudas al alquiler a causa del COVID-19, por los propios requisitos que se exigen y por el método de concesión. Además, pusieron sobre la mesa la situación de los desahucios invisibles.

Inquilinas Santisteve
Acción en Zaragoza el pasado mes de junio para denunciar el inicio de la actividad judicial sin moratoria de desahucios. Foto: @PlandeChoqueSo1

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza, mantuvo una reunión en el Pignatelli el pasado jueves 9 de julio con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón y dos personas de su equipo.

Desde el Sindicato se reclamó esta reunión para tratar las ayudas al alquiler originadas por el COVID-19, pero también para poner encima de la mesa la “inacción” de la Consejería de Vivienda durante los cinco años que lleva en manos de CHA, en relación a diferentes cuestiones claves que afectan al alquiler.

El Sindicato de Inquilinas trasladó su preocupación por la manera en que se tienen que tramitar las ayudas al alquiler a causa del COVID-19, pues suponen una gran brecha digital para mucha gente que por edad o conocimientos se ve en la práctica fuera de dichas ayudas. Asimismo, el colectivo considera que los propios requisitos no atienden situaciones que eran acuciantes ya antes del propio estado de alarma, como quien estaba en desempleo en ese momento y ha estado tres meses sin poder encontrar un trabajo. “Consideramos que es un ‘sálvese quien pueda’, pues la concesión es por orden de entrada, sin establecer una mínima baremación para conceder la ayuda a quien más la pueda necesitar”, explican desde el colectivo.

Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas no quiso dejar de poner encima la mesa la situación de muchas inquilinas e inquilinos antes y después de la pandemia. “La dejación del Gobierno de Aragón de sus funciones legales es total en relación a multitud de casos de arrendatarios que van a perder su vivienda sin una alternativa habitacional”, explican. Existe actualmente normativa, y en especial la Ley 10/2016 de Aragón, que “se queda en simples palabras” si no se aplica lo que en ella pone. Esta es una de las principales reivindicaciones de los colectivos antidesahucios, de hecho, la pasada semana la misma Verónica Villagrasa, Directora General de Vivienda, escuchó la misma reclamación de parte de Esperanza y Husein que perdieron su vivienda el mismo día de la reunión.

El Sindicato de Inquilinas asegura que “tiene la sensación” de que la Consejería de Vivienda no es “consciente” de la problemática real que se vive, no atendiendo por ejemplo las situaciones de desahucios invisibles, que son aquellos en los que se acaba el contrato de alquiler y el propietario no quiere renovar o impone una subida abusiva del precio, quedando los y las inquilinas en la calle y sin amparo legal.

De igual forma, no se ha avanzado nada en desarrollar las normas de creación de una mayor bolsa de vivienda pública, ni en tener un registro eficaz y operativo de vivienda vacía para ello, ni en desarrollar en definitiva una política clara y ambiciosa de vivienda, y mucho menos con perspectiva de género. “Creemos que ha habido una ausencia total de voluntad política para todo ello desde la Consejería ostentada por CHA, ya desde el anterior Gobierno de coalición aragonés”, denuncian desde el colectivo que asegura que la nueva Directora General, trasladó su intención de revertir esto.

Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación han asegurado a AraInfo que se trasladó “la disposición de trabajar de forma conjunta en la búsqueda de soluciones las cuales, además, deben de estar adaptadas a la realidad de Aragón”.

En este sentido, advierten de que “la determinación de cuestiones como la ‘vulnerabilidad’ para el acceso a las ayudas al alquiler COVID19 vienen marcadas por el Gobierno de España”.

El objetivo del Gobierno de Aragón, según la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, es “contar con más viviendas para alquiler social a través de la obligación de incorporación de viviendas procedentes de desahucios de las entidades bancarias y se está trabajando en desarrollar reglamentariamente esta cuestión”.

Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se considera que el acceso a la vivienda es “fundamental pero que, además, hay que tener una mirada global a la hora de intervenir de manera integral para favorecer una salida en los casos de vulnerabilidad por lo que es necesario trabajar de forma coordinada con el resto de los servicios públicos”.

Por su parte, desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza han concluido su comunicado a la espera de que “no sean solo bonitas palabras, pues el tiempo de legislatura que queda es corto, y la acción del Sindicato de Inquilinas no va a dejar de denunciar cada vez con más intensidad la actual situación”.

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