La retirada de la asignación semanal únicamente a menores migrantes tutelados continúa ampliando el frente judicial, institucional y profesional contra el Gobierno de Aragón. Las fiscalías especializadas de Menores y de Delitos de Odio han abierto expedientes gubernativos para recabar información sobre la decisión impulsada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, según ha adelantado la Cadena SER.
Las actuaciones llegan apenas unos días después de que el Ministerio de Juventud e Infancia trasladara el caso a la Fiscalía al considerar que la medida podría vulnerar derechos fundamentales, discriminar por razón de origen e incluso derivar en un posible delito de odio. Posteriormente, Chunta Aragonesista presentó también una denuncia al apreciar posibles delitos de prevaricación y odio y solicitar la anulación de la instrucción dictada por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
La propia fiscal de Menores, Teresa Gisbert, ha sido tajante al valorar la decisión del Ejecutivo aragonés. En declaraciones a Radio Zaragoza - Cadena SER ha afirmado que retirar esta asignación únicamente a menores migrantes tutelados “es una discriminación”, al recordar que todos los menores bajo tutela de la Administración deben recibir el mismo trato con independencia de su nacionalidad.
Además, según publica la periodista Candela Canales en elDiario.es, el Gobierno de Aragón ha limitado finalmente la aplicación de la medida a tres centros de protección de menores, después de la creciente respuesta judicial e institucional que ha suscitado esta decisión. En concreto, a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera, en los que únicamente residen menores extranjeros.
Fernando Beltrán: “Lo que está en cuestión es el Gobierno de Aragón”
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado de “sumamente grave” la apertura de actuaciones por parte de las fiscalías especializadas de Menores y de Delitos de Odio para recabar información sobre la decisión del Ejecutivo aragonés.
A su juicio, el asunto trasciende ya la actuación del vicepresidente Alejandro Nolasco y afecta al conjunto del Gobierno de Aragón. “Lo que está poniéndose en cuestión es al Gobierno de Aragón. El presidente del Gobierno de Aragón es el responsable último de todas las actuaciones que realiza cualquiera de sus consejeros o cualquiera de los miembros del Gobierno”, ha afirmado.
Beltrán ha lamentado además que el Ejecutivo de Jorge Azcón continúe respaldando la medida. En este sentido, ha recordado que la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, evitó desautorizar a Nolasco y se limitó a afirmar que el Ejecutivo respaldará las decisiones de cada consejería “siempre que se ajusten a la legalidad”.
El delegado ha insistido en que el fondo del asunto es una discriminación por razón de origen. “Es una discriminación por motivo de país de origen, por motivo del color de la piel, para entendernos”, ha señalado, recordando que la Constitución garantiza la igualdad de todas las personas y que la Administración autonómica tiene la obligación de proteger por igual a todos los menores que tutela.
Asimismo, ha defendido el carácter educativo de la asignación semanal. “Disponer de dinero de bolsillo no es un elemento caprichoso; es una herramienta para aprender a gestionar la propia economía y preparar la vida adulta, igual que hacen muchas familias con sus hijos e hijas”, ha explicado.
A juicio de Beltrán, el hecho de que intervengan simultáneamente la Fiscalía de Menores y la Fiscalía especializada en Delitos de Odio refleja la extraordinaria gravedad institucional alcanzada por una decisión que continúa situando al Gobierno de Aragón en el centro de un creciente rechazo judicial, institucional y social.
Educadores sociales desmontan el relato de las “propinas”
La respuesta a la decisión del Gobierno de Aragón no se limita ya al ámbito político o institucional. El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) ha expresado también su “preocupación” por la supresión de las asignaciones económicas destinadas a menores migrantes acogidos en centros de protección y ha desmontado el principal argumento utilizado por el Ejecutivo de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco para justificar la medida.
En un comunicado remitido a AraInfo, el colectivo profesional rechaza la denominación de “propinas” utilizada por el Gobierno de Aragón y recuerda que estas cantidades “no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio”. Su finalidad, subraya, es “eminentemente educativa” y forma parte de una intervención socioeducativa planificada para favorecer la adquisición de competencias básicas para la vida autónoma, la gestión responsable de los recursos económicos, la toma de decisiones y la participación activa en la sociedad.
“El trabajo que desarrollamos en los centros de protección está basado en el acompañamiento, la capacitación y la promoción de la autonomía personal”, señala el comunicado. A juicio del CEES Aragón, reducir estas herramientas “a una visión exclusivamente económica o asistencialista supone desconocer el trabajo técnico y educativo que se realiza diariamente en los recursos residenciales”.
Las y los educadores sociales recuerdan además que la gestión de pequeñas cantidades de dinero, siempre acompañada y supervisada por profesionales, constituye una herramienta pedagógica “contrastada” que permite trabajar la responsabilidad, la planificación, el esfuerzo, el autocontrol y la participación comunitaria. Su eliminación, advierten, dificulta la consecución de objetivos educativos fundamentales y limita los recursos con los que cuentan los equipos profesionales para desarrollar su labor.
El Colegio Profesional considera igualmente “preocupante” que una decisión de estas características se haya adoptado sin atender a los criterios técnicos de quienes trabajan diariamente con la infancia y la adolescencia tuteladas. En este sentido, reclama que las políticas públicas dirigidas a estos niños, niñas y adolescentes estén fundamentadas en criterios educativos, profesionales y de protección de derechos, “alejados de planteamientos simplificadores que pueden comprometer los procesos de integración y emancipación de las personas jóvenes”.
Por ello, CEES Aragón insta al Gobierno de Aragón a reconsiderar la medida, abrir espacios de diálogo con las y los profesionales del sector y garantizar que las actuaciones dirigidas a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad continúen respondiendo a principios educativos, de inclusión social y de respeto a los derechos de los menores. El comunicado concluye con una reivindicación que resume la posición del colectivo: “La Educación Social no es asistencialismo. Educar es acompañar”.
La presión institucional sigue creciendo
La actuación de las fiscalías especializadas se suma a la apertura, esta misma semana, de un expediente de oficio por parte de la Chusticia d'Aragón para recabar información sobre el fundamento y el alcance de la medida adoptada por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con la retirada de la asignación semanal y Amnistía Internacional ha reclamado por carta al presidente Jorge Azcón que revoque una decisión que considera contraria a los derechos de la infancia y una “clara violación de derechos humanos, de la Constitución Española y de varias leyes estatales y autonómicas”.
Asimismo, la Plataforma Acción contra el Odio (ACO) ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra esta medida. “No podemos permanecer en silencio ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón de los acuerdos firmados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en materia de gestión de acogida”, remarcan en el texto de una campaña que este viernes suma más de 16.000 apoyos.
En los últimos días, el Ministerio de Juventud e Infancia, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el PSOE también han reclamado la retirada de una medida que consideran racista y discriminatoria contra menores tutelados por razón de origen y han exigido responsabilidades políticas al presidente del Gobierno de Aragón por mantener el respaldo a la decisión impulsada por Alejandro Nolasco.
Frente a este creciente rechazo judicial, institucional, profesional y social, el Ejecutivo de Jorge Azcón no ha rectificado. Preguntada por este asunto, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, evitó valorar el fondo de la medida y se limitó a afirmar que el Ejecutivo respaldará las decisiones de cada consejería “siempre que se ajusten a la legalidad”.
