La Chusticia d'Aragón ha acordado abrir un expediente de oficio al Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox) tras las informaciones publicadas sobre la retirada de la asignación económica semanal que percibían menores migrantes tutelados por Aragón.
La institución, dirigida por Concepción Gimeno, ha solicitado información al Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, encabezado por el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), para conocer el fundamento y el ámbito de aplicación de la medida.
Según explica en una nota de prensa, la decisión se adopta en el ejercicio de sus competencias en materia de protección de la infancia y la adolescencia y tiene como objetivo recabar toda la información necesaria sobre esta actuación administrativa.
El caso ya había llegado a la Fiscalía
La apertura del expediente se produce apenas un día después de que el Ministerio de Juventud e Infancia y Chunta Aragonesista llevaran el caso ante la Fiscalía.
El Ministerio, dirigido por Sira Rego, considera que retirar la asignación únicamente a menores migrantes tutelados puede vulnerar derechos fundamentales, discriminar por razón de origen e incluso constituir un posible delito de odio.
Por su parte, CHA denunció posibles delitos de prevaricación y odio y solicitó la suspensión de la instrucción impulsada por Alejandro Nolasco.
Rechazo político a la medida
La decisión también ha provocado una amplia respuesta política en Aragón. Izquierda Unida exigió al presidente Jorge Azcón que retire una medida que calificó de “racista”, “inconstitucional” y contraria al interés superior del menor. Su coordinadora, Marta Abengochea, acusó a Vox de utilizar las instituciones para “alimentar el odio” y reclamó al presidente aragonés que deje de amparar este tipo de decisiones.
El PSOE reclamó igualmente a Azcón que aclare si comparte la actuación de su vicepresidente o piensa desautorizarla. Además, anunció que solicitaría la intervención de la Chusticia d'Aragón, una actuación que la institución ha decidido iniciar finalmente de oficio.
Preguntada por este conflicto, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, evitó valorar el fondo de la decisión y se limitó a afirmar que el Ejecutivo respaldará las decisiones de cada consejería “siempre que se ajusten a la legalidad”.
Racismo institucional
Este nuevo episodio de la deriva racista del Gobierno de Aragón comenzó cuando el Ejecutivo anunció la retirada de la asignación semanal de 17 euros únicamente a menores migrantes tutelados, manteniéndola para quienes tienen nacionalidad española.
El Ejecutivo justificó esta decisión por un supuesto ahorro anual de 180.000 euros y la vinculó a la financiación de hasta siete nuevas plazas residenciales para personas mayores, un argumento rechazado por el Ministerio de Juventud e Infancia, CHA, IU y PSOE, que consideran que enfrenta a colectivos vulnerables y consolida una política discriminatoria contra la infancia migrante.
