El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, vuelve a situarse en el centro de la polémica por una medida discriminatoria contra la infancia migrante. La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por el dirigente de la ultraderecha, ha ordenado retirar la asignación semanal de 17 euros que percibían los niños, niñas y adolescentes extranjeros tutelados, mientras la mantiene para quienes tienen nacionalidad española.
La diferencia de trato establecida por la instrucción ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, y a Chunta Aragonesista a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Ambas iniciativas señalan posibles vulneraciones del principio constitucional de igualdad y del interés superior del menor. CHA plantea además la posible existencia de delitos de prevaricación y odio y solicita la suspensión cautelar y la anulación de la instrucción.
La decisión del Ejecutivo PP - Vox, liderado por Jorge Azcón, afecta a menores bajo la tutela de la misma administración y que viven en los mismos recursos de protección. La única diferencia empleada para retirarles la asignación es su origen o nacionalidad.
El Gobierno de Aragón convierte 17 euros en propaganda racista
El propio Gobierno de Aragón difundió la medida este lunes mediante una nota oficial cargada de expresiones estigmatizadoras. En ella utiliza reiteradamente el acrónimo “menas” para referirse a niños y adolescentes migrantes no acompañados, denomina “propinas” a la asignación destinada a sus gastos cotidianos y presenta su acogida como una obligación que Aragón soporta “forzosamente” por “imposición del Gobierno central”.
No se trata únicamente del lenguaje empleado. El Ejecutivo aragonés ocultó en su mensaje público un dato esencial: la asignación se retira exclusivamente a los menores extranjeros, mientras continúa abonándose a los menores españoles tutelados por la misma administración.
Según la versión difundida por el Gobierno de Aragón, las asignaciones se abonaban semanalmente, con una cuantía fija de 17 euros, y suponían un gasto anual de 180.000 euros. La Consejería sostiene que fueron detectadas durante unas “auditorías internas de gastos” y que carecían de “soporte reglado”.
La instrucción fue impulsada por Nolasco y articulada de forma coordinada por el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero.
Nolasco ha tratado de justificar el recorte asegurando que los 180.000 euros equivalen al coste de “hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”. De este modo, con su habitual demagogia, Vox vuelve a enfrentar deliberadamente a dos colectivos vulnerables: menores bajo tutela pública y personas mayores que necesitan una plaza residencial.
La comparación fue amplificada desde la propia cuenta oficial del Gobierno de Aragón, que presentó la supresión de los 17 euros semanales como un supuesto ahorro destinado a financiar atención residencial. Sin embargo, el Ejecutivo no ha anunciado la creación efectiva de esas siete plazas ni ha detallado que los 180.000 euros vayan a destinarse a ese fin.
Sira Rego denuncia una discriminación por nacimiento y origen
El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que investigue la decisión del Gobierno de Jorge Azcón. El departamento dirigido por Sira Rego considera que establecer una diferencia entre menores tutelados según su origen puede constituir una discriminación contraria a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años”, ha afirmado Rego. La ministra ha calificado la medida de “racista” y “miserable” y ha acusado al Gobierno aragonés de criminalizar a menores por no haber nacido en el Estado español.
“Busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”, ha advertido.
Rego ha responsabilizado también al PP por permitir que la agenda de Vox se convierta en política pública. A su juicio, la decisión constituye “la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox” y tiene como objetivo “crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma”.
En su escrito, el Ministerio señala que los hechos podrían vulnerar derechos fundamentales, constituir una discriminación por razón de nacimiento, raza o circunstancias personales e incluso ser compatibles con un posible delito de odio.
El oficio recuerda que el artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón de nacimiento o raza, mientras que el artículo 39 obliga a los poderes públicos a garantizar la protección de la infancia.
Las administraciones que asumen la tutela de menores en situación de desamparo deben cubrir sus necesidades cotidianas y promover su integración normalizada sin discriminación. Además, estas asignaciones contribuyen a desarrollar la autonomía personal, el proceso madurativo y la transición hacia la vida adulta de las y los adolescentes tutelados.
“Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo”, ha concluido Rego.
IU: “No pasa una semana sin una nueva racistada de Nolasco”
Izquierda Unida Aragón ha respaldado la actuación del Ministerio y ha exigido al presidente aragonés, Jorge Azcón, que paralice una medida que considera “racista, inconstitucional, contraria al interés superior del menor y un nuevo ejemplo de la utilización de las instituciones para sembrar odio y división”.
La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha denunciado este martes en las Cortes que “ya no sabemos qué decir ante la absoluta miseria moral de Vox”.
“No pasa una semana sin una nueva racistada del señor Nolasco, sin un nuevo intento de utilizar la institución para alimentar titulares y construir un relato basado en el odio. No trabaja para mejorar la vida de la gente; trabaja para enfrentar a la sociedad aragonesa”, ha afirmado.
Abengochea ya había denunciado este lunes que la retirada de la asignación se sitúa “totalmente al margen de la Constitución y del principio de igualdad”. A su juicio, Nolasco busca protagonismo mediático mediante “la cultura del odio, el racismo y la violencia institucional”.
“Ahora les quiere quitar el dinero de bolsillo a los menores extranjeros para seguir siendo protagonista de titulares, porque a trabajar todavía no se ha puesto”, señaló.
IU recuerda que esta pequeña asignación permite a menores que viven bajo tutela institucional llevar una vida algo más normalizada y avanzar en sus procesos de integración, autonomía y transición a la vida adulta.
“Estamos hablando de niños y niñas que han llegado hasta aquí huyendo de situaciones de extrema vulnerabilidad, violencia y pobreza. Retirarles esa pequeña asignación no mejora absolutamente nada. No favorece la convivencia, no mejora la integración y no contribuye a construir una sociedad más segura. Solo sirve para estigmatizar y castigar”, ha recalcado Abengochea.
Marta Abengochea: “No les importan ni los menores ni las residencias”
La responsable de IU ha rechazado especialmente la utilización de las personas mayores para justificar una medida dirigida exclusivamente contra menores migrantes.
“Lo más miserable de todo es enfrentar deliberadamente a unos colectivos vulnerables contra otros. Nos quieren hacer creer que quitar derechos a menores migrantes servirá para cuidar mejor a las personas mayores. Es una manipulación profundamente inmoral”, ha denunciado.
Abengochea ha recordado que el Gobierno de Aragón ha recibido alrededor de dos millones de euros durante esta legislatura para atender a menores migrantes. También ha acusado a Vox de utilizar argumentos económicos en Aragón mientras vota en el Congreso contra medidas destinadas a reforzar el Estado del bienestar.
La ultraderecha votó contra mejoras legislativas en materia de dependencia y discapacidad y rechazó el incremento de la financiación estatal para la dependencia, con el que está previsto que el Estado alcance en 2027 el 50% de la financiación del sistema.
“No pueden dar lecciones quienes votan contra las residencias, contra la dependencia y contra las pensiones”, ha afirmado Abengochea. “No les preocupan las personas mayores, ni la dependencia, ni la discapacidad”.
IU exige a Azcón que deje de esconderse detrás de Vox
Izquierda Unida también ha dirigido sus críticas al presidente del Gobierno de Aragón. La formación considera “inaceptable” que Jorge Azcón trate de desvincularse de una decisión adoptada desde una de las vicepresidencias de su Ejecutivo.
“¿Dónde está el señor Azcón? No puede esconderse detrás de un departamento cuando fue él quien decidió colocar al señor Nolasco al frente de esta consejería”, ha señalado Abengochea.
IU exige al presidente que aclare si comparte una instrucción que rompe el principio de igualdad, criminaliza a menores por su origen y coloca al Gobierno de Aragón fuera de los valores constitucionales que dice defender.
“La ciudadanía merece saber si el presidente avala esta deriva o si piensa frenarla. Durante toda la legislatura nos hablaron de legalidad y de respeto institucional. Pues bien, hoy nos encontramos ante una medida que el propio Ministerio considera contraria a derechos fundamentales y que ya ha sido trasladada a la Fiscalía”, ha concluido.
Preguntada este martes por la decisión anunciada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, evitó valorar el fondo de la medida. Se limitó a señalar que el Ejecutivo respaldará las decisiones que adopte cada departamento "siempre que se ajusten a la legalidad", sin pronunciarse sobre las críticas por discriminación ni sobre las actuaciones abiertas ante la Fiscalía.
CHA denuncia posibles delitos de prevaricación y odio
Chunta Aragonesista también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Su presidente, Jorge Pueyo, considera que la instrucción puede constituir un delito de prevaricación y otro de odio al retirar de forma consciente y discriminatoria la asignación únicamente a los menores extranjeros.
“Nolasco ha decidido negligentemente retirar la asignación económica de 17 euros semanales, pero solo a los menores extranjeros. Y es que, si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros? Por racismo y xenofobia”, ha afirmado Pueyo.
CHA recuerda que, cuando Aragón asume la tutela de un menor, contrae la obligación de protegerlo, acompañarlo y proporcionarle recursos para desarrollar su autonomía.
“Bajo la tutela del Gobierno de Aragón no debería haber menores de primera y menores de segunda”, ha subrayado.
La formación aragonesista sostiene que la instrucción vulnera la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación aragonesa. Pueyo ha puesto el foco en que la discriminación no es accidental: el propio documento establece que los menores españoles tutelados continuarán recibiendo la asignación.
Respecto al posible delito de prevaricación, CHA cita el artículo 404 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o al funcionariado público que dicta, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Sobre el posible delito de odio, Pueyo sostiene que el Gobierno está promoviendo el señalamiento público de un colectivo especialmente vulnerable y privándolo de unos recursos económicos mínimos exclusivamente por su origen.
El dirigente aragonesista considera que la denominación de estas ayudas como “propinas”, su vinculación con plazas para personas mayores y los continuos mensajes del Ejecutivo contra la infancia migrante contribuyen a fomentar “un clima de hostilidad y rechazo social hacia los menores”.
CHA invoca también jurisprudencia del Tribunal Supremo y la sentencia 47/2023, que establece que las decisiones que afectan a personas extranjeras deben adoptarse de manera individualizada y no pueden basarse únicamente en su situación administrativa, color o raza.
“La instrucción aragonesa, al ser de carácter general y sistemático contra un grupo específico, vulnera este principio de individualización y utiliza la Administración para ejecutar un sesgo ideológico discriminatorio”, ha denunciado Pueyo.
La formación solicita la apertura de diligencias para determinar la responsabilidad penal de quienes firmaron la instrucción y de los responsables políticos que la ordenaron. También reclama su anulación y la adopción de medidas cautelares para suspender su aplicación mientras se investigan los hechos.
Jorge Pueyo: “Recortan 17 euros a unos chavales mientras perdonan millones a las grandes empresas”
Pueyo también ha desmontado el argumento de Nolasco sobre el supuesto ahorro y las plazas residenciales. Ha recordado que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó la concertación del Bachillerato impulsada por el Ejecutivo y que, pese al dinero ahorrado, el Gobierno no anunció nuevas plazas residenciales, comedores escolares presenciales ni medidas para climatizar los colegios.
“El mismo Gobierno de Aragón que perdona cientos de millones en impuestos poniendo la alfombra azul a las grandes empresas y centros de datos, y que riega de millones de euros a pseudomedios afines para que le hagan propaganda, ahora se dedica a recortarles 17 euros a la semana a unos chavales”, ha censurado.
El presidente de CHA ha comparado además el coste de la asignación con el alojamiento oficial del vicepresidente en Zaragoza.
“¿Se acuerdan del pisito de soltero que pagábamos entre todos y todas a Alejandro Nolasco en Zaragoza? Pues es lo que cuesta esta asignación económica para 12 niños y niñas. Es cuestión de prioridades”, ha concluido.
El PSOE pide amparo a la Chusticia d'Aragón y exige a Azcón que dé la cara
El PSOE también ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno de Aragón por una decisión que atribuye directamente a la agenda de Vox dentro del Ejecutivo de coalición. La diputada socialista Mónica Iglesias ha anunciado que solicitarán la intervención de la Chusticia d'Aragón, Concepción Gimeno, en relación con la retirada de las ayudas a menores migrantes.
Iglesias ha emplazado a Jorge Azcón a aclarar si comparte una medida que considera discriminatoria o si piensa desautorizar a su vicepresidente. "Tiene que decidir si gobierna él o si deja que Vox siga gobernando por él", ha afirmado.
La parlamentaria ha criticado que el presidente "escurra el bulto" mientras permite que Vox marque la agenda del Gobierno y ha denunciado que se utilice a niños y adolescentes tutelados "para alimentar un discurso de confrontación" que fomenta "el rechazo y el odio".
Además, el PSOE ha cuestionado la gestión del IASS al asegurar que, tras el anuncio de Nolasco, se pidió a las entidades recopilar con urgencia información económica únicamente de los menores extranjeros y, posteriormente, identificar qué organizaciones habían criticado la medida.
Nueva restricción en las ayudas por residencia legal
La polémica coincide además con un nuevo anuncio del vicepresidente Alejandro Nolasco. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes las bases reguladoras de las subvenciones por partos o adopciones múltiples, que incorporan como novedad el requisito de residencia legal para acceder a estas ayudas. Además, las personas beneficiarias deberán acreditar al menos cinco años de residencia en cualquier municipio aragonés antes de presentar la solicitud.
Nolasco ha defendido este cambio asegurando que "la gran novedad" de la nueva regulación es precisamente la introducción de ese requisito.
Una ofensiva continuada contra la población migrante
La retirada de la asignación semanal a menores migrantes no constituye un episodio aislado. Forma parte de una sucesión de decisiones, mensajes institucionales y bulos contra la población migrante impulsados por Vox desde el Gobierno de Aragón, en su mal llamada “prioridad nacional” y asumidos o tolerados por el PP de Jorge Azcón.
A comienzos de julio, Izquierda Unida ya denunció los “bulos y el discurso de odio” utilizados por Nolasco para justificar restricciones en la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital. La formación acusó al vicepresidente de enfrentar “al último contra el penúltimo” y reclamó ampliar su cobertura para facilitar el acceso a quienes la necesitan, no restringir derechos ni discriminar.
Los datos oficiales también han desmontado el relato de “saturación” empleado por PP y Vox contra la acogida de menores migrantes. Aragón ocupaba únicamente alrededor del 50% de su capacidad disponible, pese a que el Ejecutivo aragonés presentaba la llegada de menores como una situación insostenible.
A ello se suman los reveses judiciales sufridos por la DGA y las denuncias de CHA contra una política que convierte “la pobreza en sospecha y la migración en amenaza”.
Nolasco también anunció la contratación de seguridad privada en centros de menores tutelados y aseguró que se había “trasladado y distribuido a los agresores a otros centros”. IU respondió entonces que la seguridad privada no resolvería el colapso de una red deteriorada por la falta de recursos, personal especializado y condiciones laborales dignas.
El patrón vuelve a repetirse: ante problemas estructurales en los servicios públicos, Vox responde señalando a la infancia más vulnerable, convirtiendo su origen en sospecha y fabricando enemigos internos. El PP de Azcón, lejos de frenar esa deriva, mantiene a Nolasco al frente de las políticas sociales y permite que el racismo institucional se traduzca en instrucciones administrativas, recortes selectivos y propaganda difundida desde los canales oficiales del Gobierno de Aragón.
