El Reino de Marruecos vulnera habitualmente los parámetros internacionales mínimos sobre condiciones de vida en prisión. Es costumbre del régimen alauita someter a las personas encarceladas a graves violaciones de los derechos humanos. Y en el caso de la población saharaui estas violaciones de derechos humanos son la norma habitual y constante. Todo ello, a pesar de los numerosos informes de prestigiosas organizaciones y asociaciones internacionales de Derechos Humanos, de la declaraciones institucionales de diferentes Parlamentos – como es el caso de las Cortes de Aragón-, o de resoluciones de observadoras internacionales que exigen “poner término a estas malas prácticas”.
La relación popular e institucional de Aragón con el Sahara tiene un largo recorrido temporal. Sirvan como ejemplo, la Ponencia Paz para el Pueblo Saharaui, que inició su andadura en la institución donde reside la soberanía del Pueblo aragonés en su III Legislatura, concretamente en el año 1996, convirtiendo a las Cortes de Aragón en el primer parlamento ‘territorial’ que ponía en marcha un foro de estas características. Bien conocido por aragoneses y aragonesas es el proyecto Vacaciones en Paz, que coordinado por la DPZ, posibilita que menores saharauis pasen el verano en Aragón. También destacable es la colaboración entre Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza para facilitar que jóvenes saharauis cursen sus estudios en la Universidad de Zaragoza alojándose en la residencia Ramón Pignatelli. O en un plano más social, las numerosas muestras de solidaridad organizadas por colectivos como Um Draiga Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón.
Pero a pesar de estos esfuerzos, institucionales y sociales, la situación de la comunidad de presas y presos políticos saharauis encarcelados por Marruecos por el simple hecho de reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, no mejora, y en la actualidad la pandemia por COVID-19 no hace sino empeorar la situación.
En este contexto, desde el CODESA -Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos- han tenido, una vez más, que dirigirse a las más altas instituciones internacionales solicitando ‘mediación humanitaria’. Así, han enviado una petición formal a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “sobre un asunto de cariz humanitario relacionado con el tema de la detención política en el Sáhara Occidental, un territorio bajo mandato de las Naciones Unidas, en el que tiene desplegado la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum (MINURSO) desde 1991, inmediatamente después de la firma del cese al fuego entre las partes en conflicto, a saber, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, como paso previo para la implementación del proceso de paz onusiano-africano, que garantiza el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.
“No hay duda de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, tiene entre sus cometidos la implementación y hacer respetar los parámetros internacionales de los derechos humanos sobre el terreno por parte de todos estados, además de promoverlas y protegerlas para todos, ha podido visitar el Sáhara Occidental en 2006 y en 2013, donde pudo recoger in situ numerosos testimonios vivos sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado marroquí contra civiles saharauis. Estas violaciones continúan en ausencia total de un mecanismo internacional que supervise e informe de forma periódica sobre la situación de los derechos humanos en este territorio ilegalmente ocupado por el Reino de Marruecos durante más de cuatro décadas”, le recuerdan desde CODESA a Bachelet.
Continúan en su misiva explicando que “en este contexto, es clamoroso el déficit de imparcialidad de los tribunales civiles y militares marroquíes que deja suficientemente claro que el elemento esencial de la intencionalidad se refiere a infligir las penas más severas que oscilaron, tan sólo entre 2013 y 2017, entre cadena perpetua y los 20 años de cárcel para los defensores de los derechos humanos y algunos miembros del Comité de Diálogo comisionado por parte los civiles saharauis”.
“Estas severas e injustas sentencias entre otras malas prácticas conducen a tragedias humanas extremadamente peligrosas que no se diferencian en nada de las que lleva sufriendo el pueblo saharaui en su conjunto desde el 31 de octubre de 1975, tanto en lo referente a su duración que supera los cuatro decenios, como el distanciamiento y la dispersión familiar con todo lo que eso conlleva por sus nefastas repercusiones a nivel del estado salud y anímico de hijos, esposas, madres así como el resto de miembros de la familia, denuncia CODESA.
El colectivo saharaui de defensa de Derechos Humanos añade que “partiendo del papel que puede desempeñar Vd al estar al frente de un organismo encargado de supervisar los Derechos Humanos en todos los países del mundo, junto al papel desempeñado por la ONU así como la comunidad internacional para alcanzar una solución justa y duradera que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y tomando en consideración el loable papel desempeñado por Vd en sus dos vertientes, a saber, el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos, por un lado, y en todas la cuestiones de cariz humanitario por otra”, y “tomando en consideración los siguientes hechos: la existencia de presos políticos saharauis que llevan más de doce y diez años bajo arresto político y arbitrario sometidos a medidas punitivas, torturas psicológicas y físicas, privándoles de un juicio justo ante un tribunal imparcial”, solicitan la intervención humanitaria.
También indican para el conocimiento de Michelle Bachelet que “la propagación del COVID-19 a un ritmo acelerado y con gran virulencia en todas las cárceles marroquíes que está poniendo en peligro la vida de estos presos políticos saharauis. Unas cárceles que están ubicadas a centenares de kms de las principales urbes del Sáhara Occidental”.
Hacen suyas las palabras de la propia Bachelet, cuando exhortaba, el pasado 25 de marzo, “a todos los Estados para tomar medidas urgente para evitar que el COVID-19 cause estragos en las prisiones, ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Y concluyen valorando “el papel eficaz desempeñado por vuestro organismo -ACNUDH- y por los loables esfuerzos realizados por Vd en pro del respeto y la promoción de los Derechos Humanos por doquier”, y le ruegan “encarecidamente que tenga a bien contribuir a que se libere a los defensores saharauis de los derechos humanos junto al resto de los presos políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas en las cárceles marroquíes porque fueron detenidos y encarcelados por sus opiniones políticas referentes al asunto del Sáhara Occidental, para salvar sus vidas además de la preservación, defensa y el respeto de la dignidad humana”.
