¿Quieres evitar las sanciones de la policía? Porta una rojigualda y tendrás salvoconducto

En un estado democrático consolidado, a todas y cada una de las personas trabajadoras del sector público se les concede socialmente un estatus de imparcialidad y neutralidad en el desempeño de sus funciones laborales, ya sean médicas, policías, maestras, juezas, administrativas, o de cualquier otro ámbito. Pero, ¿sucede esto en el Estado español? Pues no siempre. Este sábado en Zaragoza la ultraderecha se ha manifestado, eso sí, con mucho ruido y pocas nueces. Mientras, varias personas han sido multadas por portar banderas antifascistas.

Foto: Pixabay

Las actividades profesionales de las personas con un empleo público en el Estado español tienen regulado legalmente su “Código de conducta” en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, actualizada a fecha de 2015, y en el posterior desarrollo regulatorio de la misma.

Esta regulación legal, de obligado cumplimiento, recoge entre sus artículos, del 52 al 54, que “los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes”.

Asimismo, y dentro de esta regulación, destacamos las siguientes obligaciones. Dentro del apartado de Principios Éticos se afirma: “2 Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”, y “4 Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por otra parte, y en la sección Principios de Conducta, se recoge lo siguiente: “1 Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos”, y también, “4 Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

¿Cumplen las policías del Estado español sus propios Códigos de Conducta y Principios Éticos?

La labor de los cuerpos policiales en cualquier estado democrático requiere de un altísimo grado de responsabilidad personal y colectivo, y de un cumplimiento estricto de sus propios Principio Éticos, máxime, cuando a este sector del funcionariado se le concede “el uso legítimo de la violencia” para el desempeño de sus funciones.

En plena era de las comunicaciones digitales, y cuando casi cualquier ciudadana lleva en su bolsillo una potente cámara de fotos o vídeo, los abusos de autoridad policial, o actuaciones parciales del personal funcionario uniformado y armado deberían ser algo del pasado, incluso por su propio interés. Sin embargo, la realidad cotidiana es contundente: si eres pobre, o vistes como tal, sino eres blanco, o sino luces banderas de España (pero solo aquellas del agrado del uniformado: rojigualdas constitucionales o fascistas de cualquier ralea), sabes perfectamente que de una sanción administrativa, o incluso una detención por desacato, no te libra nadie, aunque el combo ‘clásico’ es: desobediencia o resistencia, y atentado a la autoridad, que luego ya los jueces, también obligados a sus Principios Éticos y Código de Conducta, los ratificarán con pocos, o ningún miramiento, y en la seguridad de que “la policía nunca miente”.

Sin embargo, las situaciones de parcialidad y abuso de autoridad, se repiten diaria y constantemente. El último y más reciente caso se ha producido en la mañana de este sábado en las calles de Zaragoza.

Mientras los ultraderechistas convocados por Vox recorrían el centro de la capital de Aragón con unas decenas de sus coches caros, algunos viandantes que observaban perplejos desde los porches de Independencia el recorrido ultra, han sido requeridos por la policía para que se identificaran. Una vez hecho esto, a cuatro de ellos se les ha comunicado que estaban apercibidos de sanción por incumplir las obligaciones del estada de alarma.

Un poco más abajo, en la plaza Aragón, otro ciudadano ha sido también requerido a identificarse por parte de la policía. Una vez hecho esto, se le ha conminado a enseñar el contenido de una bolsa de plástico que llevaba en la mano. En esta bolsa llevaba una bandera con simbología antifascista. Y, por este motivo, se le ha expedido una denuncia por infracción L.O. 36.

Denuncia impuesta por la policía española en Zaragoza este sábado. Foto: AraInfo

Ultraderecha en Zaragoza: mucho ruido y pocas nueces

Una concentración de motos y coches que daban vueltas como ratones. Ruido, ruido, ruido. Sin lemas y sin reivindicaciones, más allá del macho heterosexual patriota español. Mucho coche de gama alta. 70% hombres. La mitad de los vehículos con una sola persona. El público que aplaudía al paso de la comitiva ultraderechista, vecinos y vecinas de los barrios del centro, los de clase alta, en su mayoría personas de avanzada edad. Aparentaban mucho, pero no eran tanto. Así ha sido en la capital aragonesa la marcha convocada por el ultraderechista Vox en la mañana de este sábado.

Caravana ultraderechista de Vox en Zaragoza: Foto AraInfo

Frente a la ultraderecha, decenas de personas, a pie y en bicicleta, con mascarilla y guardando las distancias, han acudido a la llamada de la Coordinadora Antifascista que había convocado una protesta en el Paraninfo para “defender los derechos sociales” frente a los discursos de odio. Y en la que también han reivindicado una sanidad y una educación públicas, una vivienda digna y que la crisis "la paguen los ricos".

Ahí radica la diferencia, mientras unos desfilan por mantener sus privilegios de clase, otras defienden las libertades de todas las personas. Unos impunes, las otras con multas y sanciones.

Las mismas escenas se han vivido en otras ciudades del Estado. "Vuestras banderas no curan", recordaba una sanitaria que se ha plantado frente a la caravana ultra, hasta que ha sido apartada a empujones por un policía. "Sanitarias curando, fascistas contagiando. El fascismo también es un virus", se leía en otro cartel sujetado por otra sanitaria.

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