El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la derogación de la Ley de Memoria Democrática aragonesa. Esta medida fue aprobada el 15 de febrero en las Cortes con los votos favorables del PP y de Vox y con el resto de la oposición en contra —PSOE, CHA, Podemos, IU, Aragón Existe—. De este modo, la ley quedará derogada desde este domingo, y con ella serán suprimidos el censo de memoria, las declaraciones de rutas democráticas, inventarios, el Centro de Investigación de la Memoria o las subvenciones y ayudas económicas para los trabajos de exhumación de las cientos de fosas con víctimas de la represión franquista que aún quedan en Aragón.
La derogación forma parte del acuerdo de Gobierno en Aragón entre la derecha extrema, PP, y la ultraderecha, Vox, y así lo anunciaron sus portavoces parlamentarios el pasado 20N, en coincidencia con el día que murió el dictador Francisco Franco. El preámbulo de la nueva ley que deroga la de Memoria Democrática de Aragón y que publica el BOE justifica dicha supresión en que "se trataba de una norma con una visión partidista de la historia". "En la referida ley (de Memoria Democrática de Aragón) se recoge, entre otras, la idealización extrema de la Segunda República, pretendiendo enlazar este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual", afirma el texto aprobado por PP y Vox.
"Una gran mentira, una falacia sobre la que edificar un discurso político que obedece a una ideología arraigada en la victoria de 1939"
"Derogar la Ley de memoria democrática aragonesa basándose en que no reconoce a las víctimas del bando franquista en la Guerra de 1936-1939 ni tampoco a las causadas por el terrorismo constituye una gran mentira, una falacia sobre la que edificar un discurso político que obedece a una ideología arraigada en la victoria de 1939, hecho fundacional del franquismo, y sostenida durante la larga noche de la dictadura. Asimismo, apela a un oportunismo ahistórico y tergiversador", escribía en este Diario Libre, el periodista Víctor Pardo en un artículo con motivo del 3 de marzo, hasta ahora Día oficial de la Memoria Democrática de Aragón.
En este contexto, las 19 asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo de las distintas comarcas aragonesas, agrupadas en la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA), lanzaban un manifiesto en los días previos al "día para la infamia" y se movilizaban —junto a otros colectivos— con el lema "Derogarán la ley, pero no enterrarán la memoria", en Zaragoza, Monzón, Balbastro y Teruel. Desde PAMA defienden que la Ley de Memoria "no es más que el pago tardío de una deuda contraída con quienes han tenido que guardar su agravio en la memoria privada de la infamia", y criticaban el Ejecutivo de Jorge Azcón (PP-Vox-PAR) por querer "imponernos, otra vez, la ley del silencio". Un gobierno que sigue sin cesar de sus cargos a declarados franquistas.
Lo que se cargan PP y Vox
Y así, por trámite exprés, sin consenso, sin debate, sin escuchar a nadie, PP y Vox derogan la Ley de Memoria de Aragón y por consiguiente se cargan el Censo de memoria democrática de Aragón, las rutas de memoria democrática de Aragón, el inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón. La base de datos genética prevista en el artículo 16.1 de la ley se remitirá, con el consentimiento de las personas interesadas, al Banco estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura previsto en la ley estatal de Memoria Democrática —el único recurso legal que les queda ahora a las víctimas aragonesas del franquismo—.
PP y Vox también eliminan de un plumazo el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, el portal web institucional sobre ello y todas las actuaciones en el ámbito educativo que serán sustituidas por "materias sobre la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española para los aragoneses". Del mismo modo, el Gobierno de Azcón deroga las subvenciones y ayudas económicas de Aragón que "quedarán sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras".
