Pese a las informaciones aparecidas justo el día después de las elecciones en Aragón que apuntaban al comienzo de los trabajos antes del verano, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel advierte de la existencia de “frentes judiciales abiertos y graves sospechas de irregularidades que podrían paralizar definitivamente el proyecto”.
El TS deberá resolver las cautelares por presunto fraude
El Tribunal Supremo (TS) estudia actualmente una nueva petición de medidas cautelares formulada por Paisajes de Teruel tras las recientes revelaciones sobre presuntas anomalías en la tramitación del proyecto. El eje de la controversia reside en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite preceptivo que, según denunció el cuerpo de funcionarios de evaluación ambiental del MITECO, habría sido elaborada por la propia empresa promotora, Forestalia, en lugar de por funcionarios públicos.
Desde Paisajes de Teruel subrayan que “fuentes cercanas al caso señalan que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene una investigación abierta sobre estos procedimientos como policía judicial. De confirmarse estas irregularidades, los tribunales podrían no solo detener las obras, sino inhabilitar todos los proyectos vinculados a la mercantil Forestalia por actuar fuera de la legalidad”.
Promesas incumplidas y el papel de CIP
La Plataforma denuncia “una estrategia de hechos consumados” y critica que se hayan obviado “hitos temporales anteriores que resultaron ser falsos”. En este sentido, recuerdan el anuncio del director de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) para el Estado español hecho en Diario de Teruel, en septiembre de 2024, asegurando que las obras empezarían en un plazo de seis meses para verter energía en 2026, así como en el medio digital Energías Renovables, en marzo de 2025, proclamando que estaban “trabajando para obtener las últimas licencias de obras y concluir los trámites administrativos, según el calendario previsto, y poder iniciar las obras de construcción en las próximas semanas, y que los primeros parques puedan comenzar a verter energía a la red a finales de 2026”, plazos que han resultado ser sistemáticamente incumplidos.
Desde Paisajes de Teruel rebaten la postura de CIP, empresa que ha intentado desvincularse de la gestión de Forestalia alegando “que el proyecto ya no está en manos de la promotora original”. Sin embargo, la entidad del sur del país denuncia que esta afirmación “no se ajusta a la realidad de los hechos, dado que CIP suscribió un acuerdo ante notario ya en el año 2020 a propósito del Clúster del Maestrazgo, tal y como consta en el propio expediente administrativo del proyecto. Aunque el contenido de dicho documento permanece bajo cláusula de confidencialidad, su existencia confirma la implicación directa del fondo danés en el procedimiento desde sus etapas iniciales”.
En este sentido, Paisajes de Teruel recalca que “cualquier irregularidad en la DIA —pilar técnico que condiciona la viabilidad de todo el complejo— invalidaría el proyecto de forma absoluta porque significaría que, de facto, no fue sometido a la preceptiva evaluación ambiental. Al tratarse de un acto administrativo fundamental, su potencial ilegalidad afectaría a la ejecución de las obras con independencia de la mercantil que ostente la titularidad o pretenda ejecutarlas en este momento”.
Incertidumbre en el horizonte
Desde el colectivo ciudadano se insiste en que “no se deberían iniciar los movimientos de tierras en un proyecto bajo sospecha judicial. No vemos tan claro que las obras empiecen antes del verano, ni después de varios inviernos", sentencian, subrayando que “una DIA ilegal viciaría todo el proceso” independientemente de quién sea el titular actual del proyecto.
La resolución de la justicia será determinante para un proyecto que, según los detractores, ha competido “dopado frente a otras empresas del sector gracias a una tramitación administrativa bajo sospecha”.
Asimismo, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel sugiere que la urgencia por iniciar las obras podría responder “a un intento por parte de CIP de asegurar una rentabilidad sobrevenida”. Según este planteamiento “el fondo danés buscaría blindar su inversión para, en caso de una futura anulación judicial, poder reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado o emprender acciones legales contra Forestalia por la venta de un proyecto presuntamente fraudulento”.
No obstante, desde Paisajes de Teruel insisten en que “al ser los actuales promotores conocedores de las anomalías denunciadas, deberían ser los primeros en denunciarlas y suspender la ejecución del Clúster”. Desde la entidad social se apela a la ética y responsabilidad empresarial para paralizar “cualquier intervención sobre el terreno hasta que se produzca una resolución definitiva de las múltiples demandas judiciales que pesan sobre el proyecto”.
Dudas sobre la bonificación eléctrica y el papel de presuntos testaferros
A la incertidumbre jurídica se suma la controversia sobre “la prometida luz gratis para los municipios, una de las medidas estrella para recabar el apoyo local”. Según información aportada por Paisajes de Teruel, las plantas fotovoltaicas destinadas a proveer esta energía bonificada estarían “bajo la gestión de figuras señaladas como presuntos testaferros”. En concreto, apuntan a Eduardo Pérez —administrador de decenas de sociedades vinculadas a Forestalia— como pieza clave en una estructura de empresas pantalla que “tras obtener los permisos, habrían sido traspasadas a fondos de inversión, dejando los convenios sociales en un limbo jurídico y sin garantías reales de cumplimiento para los vecinos”.
Finalmente, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel advierte que esta falta de transparencia, sumada a los sistemáticos incumplimientos en los plazos de inicio de obras anunciados para 2024 y 2025, desacreditan la fiabilidad del proyecto. El colectivo insiste en que “por ética y responsabilidad empresarial, el Clúster Maestrazgo debe paralizarse hasta que los tribunales y las investigaciones de la UCO sobre presunto cohecho aclaren si el procedimiento ha sido corrupto”.
“No se puede hipotecar el territorio sobre la base de promesas eléctricas sin respaldo legal y proyectos bajo sospecha judicial cuya ejecución constituiría una catástrofe medioambiental sin precedentes", concluyen.
