Las principales entidades aragonesas de defensa del territorio, que cuestionan el actual modelo de implantación desordenada de energías renovables en Aragón, han reclamado una moratoria inmediata y un cambio profundo de rumbo en la política energética del Gobierno de Aragón. Así lo recogen en un balance exhaustivo del impacto económico, social y ambiental del despliegue masivo de macroproyectos eólicos, fotovoltaicos y de infraestructuras asociadas a las energías renovables en nuestro país.
Las entidades alertan de que Aragón se ha convertido en una zona de sacrificio energético, al servicio de grandes corporaciones y fondos de inversión, mientras los beneficios sociales, económicos y energéticos para la población aragonesa son mínimos o inexistentes. “La transición energética no puede seguir construyéndose contra el territorio y sus habitantes”, subrayan.
Un modelo impuesto sin planificación ni participación social
Según denuncia la Plataforma 13M, el actual modelo renovable se ha desarrollado sin planificación territorial, sin estudios acumulativos rigurosos y sin una participación real de las comarcas afectadas. El resultado es una ocupación masiva del suelo agrario, la fragmentación de ecosistemas y la alteración irreversible de paisajes de alto valor ambiental y cultural.
El documento recuerda que Aragón concentra ya miles de aerogeneradores y decenas de miles de hectáreas de plantas fotovoltaicas, a lo que se suma una red creciente de líneas de evacuación que multiplican el impacto. Todo ello se ha tramitado, en muchos casos, mediante procedimientos exprés, declaraciones de interés para Aragón y fórmulas administrativas que reducen la capacidad de alegación de ayuntamientos y vecindario.
Pérdida de soberanía energética y beneficio para las grandes empresas
Lejos de avanzar hacia un modelo de soberanía energética, el balance presentado por la Plataforma 13M concluye que Aragón exporta la mayor parte de la energía que produce, mientras sigue dependiendo del exterior para garantizar precios justos y estabilidad en el suministro.
Asimismo, denuncia que las grandes beneficiarias son multinacionales energéticas y fondos de inversión, que utilizan el territorio aragonés como factoría de generación barata, aprovechando ventajas fiscales, exenciones ambientales y la debilidad o complicidad institucional. “No es transición ecológica, es extractivismo verde”, advierten.
Impacto sobre el medio rural y expulsión de población
El informe dedica un apartado específico al impacto social y demográfico del modelo. Lejos de fijar población, la implantación masiva de macroproyectos está contribuyendo a la expulsión de habitantes del medio rural, al encarecimiento de la tierra, la pérdida de actividad agraria y ganadera y la ruptura de economías locales sostenibles.
Las entidades recuerdan que muchos municipios afectados no reciben ingresos suficientes para compensar los daños, mientras ven limitado su desarrollo futuro por la ocupación del suelo y las servidumbres energéticas.
Biodiversidad, salud y patrimonio en riesgo
En el documento de balance de situación también se destacan los graves impactos sobre la biodiversidad, con especial afección a aves rapaces, quirópteros y corredores ecológicos. Asimismo, se recogen preocupaciones crecientes sobre los efectos en la salud de las personas, especialmente en núcleos cercanos a aerogeneradores y subestaciones.
El patrimonio cultural y arqueológico tampoco ha quedado al margen: yacimientos, caminos históricos y paisajes culturales han sido alterados o destruidos sin una protección efectiva.
Moratoria y nuevo modelo energético
Ante este escenario, la Plataforma 13M reclama una moratoria inmediata para nuevos proyectos mientras se elabora una planificación energética democrática, basada en la reducción del consumo y eficiencia energética, autoconsumo y comunidades energéticas locales, prioridad a proyectos pequeños y medianos bien integrados, participación vinculante de la ciudadanía, y protección efectiva del territorio, la biodiversidad y el paisaje. “El problema no es la energía renovable, sino quién la controla, cómo se implanta y para qué”, concluyen.
Finalmente, las organizaciones integradas en la Plataforma 13M anuncian que seguirán coordinándose y movilizándose para frenar lo que consideran “un expolio del territorio aragonés”, y llaman a la sociedad a implicarse “en la defensa de un modelo energético justo, socialmente útil y territorialmente responsable”.
Transición energética o extractivismo verde
La disputa en torno al modelo energético en Aragón ya no es técnica ni coyuntural: es política, territorial y de defensa democrática. Lo que revelan los informes de la Plataforma 13M no es una suma de impactos aislados, sino la consolidación de un modelo extractivo que utiliza el discurso de la transición ecológica como coartada para profundizar en viejas lógicas de expolio.
Aragón produce energía como nunca antes, pero decide menos que nunca sobre ella. La paradoja es evidente: mientras nuestro país se llena de aerogeneradores, placas solares y líneas de muy alta tensión, la factura eléctrica no baja, la industria local no se fortalece y los territorios afectados pierden capacidad de futuro. La energía fluye hacia fuera, pero los impactos, se quedan.
El despliegue masivo de renovables no ha venido acompañado de planificación democrática ni de una evaluación seria de impactos acumulativos y necesidades reales de la sociedad aragonesa. Al contrario, se ha articulado mediante procedimientos excepcionales, declaraciones de interés especial para Aragón y una legislación diseñada para acelerar proyectos, no para proteger el territorio ni garantizar la participación ciudadana.
Esta forma de gobernar no es neutra: favorece a las grandes corporaciones energéticas y margina a ayuntamientos, comunidades locales y sectores productivos tradicionales. El mensaje implícito es claro: el territorio se ordena en función de las necesidades del capital, no de quienes lo habitan y lo cuidan.
Uno de los grandes mantras del actual modelo neoliberal es su supuesto papel como motor del medio rural. Sin embargo, los propios datos recogidos por la Plataforma 13M lo desmontan. La implantación de macroproyectos no fija población, desestructura economías agrarias, encarece el acceso a la tierra y genera una dependencia económica frágil y temporal.
Lejos de revertir la despoblación, este modelo la acelera, al convertir amplias zonas del país en espacios funcionales al mercado energético global, pero cada vez menos habitables. No hay desarrollo cuando se pierde control sobre el territorio, ni progreso cuando se vacía de vida a Aragón.
¿Transición para quién?
El debate de fondo no es si renovables sí o no, sino para quién, cómo y con qué límites. La transición energética es necesaria, pero no puede construirse reproduciendo los mismos esquemas que provocaron la crisis climática: concentración de poder, mercantilización de los bienes comunes y sacrificio de los territorios periféricos. El capitalismo es incompatible con la vida.
Hablar de transición justa exige redistribución del poder energético, reducción del consumo, apuesta decidida por el autoconsumo, las comunidades energéticas y los proyectos de escala humana. Exige también aceptar que no todo vale, que hay territorios, ecosistemas y paisajes que no pueden seguir siendo moneda de cambio para beneficio de las empresas.
La moratoria que reclama la Plataforma 13M no es un freno ideológico, sino una herramienta democrática. Detener, evaluar y repensar es un acto de responsabilidad política. Seguir adelante, ignorando las alertas sociales, ambientales y económicas, es profundizar en un conflicto que ya atraviesa buena parte de nuestro país.
Aragón se enfrenta a una disyuntiva histórica: ser colonia energética o construir soberanía. No desde la nostalgia, sino desde una política valiente que entienda que la transición ecológica solo será real si es también social, territorial y democrática. Porque sin territorio, y sin las gentes que lo cuidan, no hay futuro. Y sin democracia energética, no hay transición verde, sino solo un nuevo eufemismo para esconder el viejo expolio de siempre al que desde fuera, y desde dentro, nos vienen sometiendo.
