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Partidos soberanistas se unen en defensa del «derecho de autodeterminación de los pueblos» y de las «libertades civiles y políticas»

Una docena de fuerzas políticas de Països Catalans (Catalunya, País Valencià e Illes Balears), Euskal Herria y Galiza han firmado en Barcelona una declaración conjunta en la que alertan de "los graves efectos" para "el ejercicio de derechos fundamentales" que tendrá la sentencia del procès y de la "imposibilidad de una plena democratización del Estado". Asimismo, han subrayado el "carácter democrático y pacífico" de toda su acción política.
| 25 octubre, 2019 19.10
Partidos soberanistas se unen en defensa del «derecho de autodeterminación de los pueblos» y de las «libertades civiles y políticas»
Representantes de las fuerzas soberanistas firmantes de la 'Declaració de Llotja de Mar'.

En la llamada ‘Declaració de Llotja de Mar‘, ERC, la CUP, PDeCat, JxCat, Demòcrates, Crida Nacional per la República, EH Bildu, Bloque Nacionalisa Galego (BNG), Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca alertan de «los graves efectos» que tendrá la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes políticos y sociales catalanes «para el ejercicio de derechos fundamentales de toda la ciudadanía».

Denuncian la «imposibilidad de una plena democratización del Estado» por «la resistencia de las viejas estructuras del régimen anterior y por la falta de voluntad política de los grandes partidos españoles» tras más de cuatro décadas desde la aprobación de la Constitución de 1978.

En su opinión, «la innegable modernización del Estado en muchos ámbitos no ha llegado a sectores fundamentales para un funcionamiento democrático homologable» ya que «determinados ambientes políticos, judiciales, económicos, policiales y mediáticos han impedido, por acción u omisión» la transformación del español «en un Estado plenamente democrático y moderno como los de su entorno europeo».

Para las fuerzas soberanistas firmantes la decisión de la justicia española de «condenar a los legítimos representantes del pueblo de Catalunya y a los líderes de las organizaciones sociales que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre de 2017» imprimirá a la acción política «una grave restricción». En este sentido, han pedido «la libertad de los presas y presos políticos y el retorno de los exiliados y exiliadas».

También manifiestan que «la falta de respeto al derecho a la autodeterminación que España asumió y reconoció al firmar el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos» es «el corolario de un cada vez mayor compendio de retrocesos democráticos que padecen nuestras naciones». Entre otros, han citado: «ningún reconocimiento ni respeto a la plurinacionalidad, ninguna separación de poderes, amenazas continuas de suspensión de la autonomía, del autogobierno y de derechos históricos, detenciones arbitrarias de líderes políticos y sociales, persecución policial de activistas y actividades políticas de carácter no-violento, políticas penitenciaras y legislaciones excepcionales y persecución de artistas y publicaciones».

Las fuerzas soberanistas sostienen que la «reacción antidemocrática» ha afectado «por igual tanto a los diferentes pueblos hoy integrados en el Estado español como a los movimientos de ámbito estatal que piden una modernización del Estado y la superación definitiva del régimen anterior». «La restricción de derechos y libertades es, hoy, evidente a los ojos de toda la ciudadanía», inciden.

En la Declaración de seis puntos, que defiende «el derecho a la autodeterminación de los pueblos» y las «libertades civiles y políticas» frente a la «regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo», abogan por impulsar «políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros pueblos».

En este sentido, han mostrado su compromiso «con la búsqueda de soluciones democráticas y estables», desde la acción política «democrática y pacífica», al «conflicto político que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español» y apelan a la comunidad internacional a «posibilitar, apoyar y promover dichas soluciones».

La Declaración ha sido suscrita por los portavoces de Junts per Catalunya, Laura Borràs y Eduard Pujol; por ERC, ha firmado el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, y la portavoz del partido, Marta Vilalta; por la CUP, la diputada Natália Sànchez y Núria Gibert; por EH Bildu, Arnaldo Otegi, coordinador general, y Maddalen Iriarte, portavoz en el Parlamento vasco; por el BNG, Bieito Lobeira y Olalla Rodil.

Se ha reivindicado la ubicación del acto -la Llotja de Mar de Barcelona- como un símbolo histórico para toda la ciudad y el Mediterráneo, ya que fue la sede de los consulados del mar durante la época medieval, fue un foco de resistencia durante el asedio borbónico de 1714, y el 21 de diciembre del año pasado acogió el Consejo de Ministros que el Gobierno español de Pedro Sánchez celebró en Barcelona: «Hoy recuperamos un espacio que es nuestro, lo queremos dotar de más historia» acogiendo esta declaración, han dicho.

25 octubre, 2019

Autor/Autora

Redactor, editor, funciones de coordinación y administración. Integrante del Consello d’AraInfo y uno de los cofundadores. @igoiz17


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