En un mundo en constante transformación y brutalmente capitalista que nos obliga a estar siempre activos y productivos, los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión afectan a millones. Este año, es crucial resaltar cómo la precariedad laboral y la incertidumbre económica están dañando profundamente la salud mental, especialmente entre las jóvenes y otros colectivos vulnerables.
Se estima que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, según la OMS. Sin embargo, muchas de estas personas no reciben el tratamiento necesario debido a la falta de recursos, la desinformación o el estigma. Según el informe ‘Precariedad laboral y salud mental 2023’ del Ministerio de Trabajo y Economía Social, solo el 12,9% de las personas con un diagnóstico de salud mental comparten su problema con compañeros de trabajo. Este dato refleja el profundo estigma que aún persiste en los entornos laborales. Romper el tabú es el primer paso hacia un mundo más inclusivo y compasivo, donde la salud mental sea reconocida y tratada como parte integral de la salud general.
El estigma alrededor de la salud mental es uno de los mayores obstáculos para quienes padecen trastornos mentales. En el entorno laboral, el miedo a ser percibidos como "débiles" "poco confiables" o “vagos” hace que muchos empleados oculten sus diagnósticos. Según un informe de Obertament, el 52% de las personas que se ausentaron de su trabajo debido a problemas de salud mental ocultaron el motivo real de su ausencia. Este estigma no solo perpetúa el sufrimiento y lo aumenta, sino que impide que los afectados busquen el apoyo que necesitan.
La pandemia de COVID-19 trajo consigo una crisis global de salud mental. El aislamiento social, la pérdida de empleo, el miedo a la enfermedad y la incertidumbre general han incrementado los niveles de estrés y ansiedad en todo el mundo. Para muchos, la situación se ha vuelto insostenible. En este contexto, es vital visibilizar el impacto de los factores económicos y laborales sobre la salud mental, especialmente en colectivos vulnerables como los jóvenes.
La precariedad laboral está erosionando la salud mental de las nuevas generaciones. Según el informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, más de la mitad de los empleos en el estado español están en situación de precariedad, caracterizados por bajos salarios, contratos temporales, falta de conciliación y sobrecarga de trabajo. Estas condiciones crean un ambiente de inseguridad que afecta profundamente el bienestar emocional de los jóvenes, aumentando los niveles de ansiedad y estrés. Además, la Encuesta de Población Activa indica que el 47% de las personas ocupadas están expuestas a factores de riesgo psicosocial en su trabajo. Esta situación es especialmente grave para aquellos con trastornos mentales, quienes enfrentan una baja tasa de inserción laboral. En 2022, solo el 18,9% de las personas con discapacidad psicosocial tenía empleo, según el INE. A pesar de las leyes que promueven la inclusión, los prejuicios y el estigma continúan impidiendo que estas personas accedan a un empleo digno.
La confederación Salud Mental Estado español, entidad sin ánimo de lucro que integra a 18 federaciones y asociaciones uniprovinciales, ha planteado una serie de medidas urgentes para enfrentar la precariedad laboral y sus efectos sobre la salud mental. Estas incluyen la implicación real de las empresas en la creación de entornos laborales seguros, saludables e inclusivos, donde se aborde la salud mental sin tabúes. También se requiere la implementación de medidas por parte de la Administración pública para combatir la precariedad laboral y controlar los riesgos psicosociales en las empresas. Además, es esencial que los entornos laborales se adapten para las personas con trastornos mentales, respetando su privacidad y proporcionando los apoyos necesarios para su integración. Se necesitan recursos para la formación e inserción laboral de estas personas, promoviendo el empleo con apoyo y el acceso a los Centros Especiales de Empleo.
Asimismo, es crucial cumplir con las cuotas de reserva de empleo para personas con discapacidad, tanto en la Administración pública como en el sector privado. La confederación reivindica que el cupo reservado para personas con trastornos mentales alcance al menos el 2% del total, asegurando que este colectivo tenga mayores oportunidades de inclusión en el mercado laboral.
En Aragón, la situación es preocupante. Los recortes en sanidad han afectado la capacidad del sistema para proporcionar atención psicológica, con un aumento alarmante de las listas de espera. Esto deja a muchas personas sin el apoyo que necesitan en momentos críticos. Las pacientes deben esperar meses para ser atendidos, agravando los síntomas y afectando negativamente su calidad de vida. Aragón no puede permitirse recortar en sanidad, especialmente en áreas como la salud mental, donde los retrasos en la atención pueden tener consecuencias graves. Las personas que sufren de ansiedad, depresión u otros trastornos mentales necesitan ayuda inmediata. El sistema debe priorizar estos servicios y reducir las listas de espera para evitar una crisis mayor. En la actualidad hay una planta de hospitalización en el Hospital Infantil de Zaragoza construida y sin inaugurar así como una planta completa de consultas en el Hospital Militar, también cerrada, los profesionales de la unidad de salud mental infanto juvenil de Sagasta llevan meses esperando el traslado. Las listas de espera para el Hospital de día están por encima de los nueve meses, hay familias que han sufrido hasta cuatro intentos de suicidio de un menor y no tienen plaza en ese hospital de día. Los recursos públicos en ocasiones no son suficientes para tratar el terrible aumento de los trastornos de comportamiento en los jóvenes.
Pequeños cambios en el día a día pueden tener un impacto positivo en la salud mental. La práctica de la meditación, la actividad física regular y el mantenimiento de una red de apoyo social son herramientas eficaces. Sin embargo, estas medidas no sustituyen la necesidad de atención profesional o la mejora de las condiciones laborales y económicas de las personas. En Aragón, se deben tomar acciones urgentes para reducir las listas de espera y garantizar que todos tengan acceso a los servicios de salud mental sin demoras injustificadas.
La salud mental no solo depende del cuidado personal, sino también de la comunidad y las políticas públicas. Los gobiernos y empresas deben asumir su responsabilidad y promover un entorno laboral que proteja el bienestar emocional de las personas trabajadoras. La inversión en sanidad, la reducción de la precariedad laboral y la eliminación del estigma son pasos clave hacia un futuro más saludable e inclusivo para todos.
Este Día Mundial de la Salud Mental nos invita a reflexionar y actuar. En Aragón y en todo el estado español, debemos exigir que se pongan en marcha políticas que mejoren la salud mental, reduciendo las barreras al acceso a atención psicológica y enfrentando la precariedad laboral. La salud mental no puede esperar, y todos, desde gobiernos, empresas y todas nosotras, tenemos un papel en su promoción. Cuidemos de nuestra salud mental y la de los demás, porque no hay salud sin salud mental.
