Mi amiga me aseguraba que llevaba un par de días que afrontaba el estrés matutino gracias a la receta de su médica de atención primaria basada en benzodiazepinas: “prefiero pagar tres euros que cincuenta por una terapia”.
Y es ahí donde reside el gran problema: el acceso a la salud mental no está universalizado, solo los casos más graves o con mayor cronicidad, cuestiones casi siempre equiparables, son los que tienen la capacidad para poder acceder al sistema público sanitario y lamentablemente no siempre, y poder trabajar su estado emocional y lamentablemente, de nuevo, no siempre. De este modo se quedan fuera un sin fin de personas que pese a demandar ayuda deben de tomar el camino rápido y medicamentoso.
La comercialización de la industria farmacéutica en el Estado español se frota las manos ante los problemas de salud mental y es que sabe que la no universalización de la misma les lleva a tener los bolsillos llenos. Esto lo saben las empresas y quienes desde la toma de decisiones les conceden beneficios millonarios, permiten la compra abusiva y no ponen medios de prevención y reducción del consumo de estimulantes emocionales.
Legalmente, a través del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, se reguló el acceso universal al Sistema Estatal de Salud. Para su puesta en marcha en Aragón vinieron una serie de cambios normativos y por ley autonómica podemos decir que existe la sanidad universal, que a nadie se le deja fuera del sistema público por cuestiones de procedencia o regulación burocrática. Superada esta barrera, la no prestación de determinados servicios o la constitución de un sistema ralentizado, sin profesionales suficientes y sin capacidad para poder hacer frente a la alta demanda me lleva a preguntarme si realmente este es un sistema que podemos considerar universal.
Muchos profesionales advierten que la competencia social y el estrés del día a día llevan a un consumo desmesurado de psicofármacos, una rápida solución en un mundo que no espera (atrás dejo la pandemia por tema manido y conocido). Y aunque ello es evidente, el modelo capitalista precarizante y precarizado se suma al maltrecho acceso a una sesión terapeútica.
El Estado español ya es el territorio donde más tranquilizantes se consume a nivel mundial. Cuatro de cada cinco personas recurre a los ansiolíticos para mitigar su dolor, para hacerle frente, para no parar y seguir respirando con un poquito menos de dolor. No son pocas las personas que combinan este uso de fármacos con la asistencia a terapia pero la mayoría recurre a la apertura de una caja con unas cuantas pastillas a la puerta de un profesional de psicología. Y no porque no quieran o no sepan que sería más favorable si no porque las cifras de profesionales de salud mental en el sistema público son claramente insuficientes, en Aragón son cuatro veces menos que la media europea. Las medidas preventivas son escasas y cuando se llega a la fase de necesidad de tratamiento es casi imposible poder abordarlo con los bajos efectivos existentes.
Hablar de salud mental y tomar conciencia sobre la misma es magnífico, aplaudo cada avance que se dé en este sentido, bienvenidos planes, leyes, normativas en general pero ahora el cumplimiento de todos ellos debe ser de obligado cumplimiento, histórica la demanda de poner a funcionar los fondos económicos para que una caja de Valium, Klonopin o Bromazepam no sea lo primero que, aún sin querer, podamos abrir cuando el corazón no nos late al ritmo de otros sentires y es que ahora las pastillas ya no son para no soñar sino más bien para poder seguir respirando.
