La Plataforma a favor los Paisajes de Teruel expresa su “satisfacción porque, tras años de trabajo y denuncias públicas, la verdad esté saliendo a la luz y se estén confirmando las sospechas que veníamos señalando desde hace tiempo sobre la actuación de Forestalia”, han afirmado desde la entidad, cuyos responsables informan que están planteando una demanda penal.
“La información que está saliendo a la luz hace sospechar que numerosas centrales renovables se autorizaron para favorecer el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la destrucción del territorio y del patrimonio natural”, señalan desde Paisajes de Teruel, que subraya que “la estrecha vinculación de Forestalia con el poder político y administrativo fue siempre un elemento que despertó sospechas. Ahora entendemos por qué”.
Para la entidad ciudadana del sur del país, estos hechos ratifican “que ninguna de las advertencias realizadas durante años era infundada. Nuestras denuncias se han basado siempre en la lectura detallada de los proyectos, en un conocimiento profundo de la legislación y en el análisis riguroso de los informes que los rodeaban, un trabajo que, lamentablemente, comprobamos no fue realizado por las administraciones que debían evaluarlos”, enfatizan.
La Plataforma denuncia, además, que “Forestalia ha ido regando el territorio de dinero, a través de iniciativas como cátedras universitarias, publicidad en medios de comunicación, patrocinios deportivos o promesas como la luz gratuita. Siempre ha sido nuestra palabra contra su dinero”, señalan. “Mientras Forestalia ha defendido sus proyectos con el argumento económico, nosotros lo hemos hecho con datos técnicos, objetivos y rigurosos”, aseveran desde Paisajes de Teruel.
El Clúster Maestrazgo, exponente de las controvertidas evaluaciones ambientales
Asimismo, la Plataforma Paisajes de Teruel recuerda que ha denunciado “reiteradamente la existencia de graves irregularidades en la tramitación ambiental del macroproyecto eólico del Maestrazgo, promovido por Forestalia, tras años de análisis técnico, seguimiento administrativo y acciones legales relacionadas con este clúster eólico, uno de los mayores proyectados” en el sur de Europa.
El proyecto se dio a conocer entre finales de 2019 y principios de 2020 “y contó con el aval del Gobierno de Aragón, representado entonces por el asesor del presidente Javier Lambán, Antonio Arrufat, así como con el respaldo de una asociación denominada Viento Alto, de la que no se tenía constancia previa en el territorio”, relatan.
Las reuniones informativas sobre el proyecto “fueron dirigidas por Carlos Ontañón, quien años antes, en su etapa como director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), había firmado declaraciones de impacto ambiental desfavorables a varias canteras de losas en la misma zona donde posteriormente, ya como asalariado de Forestalia, se pretendía instalar el parque eólico. De forma paralela, el entonces viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Marruedo, mantuvo reuniones con distintos ayuntamientos del territorio”, continúan recordando desde Paisajes de Teruel.
Durante la fase de información pública del estudio de impacto ambiental, tramitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Colegio Oficial de Biología de Aragón, los colegios de Ingeniería y Geología, así como profesionales independientes del territorio afectado, presentaron “alegaciones técnicas muy extensas y rigurosas que acreditaban la inviabilidad del proyecto en una de las zonas de mayor valor natural” del sur del continente.
“Pese a ello, en 2022 se publicó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable”, que, según Paisajes de Teruel “dedicó apenas unas líneas a contestar unas alegaciones de alto nivel técnico. Además, la resolución presentaba importantes carencias, como la ausencia de delimitación de superficies afectadas o la aceptación de datos del promotor cuya falsedad había sido demostrada documentalmente”.
Paisajes de Teruel también denunció “irregularidades” en su proceso de elaboración. “Durante la evaluación ambiental se emitieron informes técnicos desfavorables tanto por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón como por el INAGA, que no fueron incorporados al expediente remitido al MITECO. En su lugar, se trasladó un informe favorable elaborado por el entonces director del INAGA, Jesús Lobera, veterinario de profesión”, cuya competencia técnica para emitir un informe de esta magnitud ha sido cuestionada por la Plataforma. “Estos hechos fueron expuestos posteriormente en la Comisión de Investigación sobre el despliegue de renovables en Aragón, y no suscitaron el más mínimo recelo entre la mayor parte de los partidos políticos que participaron. ¿Casualidad sabiendo lo que sabemos hoy?”, se cuestionan las defensoras de los Paisajes del sur del país.
“Desde el inicio observamos indicios claros de que la evaluación ambiental no se estaba realizando con criterios técnicos ni científicos”, han afirmado desde Paisajes de Teruel, quienes han añadido que “la acumulación de irregularidades apuntaba a una decisión previamente tomada”.
Para la Plataforma resultó “especialmente significativa” una conversación mantenida “entre el entonces director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón y un funcionario del MITECO, en la que se puso de manifiesto la falta de respeto del clúster del Maestrazgo por los espacios protegidos de la Red Natura 2000, donde se ubican 85 aerogeneradores y más de 100 kilómetros de líneas eléctricas y caminos”. Según ha señalado Paisajes de Teruel “fue el propio exdirector general quien trasladó posteriormente a la Plataforma la sospecha de irregularidades en la evaluación ambiental del proyecto”.
En el marco de la preparación del recurso contencioso-administrativo contra el proyecto, Paisajes de Teruel solicitó “en reiteradas ocasiones a la Subdirección General de Evaluación Ambiental (SGEA), del MITECO, la identidad del funcionario o funcionarios responsables de la elaboración de la DIA. Pese a tratarse de una información a la que tienen derecho las partes interesadas, la única respuesta recibida fue que la resolución había sido firmada por la directora de la SGEA, extremo que ya constaba en el BOE”.
Después, la Plataforma formuló esta solicitud “hasta en ocho ocasiones, la extendió a otros proyectos de Forestalia y contó con el respaldo de otras asociaciones y de preguntas parlamentarias registradas por el diputado Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados, sin que hasta la fecha se haya facilitado la información requerida”, y añaden que “incluso tras acudir al Consejo de Transparencia, la SGEA habría remitido información manifiestamente falsa”.
Estos hechos llevaron a Paisajes de Teruel a la convicción de que “la DIA del Clúster del Maestrazgo no se elaboró en el MITECO, sino que pudo haber sido externalizada, lo que sería contrario a la legislación vigente”.
La publicación, el pasado verano, de una DIA desfavorable al macroproyecto eólico de Green Capital en el Matarranya, con características y emplazamientos prácticamente idénticos al Clúster de Forestalia que sí obtuvo autorización ambiental, reforzó sus sospechas.
Según Paisajes de Teruel la publicación “en medios de comunicación de informaciones relativas a la trama de corrupción vinculada a Santos Cerdán puso el foco en la SGEA y en su dirección”, si bien la Plataforma considera que “la figura clave en este proceso fue la del entonces subdirector general, Eugenio Domínguez, cuyo cese coincidió con el fin de las DIAs favorables ‘inexplicables’ a proyectos de Forestalia”.
Estas sospechas, aseguran, “se han visto confirmadas”, según Paisajes de Teruel “por informaciones publicadas, que apuntan a que, ante la posibilidad de resoluciones desfavorables, las evaluaciones de proyectos de Forestalia habrían sido externalizadas a Tragsa por decisión del subdirector, convirtiéndose posteriormente en DIAs positivas. Asimismo, se ha publicado recientemente que la UCO estaría investigando todos los permisos ambientales otorgados por el MITECO a Forestalia”.
“La decepción es enorme al constatar un caso de corrupción de esta magnitud, pero también la certeza de que el trabajo realizado por Paisajes de Teruel ha sido serio, honesto y verificable”, han señalado desde la Plataforma. “Hemos expuesto nuestros avances de forma pública y documentada, pese al silencio de buena parte de los medios -no es el caso de AraInfo | Diario Libre d’Aragón- y a las descalificaciones personales recibidas”, recalcan con pesadumbre.
La Plataforma ha recordado, asimismo, las declaraciones del director para Aragón y para el Estado español de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Javier Prados, “quien calificó de desinformación y anticientífica la labor de Paisajes de Teruel”, mientras desde la Plataforma consideran que “CIP ha sido uno de los principales perjudicados por las prácticas de Forestalia y sostienen que la única salida coherente sería demandar a esta empresa y abandonar Aragón si”, en opinión de Paisajes de Teruel, “pretenden demostrar un compromiso real con la responsabilidad social corporativa”.
Finalmente, Paisajes de Teruel ha reiterado su compromiso “con la defensa del territorio, la legalidad ambiental y una transición energética justa, basada en criterios científicos, transparencia administrativa y participación social”.
