La covid persistente pasa a considerarse una enfermedad crónica compleja y, como tal, la Sanidad Pública ofrecerá un flujo asistencial definido y coordinado, que integre a las diferentes especialidades médicas implicadas en su diagnóstico, y hacer un seguimiento de las y los pacientes. Este avance ha sido posible gracias a la iniciativa de ocho asociaciones de pacientes que participaron en la confección de la Propuesta No de Ley presentada por Sumar y aprobada en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024.
Colectivos y asociaciones de pacientes se unen en la celebración de esta medida y, como se acordó con el Ministerio de Sanidad, trabajarán en conjunto con los gobiernos territoriales para garantizar su ejecución. Este primer paso puede suponer el reconocimiento y mejora, tanto de la atención como de la calidad de vida, para las personas afectadas por una enfermedad que padecen más de 2,4 millones de personas en el Estado español.
Tras la votación celebrada el pasado viernes en el Consejo Interterritorial de Sanidad, una de las propuestas presentadas por el Ministerio y aprobadas por los representantes de los diferentes gobiernos territoriales tiene una significativa importancia para los más de 2,4 millones de personas que se estima han contraído covid persistente tras un contagio por SARS-Cov 2 en el Estado español. Con el apoyo de las comunidades autónomas en la votación, esta enfermedad pasa a integrarse en el Flujo Asistencial del Paciente Crónico Complejo.
"Esta integración y reconocimiento es un primer paso para resolver la vulneración del principio de equidad, haciendo que los enfermos de cualquier punto del país puedan recibir la misma atención médica, corrigiendo la falta de homogeneidad asistencial entre comunidades autónomas o incluso dentro de la misma provincia o en la misma ciudad, dependiendo de la capacidad y formación de los profesionales sanitarios, así como de los ambulatorios, centro de salud y hospitales de referencia", apuntan las asociaciones pacientes, entre ellas Long COVID Aragón, en una nota de prensa.
"La aprobación de incluir la covid persistente en el Plan de la Cronicidad implica que los enfermos podrán acogerse a un flujo asistencial definido y coordinado, donde se contemplen las diversas especialidades médicas que requieran ser parte de la atención y el diagnóstico de los enfermos. Y, especialmente importante para los afectados, que deberá realizarse un seguimiento de esta enfermedad multisistémica, valorando la evolución de los pacientes, la interacción con otras patologías prexistentes o nuevas, adaptando y actualizando la atención y el tratamiento una condición que, cinco años después de su aparición, sigue sin tener tratamiento específico ni cura", añaden en la nota.
Este avance ha sido posible gracias a la iniciativa de ocho asociaciones de pacientes, donde se incluyen las de Aragón, Catalunya, Balears, Canarias o Madrid, entre otras, con el apoyo del resto de agrupaciones de los diferentes territorios del Estados. Confeccionaron y presentaron al grupo plurinacional Sumar el documento ‘Análisis de situación, pronóstico y propuesta de acciones para el cuidado del paciente con COVID Persistente’ que derivó en la Propuesta No de Ley presentada por el partido y aprobada en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024. Anteriormente, en febrero de 2024, habían comenzado las reuniones con Salud Pública donde destacó entre los puntos clave la homogeneización del trato recibido por los afectados en los diferentes territorios, algo que resolvería la inclusión en el Plan de la Cronicidad aprobado el pasado viernes.
Llamamiento a la implementación lo antes posible de la resolución
La inclusión en el Plan de Cronicidad supone un significativo avance. Desde el movimiento asociativo, valoran muy positivamente "el esfuerzo y compromiso multipartidista" que refleja "la importancia del abordaje de la enfermedad por encima de afiliaciones políticas".
Los colectivos y asociaciones de pacientes celebran que este compromiso vaya en la línea de la resolución tomada a principios de febrero en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que instaba al abordaje integral de la covid persistente, "contando y trabajando con los representantes de pacientes para garantizar un enfoque basado en los derechos humanos".
De manera que hacen una llamada al cumplimiento, implementando y ejecutando urgentemente medidas que hagan realidad la propuesta aprobada en la votación del Consejo Interterritorial, para que "se respete el principio de equidad" y las personas enfermas puedan recibir lo antes posible los beneficios de este nuevo enfoque asistencial.
Próximos pasos
El Ministerio de Sanidad se comprometió a contar con las y los pacientes en los distintos grupos de trabajo con las CCAA, algo que los colectivos y asociaciones de pacientes consideran "indispensable" para obtener un acercamiento realista a su problemática. Y que es un requisito lanzado por el Parlamento Europeo en su informe COVI (A-9-2023-0217) con fecha del 23 de junio de 2023, donde se instaba a la participación de pacientes en el desarrollo de investigación y atención sanitaria. Por lo que reiteran su ofrecimiento de colaboración.
Otro de los aspectos cruciales que destacan es la implementación correcta de códigos de registro de la covid persistente. "A nivel macro, esto permitiría conocer la dimensión del problema, el número de afectados reales y poder dotar a las administradoras de los recursos para hacer frente a este problema de salud pública. Y, a nivel micro, daría la oportunidad a los enfermos de acogerse a los recursos que ofrezca la estrategia nacional de enfermos crónicos complejos", recalcan.
"Esto está estrechamente relacionado con la formación. Es necesario un abordaje 360° que incluya a los médicos de atención primaria y especialistas hospitalarios clave a la hora de identificar y diagnosticar la enfermedad. Pero también a los médicos de trabajo e inspectores que han de valorar la capacidad de trabajo de los afectados. Porque uno de los pasos pendientes más importantes es trabajar con el INSST el estudio y reconocimiento de incapacidades por covid persistente, evitando la judicialización de los procesos de incapacidad. Es necesario garantizar la cobertura social de los adultos y el ajuste de los itinerarios educativos de jóvenes, adolescentes y niños afectados, como requieren otras enfermedades discapacitantes", añaden.
Por último, destacan la necesidad de campañas de prevención y visibilización de una patología que desarrollan una de cada diez personas infectadas por covid-19. Y que para un tercio de los afectados se presenta con sintomatología severa. Y, para mejorar la calidad de vida de estas personas, "la inversión en investigación es imprescindible, permitiendo continuar el trabajo de los investigadores que sin dotaciones específicas no pueden avanzar".
Por todo ello, desde los colectivos y asociaciones de personas afectadas se anima a trabajar en colaboración con la administración para "avanzar la mejora de las condiciones de vida de quienes todavía sufren las consecuencias de la pandemia".
