En 2018 la Conferencia Episcopal ya avisó de que esta investigación no partiría desde su seno y así ha sido. El pasado diciembre Unidas Podemos, ERC, y EH Bildu presentaban una solicitud para abrir una Comisión de Investigación en el Congreso español que aborde de manera completa y en profundidad las agresiones sexuales producidas por miembros de la Iglesia Católica contra niños, niñas y adolescentes.
La propuesta que ya ha sido admitida a trámite a pesar de los votos en contra del PP y Vox, espera ahora a que la Junta de Portavoces la incluya en el orden del día de un pleno. Junto a esta iniciativa se encuentra la del PSOE, que pretende alejar del parlamento un problema que se atisba estructural en la Iglesia Católica.
El acercamiento entre el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, y la Conferencia Episcopal no solo ha servido para tratar los bienes inmatriculados, también ha sido un primer punto de partida para abordar una cuestión que la Iglesia española lleva retrasando años, por no decir décadas.
La iniciativa del PSOE coloca en la figura del Defensor del Pueblo la responsabilidad de llevar a cabo la investigación y, además, ha invitado a la institución religiosa para que forme parte del equipo. Una forma de involucrar al seno de la Iglesia en el estudio y, según explican fuentes del partido, que aporte toda la información y medios que tenga a disposición.
La portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Sofía Castañón, subrayaba el pasado 11 de febrero que las dos vías son complementarias pero apuntaba que la comisión de investigación es “necesaria” porque es que lo que pedían las víctimas. Además, recordaba que delegar este estudio al Defensor del Pueblo, tiene "determinados inconvenientes", dado que puede tener dificultades de acceso a documentos y testimonios que sí son más accesibles para el órgano parlamentario.
Las cifras en Aragón
Mientras en Madrid continúan debatiendo sobre cuál es la mejor alternativa, en Aragón los números de víctimas bailan. A falta de las conclusiones de esta investigación sobre el alcance de estas agresiones, existen por el momento tres fuentes que ofrece datos: las diócesis aragonesas, la Fiscalía y el trabajo de recogida de testimonios de El País.
Las seis Diócesis de Aragón crearon en 2020, a petición del papa Francisco, la Oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de las Diócesis de Aragón. A diferencia de otras fuentes, aseguran no haber recibido ninguna denuncia. No obstante, sí han abierto cuatro investigaciones relacionadas con agresiones a menores llegadas a través de peticiones de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal.
En la actualidad, la Archidiócesis de Zaragoza está investigando tres denuncias y una la de Teruel y Albarrazín de las que no han querido trasladar ningún detalle.
Estas denuncias se refieren a hechos sucedidos entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Las Diócesis de Uesca, Balbastro-Monzón, Tarazona y Chaca no han recibido ninguna denuncia referida a sacerdotes incardinados (dependientes) de ellas y, por tanto, no tienen procedimientos canónicos en curso.
Las denuncias ante Fiscalía
En un intento de avanzar y dar luz sobre esta cuestión, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha pedido a todas las Fiscalías que notifiquen cuántos casos hay vigentes en la actualidad en cada uno de los territorios. Aunque la fecha límite era este lunes, 14 de febrero, Delgado ya ha avisado que dado la dificultad de la tarea será flexible con el plazo.
En el caso del territorio aragonés, la Fiscalía Superior de Aragón ya ha entregado la documentación y en estos momentos los juzgados aragoneses tienen abiertas dos causas por abusos o agresiones sexuales en las que el acusado es un miembro de la Iglesia católica.
El recuento de El País
En 2018 el periódico decidió abrir una investigación sobre los abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso. El pasado diciembre El País entregó al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos. Fue a raíz de este documento cuando Unidas Podemos, ERC y EH Bildu decidieron mover ficha y presentar la propuesta de creación de una comisión de investigación.
El documento incluye 15 denuncias por agresión en Aragón. En el caso del Alto Aragón aparecen tres denuncias de Salesianos, dos en un internado de Uesca y otra en Monzón, y otra en La Salle en el internado de Sahún. Todas ellas pertenecen a abusos que se cometieron en el siglo XX.
En el caso de las comarcas del sur de Aragón, hay tres denuncias: una en Mas de las Matas, otra en el Seminario Menor Diocesano de Teruel y una última en el Colegio La Salle de Teruel. La más tardía fue entre 1977 y 1979.
Por último, el documento de El País cuenta con ocho denuncias en la capital aragonesa. Siete de ellas en colegios como los Escolapios, La Salle, Agustinos Recoletos, Salesianos, Montearagón y Marianistas. Además, recoge una agresión en el Seminario Nuevo de Zaragoza. La mayoría de las agresiones se produjeron en el siglo XX pero dos de ellas son más recientes, una en 2009 y otra entre 2002 y 2003.
Cabe destacar que estos datos no están completos y solo son una aproximación, de hecho, sigue abierto el correo electrónico de El País para recoger nuevos testimonios.
Reacciones dentro y fuera de la Iglesia
Estos movimientos políticos y periodísticos han generado una ola de reacciones tanto desde dentro de la propia Iglesia como desde fuera. En Aragón, el 4 de febrero las Diócesis publicaron un comunicado en el que si bien en un primer momento aseguran tener “tolerancia cero” ante cualquier tipo de abuso “ya sea pasado, presente o futuro”, el texto finaliza echando balones fuera utilizando los datos de la Fundación Anar.
Aunque Estados como el francés llegaron a afirmar después de investigar los abusos en la Iglesia que se trata de un problema estructural y con unas características propias a otros tipos de abuso, las Diócesis de Aragón se han apresurado a remarcar que según la Fundación Anar, los abusos cometidos por sacerdotes en el Estado español son un 0,2% de todos los que se producen.
Sí es cierto que entre los datos que ofrecen aseguran que “la existencia de un solo caso es algo extremadamente grave para la Iglesia y, por tanto, no dejamos de pedir perdón”.
El comunicado no revela en ningún momento cuál es la posición de las Diócesis al respecto de la apertura de una comisión de investigación en el Congreso o por parte del Defensor del Pueblo.
Colectivos cristianos de base exigen una investigación
También desde el interior de la Iglesia pero en un tono completamente distinto decenas de asociaciones y colectivos cristianos de base publicaban el 1 de febrero un manifiesto posicionándose en contra de las agresiones: “La falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica española, especialmente por parte de la Conferencia Episcopal Española, es una vergüenza absoluta, una ofensa al Evangelio y un gravísimo pecado de omisión. Constituye además, en muchos casos, un delito de encubrimiento”.
Por ello, reclaman la creación de una Comisión de la Verdad, financiada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Confederación de Religiosos de España (CONFER) pero con un mandato independiente que investigue la verdadera magnitud de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Española.
Además, piden la creación de una oficina centralizada, financiada por la CEE y la CONFER, que establezca criterios unánimes de actuación y revise la adecuación de los protocolos de actuación de las diócesis y las órdenes religiosas en materia de abusos sexuales a menores y otras personas vulnerables.
Entre los colectivos firmantes se encuentran Alandar, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, y algunas aragonesas como Mujeres y Teología de Zaragoza, Misioneras de la Doctrina Cristiana de Teruel, Comunidad Cristiana Popular Torrero II y la Parroquia San Lamberto en Zaragoza.
Desde fuera pero siguiendo muy de cerca todos los movimientos entre la Iglesia y el Estado, el Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) lamenta que “estamos muy lejos de lo que han hecho otros países como puede ser Francia como puede ser Alemania, aquí se ha dejado correr el tiempo, se ha corrido un tupido velo y ahora es cuando parece que va a aflorar”.
“Lo que sí tenemos claro es que no creemos en los tribunales propios de la Iglesia, los Tribunales Canónicos porque son de su propia jurisdicción” y apuestan porque sean comisiones de profesionales independientes o la justicia ordinaria quienes se encarguen de la investigación de casos.
Además, tachan a la denominada Oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de las Diócesis de Aragón de ser un mecanismo para “ocultar y para no decir la realidad de lo que está sucediendo”.
Respecto a los datos que ha reconocido la Conferencia Episcopal Española presionada por El País, recuerdan que “tampoco nos creemos las cifras tan bajas que maneja la curia española. Suponemos que habría que multiplicarlo por bastante”. MHUEL achaca los datos tan bajos respecto a otros Estados como el Francés a que “venimos de una sociedad nacional católica en la que la Iglesia está imbricada en el organigrama del Estado. La sociedad ha callado mucho y ha consentido mucho porque la institución era intocable”.
