El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión este lunes con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, en la que han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes que la Iglesia ha admitido, por vez primera, que no son suyas.
Admite que hay aproximadamente un millar de bienes -de los 35.000 registros inmatriculados por certificación durante el período 1998-2015- de los cuales no les consta la titularidad o corresponden a terceros, pero futuras investigaciones podrían demostrar la veracidad del estudio y si esta cifra podría ser mayor. A partir de ahora, se abre la vía para su regularización.
En concreto, la Iglesia admite que inmatriculó indebidamente, gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica, más de medio millar de fincas rústicas y 151 urbanas, casi 200 lugares de culto, un centenar de viviendas y cerca de un treintena de cementerios. De los 965, la Iglesia reconoce que 757, pese a estar registros a su nombre, pertenecen a otro titular y que 208 de los bienes que inmatriculó sin corresponderle están ahora en manos de terceros porque los ha vendido o cedido.
Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Conferencia Episcopal informa de algunos detalles de ese pacto, tras el estudio realizado por la Conferencia Episcopal de catalogación de los bienes, así como el trabajo realizado por la Comisión de Inmatriculaciones.
El Gobierno remitió al Congreso español un listado de bienes inmatriculados registrados por vez primera por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015. La Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, “un estudio exhaustivo del mismo” con consultas a las diversas diócesis. Se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.
Así se reconoce que hay un millar aproximado de bienes cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal. Ahora el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para iniciar los procesos de regularización si corresponde. La Iglesia ha manifestado su "compromiso en colaborar".
