Quizás haya un motivo, y puede que este acabe resultando más obvio que oculto, para comprender el escenario de urgencias en el que llevan unos años enredados la principal promotora del esquí en el Pirineo y en la Sierra de Gúdar, la empresa parapública Aramón, participada al 50% por el Gobierno de Aragón y por el banco Ibercaja, y alguno de sus principales competidores como Candanchú.
Quizás sea cosa del tiempo, tanto el meteorológico, que lleva años achicando el espacio susceptible de explotación para esa actividad como consecuencia del calentamiento global, que recorta las zonas de nieve al elevar sus cotas más bajas, como el cronológico, que transcurre hacia otro achique: el de la vigencia de las concesiones de los terrenos sobre los que se extienden sus instalaciones.
De la inminencia de esas caducidades, que tendrá lugar antes de que acabe el año 2040 en los casos de Astún, Formigal, Panticosa y Javalambre, y que se aplaza 24 años (2047) para Valdelinares, solo se libran Cerler y Astún, la primera controlada por Aramón y la segunda ajena al hólding parapúblico, que tienen asegurada la ocupación de sus actuales terrenos hasta los años 2077 y 2072, respectivamente.
A ese detalle se le suma otro: el complejo invernal ribagorzano es el único alpino del país con la práctica totalidad de sus instalaciones por encima de la cota de 2.000 metros que algunos estudios señalan como la mínima para la nieve en un par de décadas, algo que ofrece un mayor margen de maniobra para sus gestores, mientras en Astún esa altitud marca un nivel que divide las instalaciones prácticamente por la mitad.
También la estación de esquí nórdico de Candanchú se extiende por completo por encima de ese ras, algo que solo ocurre de manera parcial en el mejor de los casos en las otras seis (Gabardito, Linza, Lizara, Llanos del Hospital, Panticosa y Pineta) dedicadas al esquí de fondo.
Una empresa en concurso y un hólding endeudado
¿A qué se debería entonces la prisa por acometer en las otras cinco proyectos como el rechazado telesilla por la Canal Roya, la construcción de 560 viviendas en Formigal o, incluso, la eventual venta de Candanchú o su adscripción al hólding?
Parece responder, básicamente, al eco agónico que emiten los tic-tac de las concesiones y del cambio climático. El tiempo corre en contra del negocio, ya que sus permisos de ocupación vencen en un plazo de entre ocho y diecisiete años en el que, salvo sorpresa, el calentamiento global va a seguir achicando el espacio esquiable de unos complejos sin áreas por encima de los 2.000 metros de altitud en el caso de las dos turolenses y con más de la mitad del tinglado por debajo en el de las oscenses.
Ese escenario se da para un negocio basado en la venta del ladrillo que lleva asociado, es decir, de las viviendas que colocadas como segundas residencias resultaron fundamentales para levantar las estaciones y en las nuevas a las que los actuales gestores fían el remedio a la asfixia financiera de sus negocios.
Candanchú, que lleva una década en concurso de acreedores, necesitó el pasado invierno un rescate millonario del Gobierno de Aragón para poder abrir, mientras que el hólding parapúblico se encuentra en una situación financiera crítica que incluye una deuda de 43,15 millones de euros (16,4 vencen a lo largo de este año) y un balance que solo cuadra porque valora en más de treinta millones tanto sus terrenos y construcciones como sus instalaciones técnicas, en una estimación que incluye las de la nonata ampliación de Cerler por Castanesa.
¿A qué precio pasará a ser arrendado el monte?
Que ese plan dé resultado requiere construir y vender, y hacerlo con una velocidad notable. Aunque tampoco estaría de más eludir las ‘trampas al solitario’ y que, para evitar los descuadres y las tentaciones de cargarlos al erario público, los cerebros financieros de esas operaciones fueran incluyendo en sus marcos teóricos dos factores que se perfilan como fundamentales.
Uno es el previsible aumento de los costes de explotación para el negocio que, en el mejor de los casos, va a derivarse de la próxima caducidad de las concesiones (en el peor supondrían su final) y el otro, el impacto que los efectos del cambio climático pueden tener sobre el atractivo turístico de la actividad y sobre la valoración del ladrillo asociado a esta.
¿Cuáles iban a ser esos nuevos costes de explotación? Hay uno que va de suyo: el precio del arriendo de la tierra, que en estos casos se configura bajo la fórmula legal del ‘canon concesional’ y que lleva camino de aumentar de manera notable. Al menos en algún caso.
Candanchú tiene todas las papeletas para que eso la ocurra, salvo que la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa, que es la propietaria de los terrenos, sufra un acceso de, más que magnanimidad, prodigalidad: ahora le cobra a Etucsa (Explotaciones Turísticas de Candanchú) menos de 350 euros anuales por cada una de las 259 hectáreas de monte que ocupa cuando en España una de pasto no suele salir por menos de 3.000 ni es habitual conseguir una de prado por debajo de los 11.000.
Eso elevaría la factura de los suelos desde los actuales poco más de 90.000 euros anuales a una eventual horquilla de entre 750.000 y 2,8 millones, un encarecimiento que lastra la cuenta de resultados de la estación y eleva su necesidad de ingresos.
El suelo resultaría en ese escenario entre ocho y treinta veces más caro, algo susceptible de situarse como un claro inconveniente para la viabilidad de un negocio que factura en torno a cinco millones de euros al año, cuyo resultado neto apenas supera los 300.000 euros por campaña y cuyo balance se sitúa en seis millones.
La vigencia de las concesiones
Aunque no en todos los casos se aplica el mismo modelo por parte de los consistorios para de poner su monte a disposición de las estaciones de esquí.
Por ejemplo Formigal, cuya concesión vence el 31 de diciembre de 2035, como la de Candanchú, redujo ese gasto a 75.000 euros anuales en el momento en el que cedió al Ayuntamiento de Sallent de Galligo el 25% de sus acciones con una valoración de 1,66 millones más otros 260.044 euros en concepto de licencias y tasas.
Cuatro años antes de que caduquen esas dos concesiones, el 21 de febrero de 2031, lo hará la de Panticosa, otorgada por el ayuntamiento del municipio del que toma el nombre y por el de Hoz de Jaca con una tasación de 161.588 euros.
Por último, y según reflejan las propias cuentas oficiales de Aramón, la concesión para ocupar los terrenos de la estación de esquí de Javalambre vence el 5 de agosto de 2040 mientras que la de Valdelinares se retrasa al 31 de julio de 2047.
Un horizonte con cuatro incertidumbres
El horizonte para el negocio es, a partir de ahí, incierto por varios motivos entre los que no es el de menor peso la evolución de los patrones meteorológicos, que este año ya impidieron que las estaciones de Teruel, más expuestas a la evolución del área mediterránea, abrieran hasta entrado febrero y que acortaron también la campaña de las oscenses; en ambos casos, por falta de nieve.
Hay otro factor de incerteza en la propia obligación de sacar a concurso las concesiones, ya que requiere analizar previamente tanto la viabilidad económica como el impacto ambientalde la actividad, dos requisitos que, si optan por la continuidad, pueden convertirse para las empresas promotoras tanto en escollos externos como en desincentivos internos.
Uno más entronca con el atractivo real de esa actividad como modelo de negocio, que de ser elevado debería conllevar la aparición de nuevos competidores ávidos de beneficios. O no, claro; aunque esta segunda opción desluciría bastante los discursos oficiales sobre las magnitudes del esquí y la necesidad de dedicarle los ingentes recursos públicos que ahora consume.
A estas alturas resultaría de cierta ayuda poder disponer del estudio encargado por el Gobierno de Aragón a la Facultad de Empresa de Huesca para valorar el impacto del esquí en la economía y el empleo de los 16 municipios pirenaicos más expuestos a las estaciones, cuya entrega fue anunciada por la saliente consejera de Economía, Marta Gastón, para hace más de tres meses.
El cuarto factor de incertidumbre se encuentra en la identidad de los agentes que intervendrán en esos procesos de renovación: ¿quedará en manos del Gobierno de Aragón y de los ayuntamientos del momento? ¿entrará el ejecutivo español? ¿tendrá algo que decir Europa? o, aunque a fecha de hoy parezca improbable, ¿alguien con capacidad para llevarlo a cabo planteará de una vez por todas consultar a los habitantes del Pirineo y de la Sierra de Gúdar para despejar cualquier duda acerca de qué negocios quieren, y cuáles rechazan, para sus montañas?
