El eje central de la discusión en el ámbito político y en sus aledaños sobre el calentamiento global y el cambio climático asociado a este sigue centrado en su existencia, en si lo hay o no, en lugar de en sus causas y consecuencias y en las eventuales medidas para, si las hay, modular su avance y paliar sus efectos.
Y eso hace que el calado de la amenaza parezca, aunque para nada lo este, disipado por los rasgos bizantinos que lo envuelven, similares a los que evoca aquel histórico debate sobre el sexo de los ángeles, que es de lo que estaban discutiendo en el senado de Bizancio (Constantinopla, hoy Istambul) cuando los otomanos cerraban el cerco que a mediados del siglo XV (1453) acabó con la ciudad y con su área de influencia en sus manos.
Esa pantalla lleva tiempo superada tanto en el ámbito científico como en el técnico, donde varios estudios advierten de la cercanía de duros impactos para varios sectores productivos a los que el Aragón oficial sigue señalando como los puntales del sistema productivo del país y como claves para su futuro.
Se trata de la automoción, donde la transición al coche eléctrico va a provocar una notable merma de la mano de obra ocupada y que obliga a una parte de la industria auxiliar a una reconversión que está por ver si podrá afrontar; de la agricultura, que se enfrenta a caídas de la producción e incluso a la inviabilidad de cultivos por un constante aumento de las temperaturas al que se suman las cada vez más frecuentes olas de frío y de calor (de hasta quince grados esta primavera) y a la mayor frecuencia de la ocupación de las riberas por las crecidas de los ríos, directamente relacionadas con la alteración de los patrones de las precipitaciones como lo está la menor disponibilidad de agua de riego en algunas zonas, y, también, del esquí, que se enfrenta a un achique del espacio de práctica por la elevación de las cotas de nieve (la isoterma de cero grados ya está en los 3.000 metros) tras haber sido durante seis décadas el motor del modelo turístico y el desarrollo urbanístico del Pirineo.
“Los riesgos naturales son un resultado inevitable de los procesos físicos de la Tierra. Se convierten en catástrofes naturales solo cuándo suceden en un núcleo urbano o cerca de este”, explica Lucy Jones en “Desastres” (Capitán Swing, 2021), libro en el que también recuerda que “los desastres naturales son predecibles a nivel espacial, no ocurren aleatoriamente en cualquier sitio”, aunque “el momento en que suceden, sobre todo si se compara con la escala de tiempo humano, es cosa del azar”.
“Lo último que queremos es aceptar que, a veces, se producen cambios”, añade esta sismóloga y experta en temas de ciencia y de seguridad, que anota que “podremos tomar decisiones con fundamento solo si tenemos en cuenta nuestras probabilidades futuras y si estudiamos a fondo nuestro pasado”.
Sus principales trabajos han versado sobre erupciones volcánicas, riadas y terremotos, aunque resulta obvio que esa perspectiva espaciotemporal resulta más que adecuada para enfrentar otros retos como el que plantean el calentamiento global y el cambio climático asociado a este. Y ahí es donde varios estudios están comenzando a activar las alarmas y a plantear la necesidad de alternativas.
Esquí: sin nieve por debajo de los 2.000 metros de altitud
El turismo aportaba antes de la pandemia un 8% al PIB (2.964 millones de 37.054) de Aragón, el territorio con más kilómetros esquiables del Estado con siete estaciones de esquí alpino que suman 300 kilómetros de pistas y nueve de nórdico con otros 240 que generan 1.300 empleos directos y 12.000 indirectos (el 0,22% y el 2% de los 579.000 del país) y que concentran 45.000 camas de alojamiento en un radio de 35 kilómetros.
El grueso de ese volumen de negocio, al que van a dirigirse magras partidas de los fondos Next Generation y en el que se encuentran en fase de tramitación desarrollos como la ampliación de Cerler por Castanesa o las nuevas urbanizaciones de Benasque (2.000 viviendas) y de Formigal (560), se concentra en las alpinas, cinco de ellas en manos de Aramón, el holding semipúblico en el que están asociados el Gobierno de Aragón y el banco local Ibercaja, mientras que el movimiento es mucho menor en torno a las nórdicas, en las que se practica el esquí de fondo, además de especialidades como las raquetas y la travesía.
Su futuro se ve comprometido por los cambios en los patrones meteorológicos que trae el cambio climático, entre los que destacan las menores precipitaciones y la elevación de la isoterma de cero grados y, con ella, de las zonas de nieve: va a nevar menos y más alto.
“Las estaciones españolas por debajo de los 2.000 metros podrían desaparecer o reconvertirse hacia otras modalidades turísticas por falta o escasez nieve”, indica el estudio 'Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España', del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), que al mismo tiempo pronostica recortes de la temporada de entre un 15% y un 38%, es decir, de los hasta cuatro meses actuales a entre dos y tres, ya que las capas de espesores de más de treinta centímetros no permanecerían más de cien días al año en el Pirineo.
“La incidencia del cambio climático en las reservas nivales podría reducir su espesor y duración, hasta tal punto de que muchas de estas estaciones podrían dejar de ser viables a pesar de la producción de nieve artificial”, señala el documento, que apunta que “la necesidad de generación de nieve artificial puede impactar negativamente los caudales de ríos de montaña” y que destaca que “las estaciones que presentan cotas de altitud más baja presentan un mayor grado de vulnerabilidad al cambio climático”.
¿Cuál es el plan B para las estaciones situadas por debajo de los 2.000 metros?
En esos escenarios, el sector del esquí de Aragón, concentrado en las comarcas altoaragonesas, presenta claras vulnerabilidades de carácter geográfico: solo la estación de esquí alpino de Cerler y la de nórdico de Candanchú se encuentran por encima de los 2.000 metros de altitud, cota que superan algunos espacio de Astún y Formigal (y tangencialmente Valdelinares) entre las primeras y Fanlo entre las segundas pero que no alcanzan el resto: Candanchú y Javalambre por un lado, Linza, Lizara, Oza, Pineta y Llanos del Hospital por otro y Panticosa por ambos.
¿Hay plan b? Hoy por hoy se desconoce, más allá del intento de acelerar esos desarrollos inmobiliarios para colocarlos antes de que el esquí comience a quedar en fuera de juego. Aunque esa vertiente, la única por otra parte que ha resultado rentable en la explotación de las estaciones, tiene que ver con el ladrillo y no con los atractivos de un turismo que ha venido actuando como actividad tractora en determinadas zonas de la montaña.
Los proyectos alternativos de esa segunda pata también encuentran inconvenientes como consecuencia del cambio climático: “los cambios importantes en la cantidad y la frecuencia de las nevadas, o los cambios en la cantidad y la distribución de la biodiversidad son algunos ejemplos que demuestran la sensibilidad de los ecosistemas de montaña, lo que puede resultar en una pérdida de atractivo de estos paisajes para las actividades lúdicas”, apunta el estudio del Miteco.
El informe, por último, alerta de riesgos como la “pérdida de biodiversidad y deterioro o decaimiento de los ecosistemas, incremento de los incendios y la desertificación”, a los que se sumarían otros como unos cambios en las precipitaciones que, ya sea por humedad o por sequedad, “incluso podrían afectar a los yacimientos arqueológicos del subsuelo, pinturas rupestres, frescos, edificios y cascos históricos, etc”.
Cambios de calado en los cultivos
El sector agrario, con una creciente producción estimada en casi 4.600 millones de euros en 2020 y una renta generada de algo más de 2.000 (el 7% de la del conjunto del Estado) que también lleva años tendiendo al alza, aunque de esas cifras corresponde a la agricultura poco más de la tercera parte, es otro de los sectores principales de la economía aragonesa y, como ocurre con el turismo y con el esquí, otro a los que el cambio climático está situando frente a algunas de sus debilidades.
El informe “Empieza la cuenta atrás”, de la organización agraria COAG, llamaba hace unas semanas la atención sobre varias de esas debilidades, que van a afectar de manera generalizada al sector agrícola de todo el Estado, el más sureño del continente y uno de los más afectados por fenómenos naturales (o no tanto) como las sequías y la acumulación de las precipitaciones y, con ellas, por la desertización de sus tierras.
“El cambio climático se plantea como uno de los grandes retos para la agricultura y la alimentación, dado que las consecuencias del aumento de la temperatura podrían alterar el frágil equilibrio en el que se desarrollan muchos cultivos. Este riesgo es mayor en los países del Mediterráneo, una de las regiones más afectadas por el calentamiento global, y específicamente en el Estado español, donde un 75% de su superficie sufre ya algún tipo de riesgo de desertificación”, señala el informe, que advierte de que “ningún área o cultivo es inmune al calentamiento global, por lo que es importante conocer hasta qué grado se podrían ver afectadas nuestra agricultura y ganadería en distintos escenarios”.
“Durante el siglo XX, y sobre todo desde la década de los 70, las temperaturas en el Estado español han aumentado con una magnitud algo superior a la media global del planeta”, anota, al mismo tiempo que “han disminuido las precipitaciones durante este periodo, sobre todo en la parte meridional, y aumentado significativamente su variabilidad, concentrándose cada vez más en el otoño y en el invierno”.
Esos procesos, a los que se suman otros como la mayor frecuencia e intensidad del pedrisco y de la aridificación de la tierra, han generado “una menor disponibilidad y calidad de agua lo que, unido a una mayor concentración de la población en zonas urbanas, un aumento de los desplazamientos estacionales y unos controles inadecuados de su uso, han incrementado el impacto de la sequía”, que amenaza con tener unas consecuencias directas “claramente negativas en la agricultura de secano”, como la que copa la mayor parte de la margen izquierda del Ebro y las zonas de media montaña, donde esa escasez de recursos hídricos “no llegarían a ser compensadas por el efecto estimulante del CO2 en la fotosíntesis”.
Menos tierra, menos agua
Ese cuadro climático entraña consecuencias como la reducción de las zonas susceptibles de producir vinos de calidad en áreas como los somontanos del Pirineo y el Moncayo, lo que afectaría a denominaciones de origen como Borja, Cariñena o Somontano.
A nivel estatal, el estudio contempla “una reducción de las zonas con alto potencial para vinos de calidad a mediados del siglo XXI” de hasta “un 10% o un 20% para incrementos de temperatura de 1,5°C o 2°C respectivamente, junto con un desplazamiento de estas a cotas y latitudes más altas” por dos motivos fundamentales: el adelanto de la maduración, que “provocaría un exceso de madurez y de azúcares en la uva”, y un “aumento del estrés hídrico en las zonas más cálidas y secas del interior o del sur peninsular”.
Paralelamente, el documento admite que “se podría esperar una disminución media del 5% del rendimiento de los cereales a escala global por cada grado centígrado de calentamiento si no se realiza ninguna medida de adaptación, aunque con una importante variabilidad según zonas y años” y por tres motivos fundamentales: la eventual modificación de la duración de la estación de crecimiento, la menor disponibilidad de agua y el aumento el estrés térmico, susceptibles de generar unas pérdidas que no llegarían a verse compensadas por la mayor eficiencia en el uso del agua en el maíz por la mayor concentración de CO2 atmosférico ni por la mayor tasa de fotosíntesis en el caso del trigo.
El estudio pronostica mermas de entre el 15% y el 20% en las producciones de cereales como la cebada, el girasol, umbral que se superaría con claridad en el maíz, para intensificarse en función de la menor disponibilidad de agua. Una caída de las producciones de esa magnitud tendría, por otro lado, graves consecuencias en la ganadería, claramente dependiente de las importaciones de grano para poder abastecer de pienso a la cabaña.
“Todos estos impactos suponen un fuerte incentivo para los esfuerzos de mitigación, al no existir áreas o cultivos inmunes al cambio climático, por lo que el coste de no hacer todo lo posible para disminuir las emisiones puede ser demasiado elevado como para no tenerlo en cuenta”, concluye el documento.
La reconversión industrial por el coche eléctrico
El tercer flanco productivo de peso en Aragón sobre cuyo horizonte se proyectan nubarrones es el de la automoción, que viene a aportar en torno al 5% del PIB del territorio con la planta de Stellantis de Figueruelas como motor de una industria auxiliar que, como la central, afronta un proceso de reconversión, ya iniciado, hacia la fabricación del coche eléctrico, cuyo ensamblaje requiere una tercera parte de la mano de obra que se necesita para el vehículo de combustión.
El estudio “Transición hacia el vehículo eléctrico. Observatorio del Empleo Industrial”, elaborado por Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), pronostica para el conjunto del Estado “un impacto neto negativo en el empleo, reduciendo el número total de puestos de trabajo en las industrias identificadas como vinculadas al vehículo eléctrico, de alrededor de 29.000 (-8%) empleos en 2030, respecto a 2019”.
Eso, traducido a las magnitudes de la planta de Figueruelas y de la industria auxiliar vinculada a su actividad en todo el territorio, que le abastece de partes del vehículo no necesariamente vinculadas al motor y a la transmisión, supondría una merma de entre 1.500 y 1.800 empleos en Aragón.
“Será la desindustrialización derivada de la reducción del volumen de vehículos producidos en el Estado español y la deslocalización de puestos de trabajo desde el Estado español hacia otros países de la UE, con un coste laboral más bajo de empleo, las tendencias que tengan mayor impacto en los sectores de actividad relacionados con el vehículo eléctrico”, señala el estudio, que al mismo tiempo prevé una `compensación’ de esas mermas con un “incremento de empleos debido a un aumento del parque automovilístico, la demanda de mayor tecnología embarcada, un ‘mix’ de producto más ‘premium’ y el cambio al vehículo eléctrico, impulsado por la fabricación de la batería y por la infraestructura de recarga”.
“Globalmente -añade- estos sectores se beneficiarán del desarrollo del vehículo eléctrico, ya que habrá un trasvase de mano de obra desde el sector tradicional del automóvil hacia industrias relacionadas con la energía y las infraestructuras de recarga”.
