La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón -PDMA- ha hecho publico el informe técnico-jurídico en el que se indica que la declaración de urgencia de la expropiación de tierras a las familias de Castanesa “fue tomada en contra de los informes de los técnicos y jurídicos del propio Gobierno de Aragón”, como así consta en la resolución final del órgano técnico competente, la Secretaría General Técnica, Sección de Expropiaciones, del Gobierno de Aragón, que resuelve que “NO procede la declaración de urgencia”, pues los técnicos y jurídicos argumentan que “en la declaración de utilidad pública del proyecto del 2012 ya se declaraba que el procedimiento era ordinario y no urgente atendiendo al artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa”.
Desde la PDMA recalcan que en el informe de la propia DGA se establece que “a ello hay que añadir que, por otra parte, teniendo en cuenta la fecha de aprobación del citado proyecto, y la fecha actual de inicio de actuaciones de ejecución, en este momento, se considera improcedente una declaración de urgencia de la expropiación necesaria para la realización de las obras incluidas en el Proyecto”.
“Tras esta resolución de improcedencia que agotaba la vía legal, Marta Gastón, como presidenta de Aramón, decide autosolicitarse a Marta Gastón, como consejera de Economía, que resuelva sobre el caso. Marta Gastón, como consejera de Economía, decide que admite la petición que le hace Marta Gastón, como presidenta de Aramón, y comienza a ‘retramitar’ la solicitud usurpando las competencias del Servicio de Expropiaciones y finalmente, en contra de todos los informes técnicos y jurídicos, conceder la declaración de expropiación urgente a su propia empresa”, denuncian con somarderia desde la PDMA, que concluye asegurando que “estos hechos forman parte sustancial de la petición que se ha hecho llegar a los tribunales para la suspensión cautelar de la declaración de urgencia, independientemente de que los hechos pudieran ser constitutivos de algún tipo de delito”.
