Actualmente el TSJA está juzgando el contencioso presentado por una treintena de personas que viven y tienen propiedades en el valle de Castanesa (al que se han unido la Asociación de Vecinos de Castanesa "Naturaleza Rural" y Ecologistas en Acción como parte de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón) contra el proyecto de ampliación de Cerler por Castanesa de la empresa Aramón que incluye la expropiación de sus tierras.
En medio de este juicio, el Gobierno de Aragón ha declarado la urgencia del proyecto, lo que de producirse permitiría a la empresa Aramón la ocupación y ejecución inmediata e irreversible de las actuaciones que se están precisamente juzgando en el TSJA si son legales o no.
Por ello, se solicita al TSJA que "adopte la medida cautelar solicitada, suspendiendo la ejecutividad del acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de mayo de 2021, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de las obras para la ejecución de la primera fase de Proyecto de Interés General de Aragón de ampliación de la estación de esquí de Cerler (Dominio Castanesa)".
Esta solicitud se basa en que existe el riesgo de que se produzcan daños ambientales graves e irreparables, en el caso de no suspenderse la ejecutividad del acto recurrido, perdiendo el recurso interpuesto su finalidad legítima.
En este apartado se recuerda los valores ambientales de la zona, que la DIA (declaración impacto ambiental) del proyecto está caducada y no es válida y que el propio proyecto PIGA está en revisión y pendiente de una nueva DIA que acredite si se puede hacer o no y que todavía no se ha producido.
“Debe prevalecer el interés general por la protección del medio ambiente (preservar los valores ambientales y paisajísticos de esta zona del Pirineo), representado por los demandantes, frente a la intención de la empresa privada promotora de las obras de ampliación de la estación de esquí, de ejecutar unas infraestructuras, instalaciones y obras indeterminadas, sin haber adoptado previamente las medidas de protección ambiental”, explican en la solicitud.
Contradicciones en torno a Castanesa
Además destacan que concurre una apariencia de "buen derecho", dado que existen graves irregularidades y contradicciones en este proceso: “Fundamentalmente que el propio Gobierno de Aragón dictaminó que el proyecto no debería ser declarado urgente en el año 2012, que desde entonces la propia empresa no ha realizado ninguna acción considerando que no era urgente y que actualmente los técnicos y juristas con la competencia en el Gobierno de Aragón han ratificado mediante informes e incluso resoluciones que no debe ser declarado urgente”.
“A ello se une algo cuando menos irregular”, señalan desde las plataformas y personas demandantes: “La empresa promotora de la ampliación y beneficiaria de la expropiación, vio rechazada su solicitud de declaración urgente por el Departamento competente, intervino, suplantando al anterior, y contradiciéndolo, el Departamento de Economía, del que es titular doña Marta Gastón, a la sazón Presidenta del Consejo de Administración de Aramón. Es significativo que en el acuerdo adoptado se omita esta grave contradicción en lo que se refiere a la declaración de urgencia”.
Por todo ello esperan que se adopte la medida cautelar solicitada, suspendiendo la ejecutividad del acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de mayo de 2021, por el que se declara la urgente ocupación por parte de la empresa Aramón de los bienes y derechos en el valle de Castanesa.
