El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este lunes, con los votos a favor del trifachito -PP, Ciudadanos y Vox- solicitar al Gobierno español la declaración de la capital aragonesa como "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil". La oposición en bloque -PSOE, Podemos y ZeC- ha criticado la hipocresía y la insolidaridad del Gobierno de Azcón.
La moción conjunta de los partidos que forman el Equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, apoyada únicamente por el ultraderechista Vox, se ha presentado de forma urgente y se ha justificado en función de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para que "se apliquen todas las medidas de recuperación favorables para las personas físicas y jurídicas contenidas en el artículo 24 de la norma, en coordinación con las necesidades y propuestas demandadas por el Ayuntamiento de Zaragoza".
Asimismo, en la moción se solicita al Gobierno de Aragón y al español que junto a las ayudas a los sectores de la hostelería, comercio y otros sectores afectados por el COVID-19, que se establezcan para el Estado español, se apliquen "medidas específicas y exclusivas para Zaragoza para paliar los efectos del virus". Según la portavoz del PP, María Navarro, la moción busca "aminorar los importantes daños" que "experimentan los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus".
Sin embargo, las palabras de Navarro chocan con los hechos, por la negligente gestión de la pandemia del Equipo de Gobierno municipal: entregando los remanentes de tesorería a multinacionales mientras suprime su propio Plan de Comercio Local, negándose a conceder ayudas directas a los sectores económicos zaragozanos más afectados, y despilfarrando el dinero público en luces y propaganda en lugar de atender a la población más desfavorecida.
Así, la moción ha contado con el rechazo de PSOE y Podemos, que votaron en contra, y Zaragoza en Común, que se abstuvo. Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha calificado de "insolidario" pretender esa declaración de zona gravemente afectada en una pandemia porque "todo el mundo es zona catastrófica". Ha asegurado que en Zaragoza "la gente se muere de hambre, mientras el Ayuntamiento se gasta el dinero en pagar a grandes empresas".
El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha criticado el "nivel de hipocresía" de PP, Ciudadanos y Vox en Zaragoza, que ha calificado de "alarmante". "Hoy proponen la declaración de Zaragoza como zona catastrófica pero se oponen indignados a que 40 millones sobrantes en el Ayuntamiento vayan a ayudas directas a sectores destrozados por la crisis y los cierres", en referencia a otra moción aprobada por el trifachito por la que se destinarán los 40 millones de remanente a pagar a proveedores y revisiones de precios de FCC y Avanza. "Cínismo es poco", ha denunciado Rivarés.
Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha defendido una enmienda transaccional para que el remanente de 2020 se dedique a ayudas directas. Cubero ha señalado que si piden que Zaragoza sea una zona gravemente afectada "algo tendrá que hacer el Ayuntamiento de la ciudad". Cubero ha criticado que "la derecha solo sabe escurrir el bulto cuando gobierna" y oponerse "a cualquier avance cuando está en la oposición". "Eso es lo único que sabéis hacer", ha añadido.
En este sentido, la concejala de ZeC, Luisa Broto, ha manifestado que "son un Gobierno débil porque se alejan de las vecinas y vecinos" y ha recordado que este mismo lunes, a las puertas del Consistorio han tenido lugar hasta cuatro concentraciones sindicatos y movimientos que no se sienten atendidos o escuchados". "Azcón es el alcalde con mayor protesta social", ha denunciado.
En concreto, mientras transcurría el Pleno, se han manifestado el movimiento feminista, para denunciar los recortes en la lucha contra la violencia machista por parte del gobierno de PP y Cs apoyados por la ultraderecha de Vox; la Alianza por la Emergencia Climática, contra el despilfarro energético de las lucecitas de Navidad; el sindicato CGT, para pedir la eliminación de la línea 900; y los y las interinas del Ayuntamiento demandando estabilidad en sus empleos y el cumplimiento de la ley.
