La consejera municipal de Hacienda, María Navarro se ha justificado afirmando que le gustaría "poder destinar a otras cosas el remanente de tesorería", pero, en su opinión, "está la obligación" de dedicar el remanentes de tesorería de 2019 a "pagar la deuda pendiente" y que será para revisiones de precios de las contratas de Avanza y FCC, que datan desde 2014.
Navarro se ha agarrado al informe del Ministerio de Hacienda que reza que el superávit de los entes territoriales "deben destinarse a cancelar la cuenta 413 -operaciones pendientes de aplicar al presupuesto- de pago a proveedores y financiar déficit para evitar el incremento del endeudamiento necesario". La consejera ha dicho que el incumplimiento "podrá suponer" que el Gobierno de España "retenga la participación de los Ayuntamiento en los tributos del Estado".
El Equipo de Gobierno ha hecho caso omiso a las 11 alegaciones ciudadanas y de los grupos municipales presentadas al expediente. "No es un debate de estar a favor o no de las ayudas directas, sino que es una cuestión técnica y no se pueden llevar a cabo con el remanente", ha zanjado.
El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha tildado de cinismo la posición de María Navarro -a la que también ha acusado de mentir- al asegurar que el decreto del Gobierno español es "una oportunidad" para aliviar las consecuencias económicas y sociales de los sectores más afectados por la pandemia porque el pago a las contratas "no es obligatorio".
En este sentido, Rivarés se ha preguntado que si es legal presentar enmiendas al remanente es porque se pueden votar las propuestas de los grupos de izquierda de dedicarlo a ayudas directas. "El Gobierno obliga a pagar a proveedores, pero el pago a las grandes contratas no es obligatorio", ha resumido para defender que una parte se dedique a necesidades de la ciudadanía.
Rivarés ha dicho que es un momento "histórico" para apoyar a los sectores afectados. "La política es para ayudar a la gente, pero el Gobierno de Zaragoza ha decidido destinar los remanentes a las contratas. Son culpables de los próximos cierres de comercios y establecimientos de hostelería que hoy podríamos salvarles".
Por su parte, el concejal del grupo municipal Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha recordado que si se puede debatir es que es legal y, sino se habría alertado por los técnicos municipales. Así, Cubero ha subrayado que los informes de la intervención permiten destinarlo a necesidades de los sectores afectados y ese es el motivo por el que se suspende la regla de gasto por el Gobierno español.
Cubero ha propuesto destinar la mitad, unos 20 millones, para ayudas directas porque es "de sentido común para ayudar a los vecinos y vecinas de Zaragoza que lo pasan mal, pero el Gobierno municipal lo dedica a pagar facturas sobre las que no hay obligación porque todas las instituciones internacionales dicen que hay que endeudarse". Lo que hace el Gobierno de Azcón lo ha comparado con que un hostelero pague todo el alquiler de un año de golpe.
Desde el PSOE, la concejal Rosa Cihuelo ha diferenciado entre el pago a proveedores y las revisiones de precios "para las que se puede utilizar cualquier otra partida presupuestaria y no necesariamente el remanente". Cihuelo ha leído el informe del interventor que dice que es legal destinar el ahorro de la ciudadanía a "cualquier cosa", como las ayudas directas.
