El acuerdo alcanzado por el Gobierno español de coalición PSOE- Unidas Podemos, con el apoyo de EH Bildu y ERC para sacar adelante la ley de vivienda no ha satisfecho a todo el mundo. AraInfo ha preguntado a uno de los colectivos de cabecera en materia de alquileres para tratar de aclarar cómo va a afectar esta ley a quienes más la necesitan.
Aunque el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza reconoce que esta norma incorpora algún avance, en líneas generales propone una regulación de los alquileres “decepcionante”.
“Lejos de bajar los precios, ya de por sí desorbitados, la imprecisión de la propuesta todavía permite que los precios sigan aumentando y asfixiando a la población. Exigimos que la Ley contenga una regulación de precios real y efectiva para toda la población que vive de alquiler”, explican desde el colectivo.
Además valoran el borrador como un anuncio repentino y “con evidentes aires de electoralismo”. Un texto que permitiría subir el alquiler de forma sustancial, incluso en las viviendas situadas en áreas tensionadas, aseguran.
El Sindicato de Inquilinas recuerdan que para los contratos vigentes, el alquiler seguirá subiendo un 2% y 3% en 2023 y 2024 respectivamente para las subidas interanuales vinculadas a la inflación, sobre precios que como explican ya de por sí son abusivos.
Por otro lado, la propuesta acordada deja “agujeros” abiertos, como subidas del 10% permitidas por “reformas” vagamente definidas, o sin impedir claramente que los propietarios puedan cargar tasas y tributos al precio, eludiendo la limitación del mismo.
El alquiler de temporada
Este colectivo también ha entrado a valorar el alquiler de temporada, un recurso del que abusan sobre todo los grandes propietarios y que muchas localidades aragonesas que viven del turismo están sufriendo, y que con esta ley sigue sin limitarse, por lo que constituye otra vía de escape a la incipiente regulación de los precios.
“Además, al no incluir un régimen sancionador, fundamental en cualquier norma de cualquier ámbito para garantizar el cumplimiento de la misma, muchas de estas medidas dejan al inquilino, ya de por sí en una posición de debilidad, sin recurso ante el incumplimiento del arrendador” y añaden que la tarea de asegurar el derecho a la vivienda recaerá una vez más en los Sindicatos de inquilinas y otras organizaciones por el derecho a la vivienda, a pesar de que siguen sin ser reconocidos como interlocutores válidos en la negociación de manera legal.
Por ello, el colectivo advierte de que la regulación de precios anunciada no es la que la inmensa mayoría, (aproximadamente tres de cada cuatro personas) de la población está pidiendo. “Es necesario que los partidos políticos de gobierno y del resto del arco parlamentario escuchen: aún hay tiempo para corregir los fallos y hacer una regulación efectiva de los alquileres”, lamentan.
El único punto positivo de la ley de vivienda
No todo son críticas a esta ley, el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha explicado a AraInfo que para ellas, el único punto de momento “netamente positivo” del acuerdo es que acaba con la estafa millonaria que permite a las inmobiliarias cobrar a los y las inquilinas por un servicio que dan a los caseros, algo que los sindicatos llevan batallando desde hace años.
“Aun así, tendremos que asegurarnos que esta medida se hace efectiva, ya que, sin sanciones ni inspecciones, y en un contexto de radicalización del sector inmobiliario puede fácilmente quedar en papel mojado”, advierten.
Más allá de los agujeros presentes en el texto, este borrador deja fuera a millones de inquilinas para este colectivo que se quedan a merced de los intereses de los partidos en uno u otro territorio.
En este sentido este sindicato que lucha contra los alquileres abusivos define una regulación efectiva como aquella vinculada a los ingresos de las personas, sin importar el territorio en el que vivan.
A pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y el Estado tiene la obligación de garantizarlo para toda la ciudadanía, este acuerdo sigue poniendo en mano de los gobiernos territoriales la implementación de unas mínimas medidas de contención, dejando fuera a millones de personas que no se verían beneficiadas por el acuerdo.
“En definitiva, pese a introducir posibles mejoras, no permite romper con la lógica de la especulación a la hora de gestionar la política de vivienda y permite seguir gestionando como mercancía lo que, en principio, debería ser un bien público”, lamentan.
¿Qué pasa con la ley aragonesa?
En el caso de Aragón, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos tienen más que serias dudas de la implementación que tendrían estas medidas en nuestro territorio, “habida cuenta de la incapacidad del gobierno actual para tramitar una Ley de Vivienda propia para Aragón a lo largo de dos legislaturas, y cuya propuesta además se quedaba mucho más corta y menos ambiciosa que el marco que se ha pactado para el conjunto del estado”.
Así, como llevan años denunciando, señalan a AraInfo que “la política del actual Gobierno de Aragón siempre ha sido tendente a proteger los privilegios y beneficios de los poderosos, y la vivienda no ha sido una excepción”.
El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza se coloca en un escenario todavía peor: “Un posible cambio en el Gobierno de Aragón todavía más a la derecha en las elecciones próximas de mayo nos impide mirar con optimismo una mejoría a corto plazo en la situación de los inquilinas e inquilinas. Como siempre, parece que será necesario pelear cada conquista con organización y movilización social, pues nadie nos ha regalado nada”.
Actualmente, la ciudadanía vive una situación de excepción respecto al problema de la vivienda en el Estado español. Este nuevo borrador no está a la altura de la realidad de la mayoría de inquilinos e inquilinas que dedican mucho más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda. “Nos preguntamos, ¿cómo bajaría los alquileres este acuerdo? ¿Cuál es el impacto real que tendría en la vida de la gente a partir de mañana? ¿Solucionará los problemas de todas esas inquilinas que no llegan a fin de mes?”, se cuestionan desde el colectivo.
Por eso, desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza señalan como única forma para luchar contra el rentismo y la especulación, la organización social: “Por eso, independientemente del borrador, desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza seguiremos apostando por construir organización y poder en cada edificio donde haya inquilinas para plantar cara a los abusos de propietarios y defender el derecho a la vivienda”.
4.000 viviendas social para las personas con discapacidad intelectual
Otro colectivo muchas veces invisibilizado pero que también vería mejorada su situación con un mercado del alquiler regulado y una promoción de la vivienda social es el de las personas con diversidad intelectual.
Aprovechando el anuncio de esta ley y la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, que fue absorbido por el Estado en 2022, para destinarlas al alquiler "con precios asequibles", Plena Inclusión ha querido levantar la voz.
Desde la entidad estiman que en la actualidad la demanda de vivienda para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo exige la creación de un parque de vivienda social de al menos 4.000 pisos. “Las dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, hace prácticamente imposible el tránsito de las personas con más necesidades de apoyo a vivir en comunidad”, explican.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión, exige al actual Gobierno una mayor sensibilidad ante esta demanda social: "La vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales. La Ley de Vivienda y la revisión del Sistema de Dependencia deben articular apoyos personalizados en comunidad, flexibles y suficientes en viviendas que cuenten con las condiciones exigibles de accesibilidad cognitiva". Este avance debería completarse, dicen desde Plena inclusión, con el correspondiente desarrollo normativo para generalizar este derecho.
Desde Plena inclusión, la confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el Estado –40 de ellas en Aragón- que defienden los derechos de más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, parálisis cerebral y otros) y sus familias, se recuerda que la aspiración de la mayoría de estas personas se proyecta en una vida independiente, tanto entre aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo como entre quienes no las presentan.
El proyecto 'Mi Casa, una vida en comunidad', financiado por la Unión Europea y patrocinado por el Gobierno español dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, está validando nuevas soluciones de apoyo que promueven la vida independiente, la inclusión comunitaria y la contribución social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Sin embargo, denuncian que “las carteras de servicio de la dependencia no sirven para responder a las necesidades de las personas pues a veces promueven la dependencia y la institucionalización. La imposibilidad de acceder a una vivienda es otro gran obstáculo”.
Para la presidenta de Plena inclusión: "Una verdadera sociedad inclusiva, donde se promueva un nuevo enfoque sobre la política de los cuidados debe hacerse posible en un espacio comunitario en el que todas las personas puedan desarrollar vidas elegidas. La exclusión residencial del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo es un problema que debe ser abordado en la Ley de Vivienda haciendo efectivo el derecho a la vivienda y reduciendo las listas de espera".
