Stop Desahucios matiza la ley de vivienda y advierte de que no frenará los desalojos de personas vulnerables

El cambio de gran tenedor, el freno de los desahucios que se reactivarán en junio o la ausencia de un tope de la subida de la hipotecas son algunos de los puntos más conflictivos para este colectivo antidesahucios

Podemos
Foto: Aragón sin Desahucios.

El pasado 14 de abril, en una rueda de prensa convocada de urgencia, los portavoces de EH Bildu y ERC anunciaron un acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda y garantizar el respaldo parlamentario para la aprobación de la que será la primera Ley de Vivienda de la democracia.

El acuerdo supone una serie de medidas importante, que a grandes rasgos son: la regularización de los alquileres en zonas tensionadas, ampliación de la declaración de esas zonas tensionadas, rebaja de inmuebles que debe tener un propietario para ser considerado gran tenedor, medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables o la prohibición de obligar a los y las inquilinas a abonar determinados gastos.

La Ley rebaja la definición de “gran tenedor” de propietarios de diez viviendas de uso residencial a cinco. Sin embargo, AraInfo ha preguntado a Stop Desahucios que asegura que este concepto es “confuso” y, por ello, han lanzado algunas matizaciones.

La realidad es que la consideración de gran tenedor la siguen teniendo los propietarios de 10 o más viviendas y únicamente se rebajan a cinco en aquellas zonas declaradas tensionadas y con la condición de que las cinco viviendas o más estén en esa misma zona.

“Para que se dé este supuesto, se necesitaría un Ayuntamiento o Comunidad Autónoma valiente, que declare zona tensionada y que en esa zona algún propietario tenga más de cinco inmuebles, pues si el que tiene esos cinco o más inmuebles es un fondo buitre o un fondo de inversión ya es considerado gran tenedor por el hecho de serlo”, explican desde el colectivo antidesahucios.

En el caso de los desahucios, esta nueva Ley según advierten, no acaba con los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Mediante cambios en el procedimiento, los lanzamientos se pueden alargar durante un tiempo, pero como bien sabe Stop Desahucios después de años de negociaciones y desalojos, lo cierto es que las Administraciones no pueden procurar vivienda social.

En el Estado español es de menos de un 2% del stock total de vivienda frente a la media europea que es de un 9% y la de algunos países que llega al 30%, esto supone como explica el colectivo por la vivienda “alargar la agonía para estas familias que no ven solución al final del camino y además únicamente obliga a los propietarios a someterse a una mediación previa, pero que no tienen obligación de respetar”.

Conocer de primera mano cómo funciona la vivienda en Aragón, impide que algunos puntos clave de la ley de vivienda sirvan para aliviar preocupaciones y es que a las Plataformas por el Derecho a la vivienda les causa mucha intranquilidad lo que pasará con las familias que tienen paralizado el desahucio por el RD 11/2020 de 31 de marzo, que finaliza el 30 de junio.

La Ley solamente nombra los desahucios paralizados por esta norma, cuyos demandantes son grandes propietarios y que solo se reanudarán a petición de la parte actora y si se ha sometido a la mediación y conciliación. Sin embargo, solo 5% del mercado del alquiler está en manos de grandes tenedores, por lo que la mayor parte de los desahucios suspendidos pertenece a propietarios particulares. “Nos tememos una oleada de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional”, advierten desde Stop Desahucios.

Es más, el Gobierno de Aragón ha decidido que mientras estén suspendidos por el Decreto, no van a estudiar el realojo a pesar de que la norma dice que estarán paralizados hasta que las Administraciones Públicas les provean de una solución.

Tampoco se ha desarrollado todavía el Plan de vivienda 2022-2025, por lo que no se han ingresado los 13.110.000 euros correspondientes al año 2022 y se sigue perdiendo lo que corresponde a este año 2023.

Esto se traduce en que la no aplicación de este dinero supone más desahucios y que no se lleven a cabo programas para el realojo de familias con desahucios, víctimas de violencia machista y personas sin hogar: “Si estas ayudas llegan tarde, ya no solucionan nada, estas familias ya estarían en la calle”.

En cuanto al tope de la subida del alquiler, aunque desde Stop Desahucios admiten que es un sector que conoce mejor el Sindicato de Inquilinas, sí comentan que esta norma no dice nada acerca de las subidas de las hipotecas por la escalada del Euribor y que está suponiendo un esfuerzo extraordinario para muchas familias que a duras penas estaban consiguiendo salir de los efectos de la anterior crisis.

En definitiva, aunque esta Ley tiene aspectos positivos como la prohibición de los desahucios sin fecha, que era una vulneración de los derechos de las personas afectadas por procedimientos de desahucios, desde Stop Desahucios aseguran que no se puede hablar de una buena Ley de Vivienda si el Derecho a la Vivienda no es considerado un Derecho subjetivo.

Esto quiere decir que se convierta en un Derecho reclamable ante la jurisdicción en caso de incumplimiento: “Mientras esto no sea así, estaremos en las mismas, una mera declaración de intereses”.

Han sido varios los organismos que recuerdan que las políticas sociales sobre vivienda en el Estado español no respetan los Derechos Humanos, por ejemplo, el informe de la visita del Relator Especial para una vivienda adecuada de Naciones Unidas que decía que es necesario incorporar políticas sociales sobre urbanismo y vivienda o los varios Dictámenes condenatorios del Comité DESC que insta al Gobierno a formular e implementar en colaboración con los gobiernos territoriales los máximos recursos disponibles para garantizar el derecho a la vivienda.

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