El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado este miércoles su propuesta para aumentar el parque de vivienda pública y el parque público de alquiler asequible para conseguir una mejora de las condiciones de acceso a este derecho para los vecinos y vecinas de la capital aragonesa, con especial incidencia al sector más joven de la población.
La formación municipalista considera que estas políticas públicas necesitan de "un importante aumento del presupuesto", que alcance los 70 millones de euros por año, la introducción de las viviendas y suelos propiedad de la Sareb en dicho parque, aumentando el porcentaje destinado a vivienda pública en los nuevos desarrollos hasta el 30%, y elevando el IBI al máximo permitido a las viviendas vacías.
Además, ZeC considera de "vital importancia" recuperar la oficina de mediación hipotecaria y de alquiler para evitar riesgos de desahucio y de pérdida de vivienda. También el fomento de la vivienda cooperativa y la rehabilitación energética de los edificios peor aislados de los barrios. "Esto nos ayudará a incidir en el mercado de alquiler y posibilitar la bajada generalizada de los precios, al tiempo que aumentamos el número de viviendas y su disponibilidad para las personas jóvenes", ha destacado el candidato número dos de la formación, Suso Domínguez, en rueda de prensa.
Zaragoza Vivienda, sin suelo público
Ante los medios de comunicación, el portavoz de la formación, Pedro Santisteve ha recordado que el gobierno del PP ha tenido, en materia de vivienda, "una legislatura en blanco". "Las 136 viviendas de Imprenta Blasco, Fray Luis Urbano y la Jota fueron proyectadas por Zaragoza en Común. Se han captado 275 viviendas con el programa Alza, cuando Zaragoza en Común logró 470. Además, Zaragoza Vivienda se queda sin suelo para edificar nuevas viviendas públicas, ya que el gobierno de Azcón ha cedido suelo público a 75 años para proyectar 486 nuevas viviendas", ha recordado.
En este sentido, Santisteve ha criticado que "nos venden que estas viviendas están hechas, cuando no se han licitado ni las obras". Esta situación "compromete a futuro el margen de maniobra de la sociedad pública de vivienda municipal, por lo que debemos encontrar vías para seguir aumentando el parque público para ofrecer precios asequibles", ha añadido el portavoz de ZeC.
La nueva Ley de Vivienda, "una oportunidad para los ayuntamientos"
La propuesta de ZeC llega tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno español de coalición PSOE - Unidas Podemos con EH Bildu y ERC para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, que se someterá a votación en el Congreso el próximo 27 de abril, y el anuncio de Pedro Sánchez de la aprobación de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, que fue absorbido por el Estado en 2022, para destinarlas al alquiler "con precios asequibles".
En concreto, según adelantó el presidente del Ejecutivo español, se reservarán 21.000 de estas viviendas para poner a disposición de municipios y gobiernos territoriales, y se impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque. Este mismo miércoles, Sánchez ha anunciado la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas para alquiler "a precios asequibles".
En cuanto a la captación de vivienda de la Sareb, Zaragoza en Común ha detallado que el conocido como "banco malo" cuenta con 242 viviendas en Zaragoza.
En este sentido, la formación municipalista ha recordado que "el artículo 47 de la Constitución española declara que toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes". Para "hacer efectivo este derecho", la nueva Ley de Vivienda -todavía pendiente de su aprobación definitiva- "contempla que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo del IBI de hasta el 150%". Si la vivienda lleva más de dos años vacía, "el recargo sería del 50% y del 100% si lleva más de tres, con un recargo adicional de otro 50% si el propietario tiene dos o más viviendas en ese municipio".
Zaragoza en Común ha pedido que se eleve al máximo permitido el IBI de las viviendas vacías para "generar ingresos municipales para poder revertirlos, de nuevo, en políticas de vivienda, medida que ayudará también a pinchar la burbuja especulativa y de alquiler, teniendo en cuenta que entre 2014 y 2021 el aumento medio del precio de la vivienda fue del 11% y el del alquiler aumentó en un 45%".
El candidato Suso Domínguez ha señalado que la nueva Ley de Vivienda es "una oportunidad para los Ayuntamientos" a la hora de captar nuevos inmuebles y ha pedido una "gestión social" de este derecho fundamental.
