La ocupación del Ebro: la invasión urbana de los cauces expone a inundaciones a más de 200.000 ribereños

Los cascos urbanos de pueblos y ciudades han arrebatado a los ríos 2.000 hectáreas de sus territorios naturales en Aragón, lo que genera graves riesgos para la seguridad de sus habitantes cada vez que experimentan crecidas, en unos procesos cuya frecuencia acorta y cuya intensidad eleva el cambio climático y que centran el grueso de sus daños en una agricultura que lleva décadas adentrándose en los cauces.

Los cascos urbanos de pueblos y ciudades de la cuenca del Ebro, y las actividades económicas de sus habitantes, han ocupado un total de 141.508 hectáreas de zona inundable en la malla de ríos de la demarcación, es decir, del terreno que reclaman como suyo cada vez que crecen, como ocurrió por penúltima vez a mediados de diciembre y ocurre de nuevo estos días. Y esa invasión del territorio de los ríos por los suelos urbanos supone que entre 78.000 personas y hasta un cuarto de millón de ellas, en función de la referencia hidrológica, corre peligro por encontrarse en esas zonas cuando se producen crecidas fuera de lo normal.

El número de personas expuestas a inundaciones por el llamado “periodo de retorno de 10 años”, que vendría a ser la máxima crecida que un río podría alcanzar en una década y a cuya eventual materialización los documentos de base del nuevo Plan Hidrológico del Ebro -PHE- atribuyen una “alta probabilidad”, sería de 77.913.

La riada de principios de diciembre en el tramo medio del Ebro se situó en ese espectro de en torno a un millar de metros cúbicos por segundo por encima de los 1.600  que marcan el límite de la avenida ordinaria a su paso por Zaragoza. “Actualmente y a pesar de las intervenciones realizadas” en el Ebro, las poblaciones de Alcalá de Ebro y Remolinos resultan, entre otras, vulnerables para una crecida de ese tipo.

La estimación del volumen de población expuesto a las riadas aumenta de manera considerable cuando los cálculos se efectúan sobre el periodo de retorno de cien años, que lo eleva a 202.256, mientras el de 500 años las sitúa en 253.567.

Los trabajos previos del PHE calibran como de nivel medio la probabilidad de que llegue a producirse la riada del siglo, en la que el caudal del Ebro superaría los 4.000 metros cúbicos por segundo, y como baja la de los cinco siglos, que llegaría con un chorro netamente superior.

Las zonas vulnerables de la ribera del Ebro

La zona inundable para una riada con retorno de cien años incluye en Zaragoza una extensa franja de terreno que por la zona oeste se extiende al norte de la avenida de Madrid y que incluye la práctica totalidad de L'Almozara y que, por el centro y el oeste, abarca la totalidad del Actur y la mayor parte del Picarral, desde la carretera de Uesca hasta una línea norte-sur que parte del puente de Piedra, además de las áreas cercanas a la desembocadura del Galligo en Vadorrey.

Esas zonas de la capital se suman a los cascos urbanos y los terrenos circundantes de la mayoría de las localidades de la Ribera Alta, varias de las cuales ya se encuentran expuestas a las crecidas con retorno de diez años.

Las estimaciones sobre la superficie de cauce invadida y sobre el volumen de población afectada están recogidas en los apartados que el PHE dedica a analizar las presiones que sufren las masas de agua de la cuenca, y dentro de ellas las de carácter antropogénico, parten de la información que contienen los mapas de riesgo por actividades económicas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, “donde se identifican las zonas potencialmente inundables por avenidas de 100 años de periodo de retorno, seleccionado las actividades asociadas a usos urbanos”; es decir, desde viviendas a polígonos industriales pasando por infraestructuras de varios tipos.

Entidades como los servicios de Protección Civil del Gobierno de Aragón llevan varios años poniendo objeciones a los proyectos urbanísticos que se ubican dentro de las franjas de terreno inundable para una crecida de quinientos años de retorno. ¿Exceso de celo? Quizás sería más adecuado utilizar términos como “previsión” o como “prevención” vistas las alteraciones que el cambio climático derivado del calentamiento global está provocando en los patrones meteorológicos, y con ellas en los regímenes fluviales, en unos procesos que comienzan a ser más que evidentes en buena parte de la cuenca del Ebro.

Este mapa incluido en la documentación del nuevo Plan Hidrológico del Ebro muestra las zonas del cauce ocupadas por usos urbanos y actividades económicas.

Las áreas de mayor riesgo para los cascos urbanos

El grueso de las áreas de Aragón que se encuentran en esa situación se concentran en la ribera del Ebro, con 180,8 hectáreas inundables por una riada con retorno de cien años en el tramo que va de la desembocadura del Jalón en Grisén a la del Galligo en el barrio zaragozano de Vadorrey y otras 422 entre ese punto y la cola del embalse de Mequinensa, a las que hay que sumarles al menos un tercio de las 678 que discurren entre la desembocadura de Alhama en Alfaro (La Rioja) y Grisén y, también, parte de las 206,3 de que va de la confluencia del Cidacos a la del Aragón, la primera por la margen derecha y la segunda por la izquierda.

Por detrás de ese tramo central del Ebro, la mayor acumulación de zonas urbanas con riesgo de inundación se produce a orillas del Jalón, con 296,97 hectáreas, setenta más de las 236 que se localizan en el Aragón a partir del Irati, a cierta distancia de las 205,4 del Gállego (88,7 de ellas a partir de la acequia de Urdán, en Zaragoza) y a mucha más de las 89,5 del tercero de los grandes ríos aragoneses, el Cinca.

Otros diez cauces fluviales que discurren por Aragón sufren invasiones de su cauce de más de cinco hectáreas. Entre ellos destacan la Huecha, con 100,57 a partir de Maleján; la Huerva desde Mezalocha, con 51,19 y de nuevo una parte de ellas en la ciudad de Zaragoza, y el Queiles, con 26,07 entre Novallas y su desembocadura en Tudela.

Completan el listado el Jiloca, con 22 hectáreas urbanas inundables incrustadas en su curso natural, el Ésera con 16 en su cabecera, el Híjar con 15, el Perejiles con 8 y el Arba de Luesia y el Manubles con seis cada uno de ellos, a los que se añaden otras 2,9 del Sosa, la mayor parte de ellas en Monzón.

Una convivencia que lleva décadas complicándose

El mapeo desarrollado por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) pone sobre la mesa uno de esos asuntos pendientes que, tras décadas (¿siglos?) de elusión y de posposición mediante la técnica de la conversión en tabú, algún día habrá que afrontar: ¿en qué condiciones puede convivir el hombre con una fuerza natural de las dimensiones que tienen el Ebro y algunos de sus afluentes?

Resulta indudable que algunos de esos cascos urbanos llevan siglos, milenios en casos como el de Zaragoza, asentados junto al Ebro o a sus tributarios, aunque, al mismo tiempo, también resulta escasamente cuestionable que la relación de las ciudades y de los pueblos con los ríos ha cambiado desde esa época antigua, algo de lo que dan fe los encajonamientos con los que discurren. Eso no ha ocurrido únicamente en el último siglo.

Los romanos, que entre otros motivos eligieron la ubicación de Zaragoza para asentarse por la fertilidad que a priori ofrecía una llanura regada por tres ríos y por las facilidades que el estrechamiento del cauce del principal de ellos ofrecía para instalar un puente donde se ubica el actual de Piedra, cedían un espacio superior al que hoy ocupa la plaza del Pilar.

Aunque no se trata únicamente de la ocupación urbana del territorio de los ríos. El cauce del Ebro se ha ido estrechado prácticamente a la mitad en varias decenas de kilómetros de la ribera situada aguas arriba de Zaragoza, básicamente a base de construir motas y diques, en los años posteriores a la histórica riada de diciembre de 1961 y en las dos últimas décadas del pasado siglo al tiempo que se intensificaba la explotación agraria de esos terrenos que se iban ganando al cauce.

Sin embargo, conforme se va reduciendo la frecuencia de las avenidas, con seis extraordinarias y otras tantas que casi lo han sido en lo que va de siglo tras dos décadas de crecidas menores, va ganando urgencia la necesidad de revisar las normas de convivencia con una fuerza natural que no hace tanto ha llegado a entrar en Aragón con una fuerza de 3.000 toneladas de agua por segundo.

Cuando el riesgo de sufrir daños crece de manera geométrica

La memoria del PGRI, Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, da algunas pistas sobre el volumen de hectáreas de cultivo ubicadas en zonas con riesgo de inundación: “en términos superficiales la extensión de los terrenos agrícolas destaca sobre el resto”, señala el documento, que anota que, en caso de riada, “los daños económicos totales son ciertamente importantes en términos económicos, al estar la mayor parte de los tramos [catalogados como de riesgo] inmersos en núcleos urbanos relativamente importantes de la demarcación”.

“Las mayores cuantías se centran en las categorías asociadas a enclaves urbanos, agrícolas e infraestructuras”, añade, con esta distribución: 53.786 de las 81.659 hectáreas en zonas de riesgo para crecidas de alta probabilidad se encuentran en explotación agraria, a las que habría que sumar otras 10.983 de uso forestal.

Suponen, respetivamente, el 65% y el 14% del total, muy por encima de las 2.337 hectáreas de terreno urbano, las 11.947 ocupadas por masas de agua o las 1.863 anotadas en el espacio de otros, en unas proporciones que se mantienen para los episodios de inundación de probabilidad media (85.339 y 12.788 de 121.313) y baja (93.068 y 13.393 de 132.274).

Las explotaciones agrícolas son, también, las que concentran el grueso de las pérdidas en caso de inundaciones, al soportar dos tercios de los daños en las crecidas de elevada probabilidad (7.357 millones de euros de un total de 11.953), algo más de la mitad en los de media (13.085 de 24.487) y un porcentaje algo menor en las de baja (15.056 de 21.232), a lo que se añade una horquilla de 93 a 138 de las superficies forestales.

Esas estimaciones apuntan a que cualquier planteamiento de ordenación de usos en las riberas de los ríos aragoneses, especialmente en las del Ebro por la mayor intensidad de los riesgos, tendría entre sus puntos clave los sistemas de seguros agrarios. Sin embargo, el escaso ‘sex appeal’ de un asunto de ese tipo en términos de rentabilidad política en la era de internet suponen un obstáculo para su abordaje en las instituciones.

Paralelamente, las previsiones de daños en los cascos urbanos crecerían con una progresión geométrica conforme aumenta el periodo de retorno de las riadas y, con él, la virulencia del agua, ya que el PGRI las cifra en 3.215 millones para las crecidas frecuentes, en 8.246 para las de probabilidad media y en 11.811 para las más extraordinarias.

¿Deslindes y expropiaciones en los riegos de ribera?

Esa ocupación de los cauces de los ríos en las últimas décadas se ha solapado con otra realidad anterior a esos procesos como es la de los regadíos tradicionales o de ribera, para los que el proyecto del PHE plantea algunas novedades que dejan en el aire su continuidad.

Los artículos 21 y 22 del texto normativo del Plan contemplan una serie de restricciones para la autorización de plantaciones y explotaciones agrícolas en la llamada Zona de Policía (una franja de cien metros a partir del cauce, que es el terreno que ocupa el agua en el máximo de la avenida ordinaria).

“No se permitirán nuevas plantaciones de frutales intensivos u horticultura que conlleven la instalación de infraestructuras tales como mallas antigranizo, espalderas o invernaderos, en zonas de flujo preferente dentro de la zona de policía” y “en los cultivos agrarios se promoverá la creación de bandas de protección natural al lado del cauce”, señala el articulado, que aboga por fomentar la transformación de esos campos en choperas como medio para amortiguar los efectos de las crecidas.

“No se admiten nuevas plantaciones de árboles frutales y de viñedos sobre parcelas de cultivos agrícolas anuales, de alfalfa o de choperas y el mantenimiento de las actuales queda supeditado a que regularicen su situación administrativa”, lo que requiere que “la plantación no suponga un obstáculo al régimen de las corrientes” y que el titular reconozca en una declaración “haber sido informado de la inundabilidad de las parcelas y de las medidas que deba adoptar para prevenir daños al dominio público hidráulico”, añade.

Un informe elaborado por el Partenariado del Agua del Ebro cifra en 130.533 los campos de cultivo ubicados en terreno inundable en Aragón. Suman 51.769 hectáreas, de las que 34.017 se encuentran íntegramente en la llamada Zona de Policía. La mitad de estas últimas se concentran en el Jalón (8.276), el sistema de Riegos del Alto Aragón (3.317) y en el tramo medio del Ebro (3.235), mientras que el grueso del conjunto, 42.764 hectáreas (28.499 íntegramente en la Zona de Policía) correspondientes a 116.775 parcelas, se riega por inundación, por lo que se trataría de explotaciones pendientes de modernización.

Esta entidad ha solicitado mediante una alegación al PHE la retirada de esos dos artículos al considerar “su afección desproporcionada y efectividad no comprobada para los fines que se pretende, entendiendo por estos la prevención de daños por inundaciones y la protección de las aguas superficiales frente a la contaminación difusa”.

El Partenariado plantea dos vías directamente relacionadas con la reordenación de la convivencia con los ríos. Una , al proponer abrir a partir de 2027, con el siguiente PHE, “un periodo de trabajo que permita definir sobre una base técnico-científica el efecto real de las medidas propuestas y su efectivo ajuste a las peculiaridades territoriales”.

La otra, al sugerir que la Administración carece de “un título jurídico habilitante” para limitar “los derechos de propiedad para los particulares”, lo que “hace necesario la existencia de este título, un deslinde y en su caso una expropiación que haga efectivo, si así considera el Estado procedente, los señalado en los citados artículos”.

¿Y qué tiene que ver el cambio climático con todo esto?

El cambio climático provocado por el calentamiento global que generan las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) lleva camino de aumentar la intensidad y la frecuencia de los episodios de precipitaciones, y con ellos las de las inundaciones, al concentrar las precipitaciones, lo que también prolongará las fases de sequedad y de sequía en los meses cálidos.

Es decir, que al mismo tiempo que las previsiones apuntan a “decrementos de precipitación media en España en el entorno del -5%, -9% y -17% durante los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, respectivamente”, y con ellos a sendas reducciones de la escorrentía del -8%, el -16% y el -28%, va a aumentar la torrencialidad.

“En general se entiende que, tal y como viene sucediendo ya en todo el planeta y en especial en Europa, los daños por inundaciones se incrementan a lo largo del tiempo”, señala el PGRI, que anota que “la evolución por lo tanto en los próximos años es que se mantengan constantes o crecientes los episodios de inundación”

“En España son numerosas las investigaciones que apuntan a cambios en las inundaciones por la influencia del cambio climático” aunque “la evidencia disponible sobre los cambios en magnitud y frecuencia de las inundaciones provocados por el cambio climático es limitada”, indica la documentación básica del PHE, que recuerda que junto con el aumento de la intensidad de las lluvias por el calentamiento de la atmósfera, ya que “el aire más cálido retiene más humedad”, no hay que olvidar “otros fenómenos como fusiones de nieve más rápidas” o “las variaciones en el grado de cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica, el incremento de la desertificación, existencia de incendios forestales”.

Paralelamente, la península ibérica está siendo escenario de un proceso de subtropicalización del clima en el que en los últimos 30 años “el porcentaje de territorio en que la precipitación era mayor en invierno ha pasado de 51% a 43%, en primavera, de 36% a 15% y, en sentido contrario, en otoño se ha pasado del 11% al 41%”.

Al final, quizás no responda únicamente a la casualidad el hecho de que el Ebro vaya a superar los 1.600 metros cúbicos por segundo a su paso por Tudela entre el 11 y el 12 de enero, justo (o tan solo) un mes después de haber alcanzado allí un pico de 2.684 que no se había registrado en lo que va de siglo, y que llega antes de que las aguas de la anterior crecida se hayan retirado de lo que se reveló como una zona inundable.

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