Las elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025 fueron marcadas por graves acusaciones de fraude electoral. El proceso de transición a favor del candidato derechista Nasry Asfura, proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral y que concluirá previsiblemente con su toma de posesión el próximo 27 de enero está enmarcado en una grave crisis constitucional por las dudas y acusaciones de manipulación electoral.
La presidenta Xiomara Castro, del Partido Libre, sancionó un decreto publicado el pasado 9 de enero, aprobado por el Parlamento hondureño, para realizar un escrutinio general del total de las actas electorales. El gobierno norteamericano advirtió inmediatamente de “severas consecuencias” ante los “intentos para revertir la elección” presidencial.
.@WHAAsstSecty: Las voces de 3.8 millones de hondureños han hablado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de las elecciones. Cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves. La violencia política no tiene… https://t.co/vwt197STic
— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) January 10, 2026
Entre tanto, las tensiones y disputas políticas tienen su reflejo en los territorios donde se vive la violencia que experimenta el país. El Bajo Aguán es un claro ejemplo del fracaso de un Estado que no garantiza la protección de las comunidades más vulnerables —como las campesinas y garífunas— y en el que las amenazas, desplazamiento y asesinatos permanecen en la impunidad.
Desde finales de 2024 y durante todo el 2025, el grupo criminal Los Cachos, acusado de favorecer intereses de terratenientes de la palma aceitera, desafió a las autoridades repetidamente: desplazó familias de la cooperativa de Camarones, atacó El Chile y el Tranvío en varias ocasiones y frustró violentamente la operación de desalojo que tenía que haber reintegrado a los cooperativistas de Camarones el pasado mes de diciembre.
El ataque a la cooperativa Nueve de Agosto
La noche del 17 de enero, las 46 familias campesinas que integran la Cooperativa Nueve de Agosto, aglutinada en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), fueron atacadas y desplazadas por el grupo armado Los Pechugas, explicó Johny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.
Alrededor de las diez de la noche este grupo atacó por sorpresa y con armas de grueso calibre. Durante el asalto los atacantes dispararon al aire y encañonaron a las personas lo que hizo que los cooperativistas se desplazaran aterrorizados. A medianoche, la policía y el ejército ingresó a la finca y consiguió desalojar al grupo criminal, regresando las familias de la cooperativa la mañana del siguiente día 18. Después del ataque se encontró el cadáver de Marvin Ramírez Ramos, integrante de la cooperativa y asesinado durante dicha arremetida.
Plataforma Agraria expresó su convencimiento de que esta estructura criminal protegería intereses de la Corporación Dinant ya que algunos de los atacantes manifestaron que “estaban cumpliendo una orden de la empresa”. En ocasiones anteriores, esta empresa ha sido denunciada por realizar ataques contra campesinos de la región.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, además de condenar el ataque, reiteró la necesidad de impulsar una respuesta integral, sostenida y duradera por parte del Estado para abordar los desafíos estructurales vinculados al acceso a la tierra en el Bao Aguán.
📣 Bajo Aguán | Honduras: #OACNUDH condena el ataque contra la Cooperativa Campesina “9 de agosto” en el Bajo Aguán, que habría sido cometido por un grupo armado ilegal y que resultó en la muerte de una persona.
🔗 https://t.co/bfh8KA9XZs#BajoAguán #DerechosHumanos… pic.twitter.com/j0kIYfoZ0V
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) January 20, 2026
Antecedentes del ataque
En el conflicto social del Aguán se mezclan intereses de los terratenientes por las fértiles tierras de una inconclusa reforma agraria, el extractivismo minero y el narcotráfico.
Desde 2010, la violencia de grupos criminales y paramilitares ha provocado el asesinato de más de 200 personas organizadas en la lucha por la defensa de la tierra; en 2025, la cifra de fallecidos superó los 12 asesinatos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas sufrieron desplazamiento interno en Honduras a causa de la violencia generalizada entre 2004 y 2018. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que entre 2019 y 2023 unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o padecieron desplazamiento forzado.
La falta de respuesta efectiva de las autoridades ha envalentonado a los grupos criminales, tal y como denunció Plataforma Agraria y COPA a finales de 2025. Estas organizaciones denunciaron en diciembre la falta de protección del Estado hondureño a las comunidades campesinas al permitir que Los Cachos permanezcan ocupando la finca de la cooperativa Camarones a pesar de una orden de desalojo por desplazamiento.
Grupo criminal pagado por terratenientes y narcotraficantes impidieron que las autoridades devolvieran tierras a campesinos y campesinas desalojadas por la banda "Los Cachos" en Honduras. pic.twitter.com/pfE2wvftjK
— Colombia Informa (@Col_Informa) December 15, 2025
Igualmente advirtieron que se estaban rearmando y que existía el riesgo de nuevos ataques; estas amenazas se materializaron la noche del viernes 12 de diciembre con el asesinato de Roger Alexis Castillo Fuentes, socio de la Cooperativa Camarones, y que demuestran la realidad de las alertas de las organizaciones agrarias.
Este mismo mes de enero, Plataforma Agraria alertó de los ataques de odio que sufren sus voceros y, especialmente, el presidente de la misma Johny Rivas.
Elecciones, injerencia estadounidense y crisis constitucional
Desde la celebración de las elecciones, el pasado 30 de noviembre, el país centroamericano vive inmerso en una grave crisis constitucional en la que los principales partidos no se han puesto de acuerdo en quien es el ganador.
Aunque el partido gobernante Libre sufría una importante pérdida de popularidad en las encuestas y acumulaba graves denuncias de corrupción en su contra, la intromisión del presidente de los EEUU en el proceso electoral fue notoria y trastocó, como en otros países de Latinoamérica, el desarrollo de las votaciones.
Días antes de las elecciones, Trump anunció el indulto al ex-presidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en el país norteamericano. Además expresó su preferencia por el candidato del Partido Nacional Nasry Asfura, del mismo partido que JOH, calificándolo como el “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y añadió que no podía colaborar con la candidata de izquierda Rixi Moncada ni confiar en el centrista Salvador Nasralla. Con dicha maniobra, además de liberar a un delincuente convicto que convirtió el país que dirigía en un narco-estado, rehabilitó y dio un espaldarazo al partido Nacional -repudiado ampliamente hasta entonces por su trayectoria de corrupción y narcotráfico en sus últimos gobiernos- allanando su regreso al poder en el país.
En otros mensajes, Trump señaló que EEUU “no malgastará dinero” en Honduras si Asfura no gana y durante el recuento electoral afirmó que estaban intentando “cambiar los resultados” de su elección presidencial y amenazó que si lo hacían “habrá consecuencias graves”.
Otro actor con presencia y protagonismo criminal en el país, la MS-13, respaldó al mismo candidato presidencial. Esta pandilla transnacional fue designada por Trump como organización terrorista extranjera, la Mara Salvatrucha intimidó a los hondureños para que no votaran por el candidato presidencial de izquierda, según informó The Intercept, instándoles en la mayoría de los casos a votar por el candidato del Partido Nacional.
Por su parte, la candidata del partido Libre Rixi Moncada calificó como golpe electoral el envío de un millón de mensajes amenazando al pueblo que si votaba por Rixi no recibiría las remesas del mes de diciembre. Las remesas provinientes de emigrantes hondureños en EEUU constituyen una de las principales fuentes de ingresos del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Banco Central (BCH).
Aunque la presidenta Xiomara Castro sancionó este mes de enero el decreto 58-2025 aprobado por el Congreso Nacional que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizar el escrutinio especial de más de un millón de votos lo más probable es que Nasry Asfura asuma el cargo presidencial el próximo 27 de enero al contar con el respaldo de EEUU.
Del mismo modo que Honduras protagoniza una grave crisis política con alcance internacional de resultado incierto, la debilidad y complicidad institucional del Estado centroamericano la sufre el campesinado del Bajo Aguán, víctima de la violencia de los grupos criminales y paramilitares que se ensañan con las comunidades organizadas que resisten los megaproyectos extractivistas y representan un obstáculo para sus intereses en la región.
