Después de casi un año desde que, el 25 de diciembre pasado, fueron desplazados forzadamente de las fincas de la Cooperativa Camarones, y tras innumerables movilizaciones y denuncias legales contra el grupo criminal Los Cachos que han conducido a la detención e ingreso en prisión de algunos de sus integrantes y a la obtención de órdenes judiciales para su desalojo de las fincas que ocupan y explotan ilegalmente, el lunes 8 de diciembre era la fecha señalada por un juzgado hondureño para que los 150 desplazados de Camarones recuperaran los terrenos que constituían su hogar y fuente de ingresos.
A las 13.45 de este lunes, cuando recibieron la comunicación de que podían dirigirse a Quebrada de Arenas, una caravana de camiones y vehículos llenos de unos 400 campesinas y campesinos, que incluían integrantes de las vecinas cooperativas El Tranvío y Chile, que se unieron como muestra de solidaridad, emprendió la marcha hacia esta localidad que se encuentra a menos de 3 kilómetros de distancia.
Al llegar la comitiva, el vehículo donde se encontraba Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria, organización a la que están adheridas estas cooperativas, fue atacado con piedras lanzadas por una turba violenta, recibiendo diferentes impactos en su cuerpo. En instantes los atacantes rodearon y atacaron los siguientes vehículos de la caravana y a las personas que transportaban, indefensas y amontonadas en la parte trasera de los mismos.
El despliegue policial de 1021 agentes, entre ellos anti-motines, 74 de vehículos -incluyendo blindados “black mamba” y un tanque antidisturbios-, además de un helicóptero, que habían permanecido esperando en las localidades cercanas de Tocoa y Corocito a la ejecución de la operación que tenía por objeto desalojar a este grupo criminal y garantizar la seguridad de las personas integrantes de la Cooperativa Camarones, no reaccionó ante el ataque de decenas de personas que salieron lanzando piedras y portando machetes contra los integrantes de la caravana.
La Policía en lugar de defender a los campesinos de las cooperativas y los dirigentes de Plataforma Agraria huyó a la carrera, como puede verse en algunos videos que circulan en redes sociales. Las familias campesinas que viajaban apretadas en las plataformas traseras de los camiones y pailas de los todoterrenos fueron víctima fácil de los ataques en un caos provocado por la actuación policial que no había desalojado ni asegurado el perímetro del lugar de los hechos a pesar de la constancia de la peligrosidad que se vive en el poblado de Quebrada de Arenas por el control que ejerce el grupo Los Cachos.
Lo que debía ser un día de celebración, después de casi un año de movilizaciones desde su desplazamiento forzado, se convirtió en una jornada nefasta con decenas de heridos por piedras y la angustia de ver nuevamente paralizada la recuperación de una finca cuyo desalojo ya había sido ordenado en ocasiones anteriores.
Previamente, las autoridades habían manifestado que carecían de recursos para ejecutar el desalojo frente a un grupo criminal que usa armas de guerra y que, en febrero de 2025, amenazó y atacó de manera coordinada y simultánea a las comunidades campesinas de las cooperativas agropecuarias El Chile y El Tranvío, obligando también entonces a retroceder a la Policía.
En esta ocasión la Policía Nacional de Honduras emitió un vergonzoso comunicado tras el fiasco del operativo en el que informa que en ejecución de un oficio judicial ejecutó el desalojo de la finca Camarones, en Quebrada de Arenas.
El comunicado asegura que estableció un dispositivo de seguridad siguiendo los protocolos para intervenciones de alto riesgo. “A las 1:15 p.m., se suscribió el acta de acompañamiento y seguridad, mediante la cual los jueces ejecutores autorizaron el ingreso policial al inmueble….Tras agotar el proceso de persuasión, los ocupantes abandonaron el lugar de manera voluntaria y pacífica, bajo veeduría del CONADEH. Se registró un incidente donde un agente policial resultó con traumatismo dentario por impacto de un objeto contuso lanzado por una turba. El funcionario recibió atención médica inmediata. Una vez despejado el inmueble, se verificó y aseguró el área, procediendo a su entrega a los Jueces ejecutores, conforme a las instrucciones judiciales. No fue posible realizar entrega a los propietarios ante la ausencia de sus representantes leales. La Policía Nacional recuerda que su competencia finaliza con la ejecución de la orden, el aseguramiento del inmueble y su entrega a la autoridad judicial”.
Sin embargo, ni el desalojo se realizó ni los ocupantes abandonaron el lugar. El comunicado, emitido a las pocas horas del ataque, sí hace referencia a que producto de la acción de una turba resultó herido un policía, pero omite los ataques a los cooperativistas y la falta de reacción de los agentes ante el ataque del que fueron víctimas centenares de personas.
En redes sociales circulan videos que muestran el ataque desde la perspectiva tanto de los agresores como de los cooperativistas, incluidas grabaciones de Peace Watch Switzerland (PWS), organización que acompaña a la Plataforma Agraria y COPA debido a la situación de riesgo que enfrentan sus integrantes.
En las imágenes se puede ver a los policías huyendo del lugar del ataque en lugar de proteger a los caravanistas, incluso vehículos blindados se alejaban del lugar. A pesar de que se asegura que abandonaron el lugar de manera voluntaria y pacífica las personas que tenían que ser desalojadas lo cierto es que en las imágenes se comprueba como permanecían en el lugar y atacaban a toda la caravana.
De manera interesada se asegura en el comunicado que no fue posible realizar la entrega a los propietarios ante la ausencia de sus representantes legales, intentando justificar con ello la finalización de su responsabilidad en el aseguramiento del inmueble. Los representantes de la Plataforma Agraria sí que llegaron al lugar. Así, Wendy Castro se encontraba encabezando la caravana que acudió al llamado de las autoridades cuando fueron atacados y ella resultó herida por el lanzamiento de piedras por la desatención de la policía en la protección del grupo entre las qu se encontraban los desplazados y beneficiarios de una orden judicial frente a un grupo armado que ya había demostrado su peligrosidad.
Las autoridades oficiales hondureñas que tenían que haber garantizado la entrega del inmueble (policía y jueces) intentan desentenderse de la suerte de los cooperativistas que son víctimas de un grupo armado criminal Los Cachos.
Además el comunicado de la Policía omite que no detuvo a nadie de los integrantes del grupo criminal frente a los que existen orden de capturas pendientes de ejecución y que presumiblemente podrían encontrarse entre los ocupantes del inmueble.
Por lo demás, existe un clima de incertidumbre política en Honduras como resultado del reciente proceso electoral donde se desconoce todavía el ganador de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre y en las que las organizaciones sociales temen que una victoria definitiva del partido Liberal o Nacional se traduzca en un retroceso en los escasos avances sociales conseguidos durante el periodo de gobierno del partido Libre.
Por su parte, parece que existe un interés de los ocupantes de la finca Camarones en que se retrase la ejecución del desalojo con la expectativa de que una nueva administración gubernamental desactive los procedimientos judiciales en su contra. En determinadas ocasiones, han declarado que solo entregarán la finca a la familia del terrateniente Facussé lo que fortalece las acusaciones realizadas por las cooperativas respecto a la existencia de vínculos entre este grupo criminal y el conglomerado empresarial Dinant perteneciente a la familia Facusse.
Precisamente, en uno de los videos que circulan en redes sociales un poblador de Camarones afirma que solo les puede desalojar es el señor Facusse y que si gana la presidencia el Partido Nacional en febrero los grupos de las cooperativas irán a prisión.
Entre los riesgos y amenazas que padecen el campesinado y las organizaciones sociales que los agrupan está la desinformación y estigmatización en medios y redes sociales, donde se intenta presentar un caso de desplazamiento forzado como un conflicto entre comunidades rurales. A pesar de que existen resoluciones judiciales que reconocen a los desplazados de Camarones como víctimas de desplazamiento forzado provocado por Los Cachos, se intenta instalar una narrativa falsa que reduce el conflicto a disputas entre campesinos y que presenta el desalojo de un grupo criminal como una acción contra familias campesinas asentadas desde hace años.
Reforma agraria y conflicto del Aguán
En el fondo de este conflicto se encuentra la fracasada reforma agraria en Honduras y en especial en la fértil región del Bajo Aguán donde los terratenientes utilizan grupos paramilitares para apoderarse de las tierras que el campesinado recibió durante la inacabada reforma agraria. Para ello, incluyen bandas criminales como Los Cachos. Además el conflicto se ha complejizado con la presencia e interacción del narcotráfico en la región.
Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras causó el asesinato de más de 200 personas organizadas en la lucha por la defensa de la tierra. Solo en 2025, la cifra de fallecidos asciende a 11.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas sufrieron desplazamiento interno en Honduras a causa de la violencia generalizada entre 2004 y 2018.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que entre 2019 y 2023 unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o padecieron desplazamiento forzado.
El día siguiente del fallido desalojo, en el exterior de la comisaría de Tocoa podía verse como abandonaban la ciudad parte de los policías que habían participado en el operativo, montados encima de sus equipajes y en la parte trasera de todoterrenos. Las autoridades hondureñas dejan desamparadas a las comunidades campesinas del Bajo Aguán en un conflicto desigual que las enfrenta con grupos criminales que cooperan con terratenientes para despojarlas de sus territorios como parte de sus proyectos económicos en la región.
