Después de un año del asesinato del ambientalista, la red criminal que controla el Bajo Aguán continúa moviendo impunemente los hilos del poder en la región. Entre los presuntos responsables de dicho crimen se encuentran Adán Fúnez, Alcalde de Tocoa, y el empresario Lenir Pérez, prófugo de la justicia y que dirigía el proyecto minero los Pinares Ecotek al que se oponía López. Aunque las investigaciones han avanzado lentamente contra los autores materiales, las comunidades del Bajo Aguán exigen justicia y que se determinen los responsables de una trama mafiosa en la que aparecen involucrados empresarios, militares y políticos del actual Gobierno del Partido Libre. Mientras tanto la violencia asociada a este conflicto se sostiene y 11 campesinos han sido asesinados en 2025.