En Honduras, desde la reforma liberal de finales del SXIX se consolidó una economía de enclave que entrega los recursos nacionales a capitales extranjeros. Después de 2009, este modelo se intensificó con concesiones extractivistas en territorios indígenas, garífunas y campesinos, incluyendo áreas protegidas; así ocurrió en Tocoa (departamento de Colón) con el proyecto de minería promovido desde 2013 por Inversiones Los Pinares/Ecotek y que afecta espacios de gran interés ambiental donde Juan López lideraba la oposición al mismo.
En todo el país organizaciones sociales denuncian que los megaproyectos y el extractivismo, destinados a explotación forestal, minería, proyectos energéticos, turismo y plantaciones de monocultivos, como la palma africana, vulneran los derechos humanos, incluidos el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, ya sean campesinas, indígenas o garífunas.
Las personas que defienden el territorio y el medio ambiente pagan un alto precio por su activismo en este país centroamericano. La oenegé Global Witness, en su informe de 2023, lo situó como el líder mundial con el mayor número de asesinatos per cápita, 18 homicidios ese año, y 149 homicidios entre 2012 y 2023. El propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), dependiente del Estado hondureño, denunció a principios de 2025 que el 95 % de estos crímenes permanecen en la impunidad.
Tras el golpe de Estado contra Manuel Celaya en 2009, Honduras vio cómo se profundizaban estas prácticas y se afectaba en mayor grado a los defensores del territorio. En 2021, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, hoy en prisión en Estados Unidos condenado por narcotráfico, se adoptaron nuevas medidas como el desalojo preventivo sin orden judicial y se modificó el Código Penal facilitando la criminalización de quienes defienden los derechos humanos.
Aunque la presidenta Xiomara Castro, en su toma de posesión en enero de 2022, prometió “No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”, el balance en la etapa final de su gobierno es desalentador en materia de derechos humanos y ambientales. Entre las mayores críticas en la materia aparece la figura del estado de excepción, declarado en diciembre de 2022 y prorrogado en 21 ocasiones, la última en mayo de este año, con el objetivo de combatir la inseguridad y la delincuencia común organizada, limitando los derechos constitucionales y permitiendo a la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) realizar registros y detenciones sin autorización judicial en 226 de los 298 municipios de Honduras. En la actualidad está pendiente de resolverse un recurso de inconstitucionalidad contra una medida cuya eficacia para combatir la delincuencia es discutida y que cuestiona la propia calidad democrática del proceso electoral que tendrá lugar a finales de este año.
Juan López era un reconocido líder ambientalista y religioso de Tocoa quien, junto con sus compañeros y compañeras, fundó el CMDBCT hace 10 años en el departamento de Colón, con la intención de denunciar y sacar una mina de óxido de hierro que operaba en el municipio, mediante el conglomerado empresarial Emco Holdings, Los Pinares y Ecotek, por la amenaza al Parque Nacional Carlos Escaleras y su ecosistema incluyendo los ríos Guapinol y San Pedro. Durante ese tiempo fue insultado, amenazado y encarcelado hasta que finalmente fue asesinado el 14 de septiembre cuando al salir de dar misa le dispararon cuando se encontraba dentro del coche aparcado al exterior de la Iglesia.
En una entrevista en un campamento de protesta instalado en uno de los puntos de la mina, López explicaba que la acción era para defender el derecho fundamental al agua y los ríos San Pedro y Guapinol, en alto riesgo en el municipio, “porque el extractivismo minero ha llegado para enterrar sus colmillos en las costillas de nuestro cuerpo”, denunciaba los intereses en juego, las ganancias de la oligarquía hondureña, el papel de la estructura militar al servicio del capital y el de la embajada de los EEUU que “en este país es quien decide que se hace y que no se hace”.
Antes del asesinato de López, en 2023, Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez, también fueron asesinados por su defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras. El mismo Parque Nacional lleva el nombre de otro líder asesinado en 1997, Carlos Escaleras, quien fue conocido por su oposición a la planta de extracción de aceite de palma que el empresario Miguel Facussé Barjum quería instalar cerca del río Guapinol y que fue amenazado por el coronel Aldana cuando Escaleras quería presentarse a Alcalde de Tocoa.
Juan López fue amenazado y criminalizado, llegando incluso a ser encarcelado, por sus acciones de protesta frente al proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto que ha ocasionado un conflicto social con las comunidades por la contaminación en los ríos Guapinol y San Pedro. Además, como regidor de Tocoa denunció al alcalde Adán Fúnez por facilitar la instalación de la empresa con permisos ilegales. La publicación de un video en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, aparece junto a Adán Fúnez negociando una aportación a la campaña política con narcotraficantes hondureños hizo que Juan López compareciera exigiendo la renuncia del Alcalde. Solo unos días después se produjo el asesinato de López, quien tenía reconocidas unas medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que no había implementado el Estado hondureño.
En la actualidad hay varios juicios en paralelo uno contra funcionarios y autoridades que habrían favorecido la instalación ilegal de este proyecto minero y otro por el asesinato de Juan. El pasado 14 de agosto, en los Juzgados de Letras de San Pedro Sula se iba a realizar esta audiencia preliminar como paso necesario para determinar si continuaba el juicio contra los tres encausados de ser los autores materiales del asesinato.
En las inmediaciones del complejo de los Juzgados se congregaron campesinos procedentes de diferentes lugares del país, muchos procedentes del propio departamento de Colón, para exigir justicia y que se determine quien está realmente detrás de su muerte. El Juzgado tuvo que trasladar la celebración de la audiencia a otra sala habilitada específicamente para la ocasión por la atención generada por la importancia del caso. Entre el público asistente había prominentes figuras como el jesuita Padre Melo y representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas, OACNUDH, la CONADEH y organizaciones internacionales de derechos humanos como Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Peace Watch Switzerland (PWS).
El Juez accedió a la petición de las defensas de reprogramar el caso para el siguiente jueves 21 de agosto para evitar indefensión a las partes. La abogada Rita Romero, del CMDBCT, en declaraciones a Radio Progreso, denunció la negligencia institucional del Ministerio Público por entregar tarde el dictamen preliminar del vaciado telefónico, provocando la cuarta reprogramación de la audiencia contra los acusados del asesinato: "debió saber de que si venía con un documento a última hora que la defensa no conocía le iba a pedir tiempo para valorarlo, diligentemente su actuación hubiera sido entregárselo tres días antes, sabía que iba a venir a esta reprogramación y para [la familia de Juan y las comunidades de Tocoa] significa seguir poner poniendo la mejilla ante la burla de la institucionalidad, una burla para la gente que no ha dormido que pasó toda la noche viajando para poder estar aquí".
Finalizada la audiencia, en el bulevar situado frente a los Juzgados, en señal de protesta ante este nuevo retraso, integrantes de comunidades del Aguan que habían acudido para exigir Justicia se tomaron la calle 33 sin importarles el cansancio acumulado, el calor de las horas centrales del día y el despliegue policial que los vigilaba. Transcurrida aproximadamente una hora se retiraron para regresar en un largo viaje a sus comunidades y evitar nuevas actuaciones de criminalización en su contra, pero con el compromiso de volver el siguiente jueves para seguir exigiendo verdad y justicia.
El asesinato de Juan López, como en su día lo fue el de Berta Cáceres, es un caso emblemático que expone la situación de violencia que sufren las personas defensoras del medioambiente y la tierra en Honduras y que finalmente se fundamenta en la falta de tierras para la agricultura, la priorización de las actividades extractivas y la impunidad sistemática en la violación de los derechos humanos.
Juan López recordaba la frase del procer hondureño Francisco Morazán que afirmaba “No es la plata ni ninguno de los metales preciosos los que enriquecen un Reyno: es la Agricultura”. En esa entrevista añadía que las voces de dignidad y de soberanía nacional se van a fortalecer y que Honduras será un país sacudido por los procesos de transformación a los que toda la población está llamada para unirse y defender lo que nos pertenece. Esas voces se volverán a alzar el próximo 21 de agosto, fecha cercana al primer aniversario de su asesinato, exigiendo el fin de la impunidad y que se conozcan los autores intelectuales de su muerte.
