Desde febrero de 2020, naturalistas de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) y Amigos de la Tierra Aragón vienen analizando los seguimientos que realizan las empresas promotoras de parques eólicos relativos a la siniestralidad que causan en aves y murciélagos.
Para ello solicitaron al Gobierno de Aragón los datos que dichas empresas están obligadas a remitir y también los registros de entrada de animales en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de L'Alfranca.
Todo ello para contrastar luego esos datos con los avisos recibidos y con los datos de campo obtenidos por propias averiguaciones, tras encontrar decenas de cadáveres de aves y cientos de murciélagos que tardaban en ser retirados en dos recientes parques eólicos de las localidades de Gallur y Magallón, en una zona llana de secano cerealista, concretamente los parques La Nava (promotor '8 metros por segundo SL') y Los Cierzos (promotor 'Energías Eólicas y Ecológicas 53 SL') pertenecientes ambas empresas al conocido grupo inmobiliario Brial. El seguimiento de siniestralidad en esos parques, que suman once máquinas, lo realiza la consultora Satel, según figura en los informes remitidos por Gobierno de Aragón.
Deficiencia de los planes de vigilancia
Las ONG ya apreciaron importantes diferencias en el número de aves y murciélagos en el primer informe cuatrimestral de seguimiento (enero-abril 2020) que hizo esta consultora para los promotores con respecto a las bajas observadas en el campo. Durante el mes y medio que duró el confinamiento las ONG no pudieron obtener datos de campo, por lo que decidieron esperar a los siguientes meses para comprobar con el informe del segundo cuatrimestre si sus sospechas eran fundadas. "Una vez comparada la información recogida por las ONGs y por la consultora encargada del plan de vigilancia de La Nava y Los Cierzos, los resultados no pueden ser más preocupantes, ya que la realidad es bien diferente a la que describe el informe aportado por la consultora", afirman.
Según el seguimiento quincenal de Satel, en el parque eólico La Nava, entre enero y abril murieron tres aves y un murciélago, y de mayo a agosto cuatro aves y 11 murciélagos, que son un total de siete aves y 12 murciélagos. Y registró en el parque eólico Los Cierzos entre enero y abril cuatro aves y dos murciélagos, y de mayo a agosto seis aves y 13 murciélagos: un total de 10 aves y 15 murciélagos.
Según los datos totales de Satel entre enero y agosto de 2020 se encontraron entre los dos parques que, recordemos, suman once aerogeneradores: 17 aves y 27 murciélagos, que suponen 44 animales.
Según los datos de Ansar y Amigos de la Tierra Aragón en observaciones con frecuencia semanal, en el parque eólico La Nava, de enero a abril se detectaron 10 aves y dos murciélagos. De mayo a agosto 24 aves y 107 murciélagos. El total suma 34 aves y 109 murciélagos. En el parque eólico Los Cierzos, de enero a abril se encontraron 16 aves y seis murciélagos y entre mayo y agosto 28 aves y 53 murciélagos con un total de 44 aves y 59 murciélagos.
El total de bajas encontradas por las ONG entre los dos parques eólicos es para echarse temblar: 78 aves y 168 murciélagos, un total de 246 animales en ocho meses de seguimiento de las once máquinas. Siempre cadáveres, salvo algún caso puntual de un buitre leonado mutilado pero vivo, que finalmente debió ser sacrificado en el CRFS.
Datos comparativos de bajas en el periodo enero-agosto 2020 en PPEE La Nava y Los Cierzos en Gallur
Dado que cuando los naturalistas detectaban restos bajo los aerogeneradores daban parte a la emisora de emergencias del Gobierno de Aragón y los agentes de protección de la naturaleza solían acudir a retirar los animales o bien los recogían dentro de su actividad profesional ordinaria, puede ser que la consultora no registrara algunas bajas. No obstante, la diferencia es significativa.
Según los datos aportados por el Gobierno de Aragón, en el CRFS de animales procedentes de La Nava y Los Cierzos del periodo enero-octubre de 2020, de ellos 74 corresponden al periodo de enero-agosto.
"Ante la disparidad de cifras en las bajas (44/74/246), cabe pensar tanto en una elevada tasa de desaparición de los restos por depredación como en un deficiente método de seguimiento tanto en intensidad como en frecuencia -dado que INAGA sólo exige un control quincenal de bajas- o bien una combinación de todos esos factores", explican desde ambas entidades.
Como prueba de contraste, desde las asociaciones ecologistas se obtuvieron datos de campo propios correspondientes a otros dos parques eólicos cercanos a los anteriores, como son Agón (promotor '8 metros por segundo SL') y Tinajeros (promotor 'Saggita Ventum SL') ambos del grupo Brial también. En estos, de acuerdo a los datos de la empresa consultora que se encarga del seguimiento -Naturiker, según las informaciones recabadas- la siniestralidad de enero a abril fue nula, "algo altamente improbable".
Desde el momento en que estos grupos ecologistas comenzaron a visitar las inmediaciones de estos dos parques citados se encontraron ejemplares de fauna accidentada que llevaban meses muertos, abandonados en el campo, sin que hubiera constancia de su muerte y sin ser trasladados al Centro de Recuperación de L'Alfranca como es obligatorio según el condicionado del INAGA.
"Lo lamentable es que los informes que realizó la consultora Naturiker valieron como argumento a otras empresas promotoras para solicitar más parques eólicos en la zona, argumentando que la mortalidad previa registrada en un parque eólico en funcionamiento de esa zona había sido nula, y el impacto ambiental muy reducido. Nada más lejos de la realidad", apostillan.
Otro parque eólico que fue visitado este pasado enero, fue el parque eólico de La Peña, perteneciente a EDPR (Energías de Portugal Renovables) y situado en la localidad de Las Pedrosas en la Sierra de Luna. "Hasta la fecha desconocemos quién hace el obligatorio seguimiento de siniestralidad, pero según datos oficiales aportados por el Gobierno de Aragón de entradas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de L'Alfranca en los diez primeros meses de 2020 sólo han trasladado dos buitres leonados". Las ONG en la mañana del tres de enero de 2021, realizando una visita superficial bajo algunos aerogeneradores, contabilizaron hasta nueve buitres muertos.
Dificultades en el acceso a la información
Cabe decir que el 28 de septiembre de 2020 estas entidades solicitaron al Gobierno de Aragón los informes de seguimiento de la mortandad de varios parques eólicos de la zona de Zaragoza y a día de hoy solamente se ha recibido la información de dos de ellos, La Nava y Los Cierzos, como han reseñado anteriormente. "El resto todavía no se ha facilitado, por lo que se estaría incumpliendo el plazo de un mes que tiene la administración para responder, según la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de Transparencia y el acceso a la información pública. Esa es la transparencia que muestra nuestro gobierno autonómico ante sus ciudadanos, la pregunta es: ¿Tienen algo que ocultar? o ¿las empresas no entregan dichos informes?", se preguntan.
A juicio de estas dos organizaciones, esta información no tendría que solicitarse. Como dice muy bien el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón recientemente en un informe tras un debate sobre las energías renovables y su impacto en la fauna 'Los Planes y Estudios de Vigilancia Ambiental deberían de estar disponibles de manera pública'.
"El seguimiento obligatorio y el método de rastreo que debe realizarse tras la puesta en marcha de un parque eólico con periodicidad quincenal, según el condicionado del INAGA, es insuficiente en casi todos los casos analizados, pues se sabe que, en el campo, muchos cadáveres son depredados por otros animales y desaparecen del entorno sin que haya pruebas de su muerte. Igualmente, el periodo de seguimiento durante cinco años (antes eran tres) es escaso y el seguimiento debería de ser para toda la vida útil del parque eólico", recuerdan.
Se conoce el caso del parque eólico, Rabosera, perteneciente a EDPR en el que ya no hay seguimiento de mortalidad, pero siguen muriendo aves y murciélagos en número abultado. En Rabosera en los tres años de seguimiento (2006 al 2008) murieron unos 125 animales entre aves y murciélagos. "A día de hoy nadie vigila ese parque, pero siguen muriendo animales. En diciembre de 2019 el hallazgo casual de cinco buitres muertos en este parque evidenciaba la realidad".
"Tras el seguimiento obligatorio de siniestralidad -antes tres, ahora cinco años- las empresas no pueden lavarse las manos de su responsabilidad. Todos somos iguales ante ley, y las muertes reiteradas de especies protegidas debe considerarse como delitos contra el medio ambiente", sentencian desde Ansar y Amigos de la Tierra.
"Inacción" del Gobierno de Aragón
En opinión de estas dos entidades, "el Gobierno de Aragón debería de actualizar el protocolo de seguimiento de la siniestralidad en parques eólicos, pues tiene más de 20 años de antigüedad y se está demostrando insuficiente a día de hoy".
"No entendemos por qué la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón hace la vista gorda cuando en los informes cuatrimestrales del seguimiento ambiental que entregan los promotores sobre la mortandad obtenida ésta es ínfima o incluso nula, siendo todo esto sospechoso de un incumplimiento sistemático de los condicionados", añaden.
Para estas dos organizaciones, la citada Dirección General debería realizar seguimientos comprobatorios de la muerte real que provocan esos parques eólicos supervisando y verificando la información aportada. "Se da el caso de parques eólicos contiguos, en los que mientras uno reporta varias decenas de casos de mortalidad, otro de al lado solo informa de dos casos en todo un año". Así mismo, también han observado que en la información aportada por las consultoras de los proyectos eólicos en explotación a la DGA no figuran apenas ejemplares de especies de pequeño tamaño como murciélagos, trigueros, alondras, calandrias, vencejos... cuando estas aves y los murciélagos son víctimas muy frecuentes de los aerogeneradores.
Las ONGs piden responsabilidades al Gobierno de Aragón que, como se está viendo, no realiza ningún seguimiento de verificación de los datos aportados de mortalidad de algunas empresas consultoras.
"Nos preguntamos, ¿qué pasa aquí?, ¿qué hace el Instituto Aragonés de Gestión ambiental (INAGA), el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón que son los que tienen las competencias en protección y conservación de fauna silvestre, que junto al Servicio de Energía y Minas deben celebrar al menos una reunión anual para analizar el seguimiento ambiental de cada parque eólico?, ¿por qué no se han percatado de todas estas incoherencias e incumplimientos que nosotros, con un mínimo esfuerzo hemos podido comprobar?".
A juicio de ambas entidades, todo esto demuestra que, hasta la fecha, desde el inicio de la implantación de los parques eólicos hace unos 25 años, "no se ha comprobado si se hacen correctamente los seguimientos de mortalidad que establece el protocolo de seguimiento propuesto por la Dirección General de Sostenibilidad, el cual es facilitado por el INAGA como indica la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos".
Y aseguran que si se carece de resultados e información del seguimiento ambiental, no se pueden prescribir medidas de mitigación específicas para contrarrestar la mortalidad. "¿Acaso no se pretende que no se reporten datos reales de mortalidad en parques eólicos, para no sacar a la luz y hacer visible la verdadera realidad del impacto ambiental de algunos parques eólicos e impedir que se apliquen medidas correctoras?", se preguntan.
Para Ansar y Amigos de la Tierra, "llevan 20 años haciendo mal todo esto, 20 años ocultando datos reales de mortalidad en los parques eólicos. No hay datos fiables que nos permitan conocer el impacto ambiental de los parques eólicos".
"Los Servicios Provinciales de medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural, que son los que deberían supervisar el cumplimiento del condicionado ambiental parece que miran hacia otro lado, eludiendo su responsabilidad, pero tienen la obligación de supervisar, verificar los estudios y analizar de forma adecuada los impactos ambientales de estos proyectos, lamentablemente están mostrando incompetencia y dejación de sus funciones", subrayan.
110 aves y 297 murciélagos, en total 407 bajas
El seguimiento que los grupos ecologistas llevan realizando en La Nava y Los Cierzos, que suman once máquinas -desde febrero de 2020 a enero de 2021- arroja una escandalosa cifra de 110 aves y 297 murciélagos, en total 407 bajas, por lo que han requerido al Gobierno de Aragón la aplicación del condicionado ambiental y exigen que se tomen medidas urgentes para evitar el goteo interminable de muertes.
Los parques eólicos Agón, Tinajeros, La Nava y Los Cierzos tienen ya interpuestas denuncias ante el Seprona por la muerte de siete cernícalos primillas. "Esta emblemática especie amenazada de nuestros medios esteparios cuenta con un Plan de Conservación vigente fallido por incumplir sus objetivos y acciones de conservación previstas, que han derivado en el declive imparable de sus poblaciones, dejadas a su suerte durante los últimos años por parte de la administración y técnicos competentes, concretamente desde el inicio de su gestión por el ejecutivo del consejero, Joaquín Olona".
Ansar y Amigos de la Tierra Aragón ponen a disposición del Gobierno de Aragón todos sus datos de seguimiento del parque eólico La Nava y Los Cierzos, donde se incluyen fotografías de cada individuo muerto y coordenadas de donde se encontraron, y van a exigir el cumplimiento del condicionado del INAGA que dice: “En función de los resultados del seguimiento ambiental de las instalaciones y de los datos que posea el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el promotor queda obligado a adoptar cualquier medida adicional de protección ambiental, incluidas paradas temporales de los aerogeneradores, o incluso su reubicación o eliminación".
Desde estas dos organizaciones animan a grupos ecologistas de todo el Estado español a que presionen a los organismos públicos y departamentos con competencias en conservación de la fauna para que se realicen y supervisen con rigor los seguimientos ambientales de los parques eólicos, para conocer realmente el impacto real en aves y murciélagos todas ellas especies protegidas por la ley.
"No olvidemos que los que tienen que exigir que se cumplan los protocolos, vigilar y verificar que se realizan los seguimientos y son los organismos públicos como la Dirección General de Medio Natural y su Servicio de Biodiversidad que tienen las competencias en la conservación de las poblaciones de aves y los murciélagos que se ven afectados por algunos proyectos de parques eólicos en fase de explotación", aclaran.
Ansar y Amigos de la Tierra Aragón vienen exigiendo que se cumpla el condicionado ambiental, que no es otro que la parada y retirada de los aerogeneradores por ser incompatibles con la fauna voladora.
El proceso administrativo
Ante la petición de una empresa promotora para instalar un parque eólico, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria el órgano sustantivo que controla el proceso administrativo y quien autorizará la instalación y puesta en marcha del parque.
Entre los diversos informes favorables que debe contar la instalación está el del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) que incluye un condicionado ambiental referido a protección de la fauna y flora, vertidos, ruido, etcétera, que debe cumplir el promotor.
Una de las condiciones es el seguimiento de siniestralidad de fauna durante los primeros años de funcionamiento para registrar las bajas, evaluarlas y actuar en consecuencia. Los Servicios Provinciales de Medio Ambiente son los encargados de vigilar el cumplimiento del condicionado ambiental por parte del promotor.
Las principales personas responsables a las que las ONG se han dirigido y que hasta el momento -según aseveran- "nada ha cambiado" son: el director general de Energía y Minas, Sergio Breto Asensio, adscrito al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial que dirige el consejero, Arturo Aliaga López; el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona Moreno; y el director del INAGA, Jesús Lobera Mariel, ambos adscritos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del consejero, Joaquín Olona Blasco.
