Las entidades ciudadanas Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y Plataforma No a la MAT-Comarques de Castelló han remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que solicitan al Ministerio que actúe con “la máxima prudencia institucional y jurídica” ante la situación judicial del Clúster Maestrazgo, actualmente afectado por diferentes investigaciones judiciales y administrativas todavía abiertas.
El escrito, fechado este pasado 6 de mayo en las localidades de Castellote y Morella, representado el hermanamiento de los países valenciano y aragonés, responde a otra carta enviada previamente por la Asociación Viento Alto en representación de varios ayuntamientos aragoneses favorables al proyecto. Las plataformas aseguran que no cuestionan “ni su representatividad ni el legítimo ejercicio de sus funciones institucionales”, pero consideran necesario “matizar algunas de las afirmaciones contenidas” en ese documento porque, afirman, “no reflejan adecuadamente la realidad jurídica y procesal actual del Clúster Maestrazgo”.
Las entidades alertan de que resolver en estos momentos los recursos administrativos pendientes sobre las autorizaciones de construcción “podría suponer una grave interferencia” respecto a unas actuaciones judiciales que continúan abiertas y que, además, se encuentran “en plena expansión”. En este sentido, sostienen que cualquier desbloqueo administrativo podría interpretarse como “un aval administrativo anticipado” sobre procedimientos cuya legalidad “está siendo actualmente investigada judicialmente”.
La carta recuerda que la causa abierta investiga presuntos delitos “tan graves como prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”. Las plataformas remarcan que afirmar de forma categórica que el proyecto cumple todos los requisitos legales, técnicos y ambientales supone “anticipar conclusiones” que, entienden, corresponden exclusivamente “a los órganos judiciales y administrativos competentes”.
Según exponen las plataformas, la propia ampliación de las diligencias judiciales demuestra que siguen existiendo “dudas jurídicas relevantes” sobre la tramitación del megaproyecto energético. En concreto, subrayan que las investigaciones afectan tanto a parques fotovoltaicos como eólicos integrados en el Clúster Maestrazgo, así como a las actuaciones administrativas vinculadas a sus autorizaciones.
En la carta también destacan que el Ministerio Fiscal ha sostenido ante el juzgado que las controversias existentes sobre determinados informes financieros “no invalidan la investigación ni eliminan los indicios existentes sobre posibles delitos relacionados con la tramitación del proyecto”.
Asimismo, las entidades sociales rechazan igualmente que pueda afirmarse que la investigación afecta únicamente a instalaciones fotovoltaicas ajenas al clúster. “Las recientes diligencias judiciales y resoluciones conocidas públicamente evidencian que la investigación afecta al conjunto de los parques tramitados”, señalan.
En este contexto, consideran “contradictorio” intentar desvincular los proyectos fotovoltaicos Masía I y Masía II del resto del Clúster Maestrazgo, ya que dichas instalaciones fueron presentadas públicamente “como parte esencial del modelo de compensaciones y suministro energético comprometido con los municipios afectados”. Las entidades advierten de que, si esos proyectos no pudieran ejecutarse o quedaran finalmente afectados por la investigación judicial, también se verían comprometidas las medidas compensatorias anunciadas para el territorio.
La personación de CIP
Otro de los elementos que las plataformas consideran relevante es la personación en la causa judicial de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), actual titular del proyecto. Según argumentan, esta decisión no implica una validación del Clúster Maestrazgo, sino precisamente la existencia de “una situación de incertidumbre jurídica relevante”.
A juicio de las entidades, la entrada de CIP en el procedimiento responde a la necesidad de conocer el contenido de las actuaciones y preparar una estrategia jurídica ante las posibles consecuencias derivadas de la investigación.
Asimismo, las plataformas cuestionan la interpretación realizada por la Asociación Viento Alto respecto al aplazamiento sine die de la vista sobre medidas cautelares. En su opinión, las resoluciones judiciales conocidas no permiten concluir que el juzgado descarte indicios o considere plenamente ajustado a derecho el proyecto.
Por el contrario, sostienen que el aplazamiento responde “a la necesidad de garantizar plenamente los derechos procesales de todas las posibles partes afectadas y evitar futuras nulidades”, dada “la creciente complejidad y alcance de la investigación”.
Recursos pendientes
La carta dirigida a Sara Aagesen recuerda también que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han pronunciado todavía sobre el fondo de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por las plataformas contra el Clúster Maestrazgo.
Las resoluciones existentes, explican, se limitan exclusivamente a la no adopción de medidas cautelares en vía administrativa y dejan claro que ello “no prejuzga ni condiciona el resultado final de los procedimientos”, que continúan pendientes de resolución definitiva.
Las entidades niegan además que exista una “paralización injustificada” del proyecto y defienden que la prudencia administrativa, en el actual contexto, “no constituye bloqueo político”, sino una obligación derivada de la existencia de procedimientos judiciales y administrativos abiertos, de la inseguridad jurídica existente y de la necesidad de preservar el interés general y el principio de legalidad.
“El desarrollo de ningún territorio puede apoyarse sobre procedimientos cuya legalidad se encuentra actualmente bajo investigación judicial”, sostienen las plataformas, que reclaman “certezas jurídicas firmes” y resoluciones judiciales definitivas antes de cualquier avance administrativo.
La carta concluye instando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a mantener una posición de cautela hasta que las distintas investigaciones abiertas permitan disponer de “un escenario plenamente clarificado y seguro para todas las partes afectadas”.
