La presunta “tramitación indebida” de proyectos tanto por parte del INAGA de la DGA como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de centrales energéticas de la empresa Forestalia “saltó a los medios de comunicación a finales de marzo y quedó en evidencia por las manifestaciones de los funcionarios de los dos organismos, que declararon se había dado un trato de favor a esta empresa y muy probablemente no se hizo a cambio de nada, por eso se habla de cohecho”, subrayan desde la Plataforma 13M ‘Aragón por la racionalidad energética’.
A juicio de la entidad social, “la consecuencia lógica hubiera sido paralizar todos los proyectos de Forestalia, abrir una investigación y analizar uno a uno los parques que están aprobados administrativamente, para ver si realmente todo lo que se aportaba en las declaraciones de impacto ambiental era verdad o estaba manipulado”, pero nada de esto ha ocurrido hasta el momento “y es más, se han acelerado algunos proyectos que la empresa ya tenía vendidos o en trámite de venta, como es el caso de la fotovoltaica de Movera”, donde se concentrará la Plataforma este sábaso “o las vendidas al gestor de fondos de inversión BRUC”.
Asimismo, la Plataforma 13M destaca que “las sospechas levantadas por las declaraciones de los funcionarios y las investigaciones de la UCO, se están limitando a las denuncias existentes en el juzgado número 1 de Teruel contra el proyecto del Maestrazgo, pero este procedimiento no es suficiente, porque las presuntas irregularidades afectaban a todos los proyectos tramitados por la subdirección general de evaluación ambiental y el señor E”, que afectaban a las comarcas de Cinco Villas, Monegros, Campo de Borja, Tarazona y el Moncayo, zonas del corredor del Ebro, Ribera Alta y diferentes comarcas del sur de nuestro país, y “también a la externalización de proyectos por parte del INAGA a empresas relacionadas con Forestalia, tanto comercialmente, como por la gestión de familiares de directivos de la misma”.
Por todo ello, la Plataforma 13M solicita nuevamente al Ministerio de Transición ecológica y al nuevo Gobierno de Aragón “que paralice cautelarmente todos los proyectos de Forestalia o de su nueva marca Levitec, que se proceda a una evaluación ambiental rigurosa de los mismos e incluso se cancelen todos cuya investigación se centre en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, causa suficiente para no poder seguir con su tramitación y construcción como si no hubiera pasado nada”.
“Recordamos especialmente al nuevo Gobierno de Aragón sus compromisos electorales y obligación como administración en la que algunos de sus órganos están siendo investigados por la justicia, ya que no basta con personarse en la causa si no que hay que actuar y paralizar lo que está bajo sospecha. Además solicitamos a los ayuntamientos la no concesión de licencias urbanísticas de construcción hasta que todo esto se investigue y aclare lo sucedido”, enfatizan desde la Plataforma 13M.
Finalmente, destacan que “si en un acto administrativo se tiene sospecha de su tramitación fraudulenta y hay testimonios claros de la manipulación de sus declaraciones ambientales, se puede hablar de ‘presuntas’ irregularidades, pero se deben parar, porque si se confirmaran sería tarde para rectificar y compensar los daños ambientales causados”.
“Así que por el principio de cautela y hasta que se produzca una sentencia sobre los proyectos de Forestalia, se deberían suspender todos ellos y dejarlos a la espera de la resolución judicial, como mínimo”, concluyen desde la Plataforma 13M.
