La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de reposición presentado por el Gobierno de Aragón, contra el auto dictado el pasado día 17 de diciembre de 2021, resolución judicial que suspendía parcialmente la exigencia del pasaporte COVID en Aragón. Dicho auto establecía los casos en los que se podía pedir este certificado: ocio nocturno, hostelería en celebraciones de más de diez personas, hospitales, residencias y grandes eventos; y que el Departamento de Sanidad ha prorrogado hasta el 8 de febrero.
En el auto del TSJA, hecho público este martes por la mañana, los magistrados expresan que, para ellos, "el sacrificio de un derecho fundamental no es una opción y que desde la perspectiva de la garantía de derechos fundamentales no será necesaria una medida restrictiva de un derecho fundamental, si hay otras que no lo son y tienen el mismo o mejor efecto, es decir, si son igualmente idóneas".
Afirman que "en que cuando se habla de ponderación, este concepto no es sinónimo de canje o intercambio de derechos fundamentales por otros intereses –de cuya legitimidad no se duda- por mero criterio de oportunidad o conveniencia parcial". Insisten en que "los derechos fundamentales de los ciudadanos no son canjeables, ni por la Administración, ni por colectivos sociales, ni por el Tribunal ya que no son titulares de los mismos, ni depositarios de su ejercicio, ni en forma ni en tiempo. Nadie puede cambiar o negociar con lo que no es suyo". Añaden que "la referencia en la ponderación para justificar la lesión del derecho fundamental afectado no es el impacto económico de la medida –que no se niega-, sino el impacto en la salud pública de la misma. No se cambia situación económica por sacrificio de derechos, al menos no ha sido ésta la ecuación hasta el momento, ni la Sala puede tomarla ahora como parámetro de ponderación".
En el auto, aseguran también que la recurrente (DGA) "no aporta elementos de juicio nuevos que el Tribunal no hubiera tenido ya en cuenta cuando resolvió el auto que se impugna". Recuerdan a la Administración que "siendo el contexto de las presentes actuaciones, el de la protección de los derechos fundamentales, y el de su tutela cautelar (...) debiera tener presente la Administración que, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de procedimientos ordinarios, -y como ya dijimos en el auto impugnado, si bien con tan poco efecto que nos obliga a recordarlo aquí-, el interés general que opera como parámetro de ponderación a la hora de valorar la proporcionalidad de las medidas adoptadas, se identifica con la defensa y preservación de los Derechos Fundamentales de las personas, e incumbe a la Administración dicha protección y es la primera obligada a realizar la ponderación que ahora realiza la Sala a petición del Ciudadano recurrente –conviene no olvidar este detalle-, antes de adoptar las medidas que a bien tenga".
Este nuevo auto llega en medio de la polémica entre el Departamento de Sanidad y el TSJA, que también ha planteado cuestión de inconstitucionalidad en la causa abierta por la restricción de horario en bares. La consejera Sira Repollés criticó el domingo el "cariz político" de las decisiones judiciales. Tras ello, el presidente del TSJA cargó contra la titular de Sanidad afirmando que sus palabras "erosionan las relaciones institucionales" y que "no se ajustan a la realidad", y el PP pidió el cese de Repollés, que terminó pidiendo disculpas. El presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, zanjó el tema descartando el cese de la consejera.
Actualmente la incidencia acumulada a siete días en Aragón es de 2.996 casos por 100.000 habitantes tras tres días consecutivos de bajada. Sin embargo, en los hospitales los ingresos rozan los 900, con un 32% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Unos datos que preveía Sanidad que ya adelantó la pasada semana que "se ha alcanzado el pico en la incidencia" aunque esperaba una subida de ocupación en UCI. En concreto, ahora hay 898 pacientes ingresados: 74 en UCI y 824 en planta. Por el momento, el Ejecutivo aragonés tiene previsto mantener las restricciones hasta final de enero y continúa la campaña de vacunación con las dosis de refuerzo.
