Las protestas del campo registradas estos días en Aragón y en otros puntos del Estado español reflejan el malestar creciente ante el acuerdo Mercosur-UE y hacia la propuesta de reforma de la futura Política Agraria Común (PAC) que presentó la Comisión Europea en julio del año pasado. A esa preocupación se suma ahora el análisis del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que acaba de publicar un informe crítico sobre el diseño de la norma prevista para el próximo periodo, advierte en una nota de prensa la Coalición Por Otra PAC —que agrupa 51 entidades de diversos ámbitos, como ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, bienestar animal, nutrición y consumo, que buscan conseguir una nueva Política Agraria Común (PAC) verde y justa que impulse la transición agroecológica—.
"La institución comunitaria, que actúa como auditor externo de las finanzas europeas, sirve para controlar la legalidad y buena gestión del presupuesto de la UE. Su dictamen reconoce un aspecto positivo de la propuesta de la política agraria: es continuista al mantener los actuales tipos de intervención del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), lo cual aporta estabilidad administrativa y previsibilidad para las personas beneficiarias. No obstante, las advertencias pesan más que los reconocimientos", remarca Por Otra PAC.
El Tribunal señala que otorgar mayor margen a los gobiernos para definir conceptos esenciales como "agricultor activo" o "pequeño agricultor" puede derivar en "aplicaciones dispares" y "afectar a la igualdad de condiciones entre profesionales del sector en distintos países". "La ausencia de referencias homogéneas debilita la cohesión del proyecto europeo", inciden.
Asimismo, Por Otra PAC sostiene que la eliminación de la obligación de realizar al menos un 1% de inspecciones sobre el terreno o por monitorización (vía imágenes satélite), como sugiere la propuesta del comisario de agricultura Christophe Hansen, puede provocar diferencias en la verificación de las prácticas exigidas y, por tanto, en los estándares de los productos agroalimentarios de los diferentes Estados miembro. "Esta situación se agrava con la simplificación de la condicionalidad ambiental y la falta de supervisión comunitaria sobre posibles derogaciones nacionales en la aplicación de buenas prácticas agrarias (definidas en la propuesta de la Comisión como 'prácticas protectoras')", detallan en la nota.
Tribunal de Cuentas y PAC
En el plano financiero, Por Otra PAC advierte que persiste una elevada incertidumbre. "El blindaje previsto deberá cubrir no solo los apoyos a la renta y las intervenciones sectoriales, sino también actuaciones anteriormente financiadas por el desarrollo rural. Esto implica ampliar obligaciones para los Estados miembros con un margen económico potencialmente más ajustado. Y es que se prevé una disminución del presupuesto superior al 22% y menos financiación por parte de la UE para intervenciones que hoy en día cuentan con un 100%, como por ejemplo los ecoregímenes)", apunta la Coalición en la nota.
Desde Por Otra PAC alertan de que, en un contexto de fuerte tensión en el sector, "resulta imprescindible preservar reglas claras y comunes en toda la Unión". "Sin un marco coherente, el riesgo de competencia desleal puede producirse dentro del propio mercado europeo", subrayan.
La Coalición Por Otra PAC recuerda que la futura política agraria "debe garantizar estabilidad normativa, controles efectivos, financiación suficiente y ambición climática y social". "Solo así podrá sostener la renta de las explotaciones, proteger los recursos naturales y reforzar la cohesión territorial", insisten.
Con el objetivo de "contribuir constructivamente al debate", la Coalición Por Otra PAC ha elaborado un documento con 15 medidas concretas para "fortalecer el nuevo marco y adaptarlo a las necesidades reales del campo". "Estas propuestas ya han sido trasladadas y quedan a disposición de responsables políticos y responsables institucionales con capacidad de decisión", concluye la nota.
