El proceso judicial abierto por los altercados ocurridos el 1 de marzo de 2024 a las puertas de las Cortes de Aragón, durante la gran tractorada que llevó decenas de vehículos agrícolas hasta el Palacio de La Aljafería, ha terminado por poner en evidencia una paradoja difícil de disimular: organizaciones y actores del mismo ecosistema ultraderechista —Vox, AEGA (Aragón es Ganadería y Agricultura) y el sindicato policial JUPOL— han acabado enfrentados entre sí en los tribunales.
Mientras AEGA presenta a los agricultores encausados como víctimas de una persecución política e institucional, JUPOL ejerce la acusación particular en nombre de los agentes de la Policía Nacional lesionados durante los disturbios y reclama penas que alcanzan los 18 años de prisión por persona. Vox, por su parte, intenta navegar entre ambos bloques, atrapado entre su discurso de defensa del “campo español” y su apoyo explícito a los cuerpos policiales y a un modelo de orden público cada vez más punitivo.
Esta colisión de intereses ha adquirido una dimensión especialmente trágica tras la muerte de David Lafoz Gimeno, joven agricultor del Campo de Belchite, activista agrario y afiliado a AEGA, que se quitó la vida en julio de 2025 tras la “presión administrativa y judicial”.
David Lafoz, del activismo agrario a símbolo incómodo
David Lafoz Gimeno (1997–2025) trabajaba en el campo desde la adolescencia. Con apenas 28 años, se había convertido en una de las caras visibles de las protestas agrarias de 2024 en Aragón, denunciando la falta de rentabilidad del sector primario, el peso de la burocracia, las inspecciones de Hacienda y las sanciones administrativas que, a su juicio, asfixiaban a los pequeños agricultores.
Afiliado a AEGA, Lafoz difundió en redes sociales un discurso cada vez más radicalizado contra lo que denominaba “persecución institucional” al campo, señalando a las políticas públicas, la normativa ambiental y la Agenda 2030 como responsables del deterioro de las condiciones de vida en el medio rural. Ese marco discursivo coincidía plenamente con el promovido por Vox, partido con el que AEGA ha mantenido reuniones públicas y una clara sintonía política.
Durante la tractorada del 1 de marzo de 2024, Lafoz participó en la movilización que consiguió romper el primer cordón policial y llegar hasta las puertas de La Aljafería. Tras los disturbios, fue investigado y sancionado, una situación que su entorno describió como un auténtico acoso institucional, con un impacto económico y emocional que terminó siendo devastador.
El 20 de julio de 2025, cientos de personas se reunieron en los jardines de La Aljafería para rendirle homenaje, en el mismo espacio donde había protestado un año antes. Para muchos agricultores, David Lafoz se convirtió en el símbolo de una generación atrapada entre la precariedad estructural del campo y la instrumentalización política de su malestar.
La tractorada de 2024: del conflicto social al caso penal
Las movilizaciones agrarias de comienzos de 2024 tuvieron un amplio seguimiento en todo Aragón. En Zaragoza, las tractoradas llegaron a bloquear accesos clave a la ciudad y culminaron en una protesta de alta tensión frente a las Cortes de Aragón.
El 1 de marzo, varios centenares de agricultores y ganaderos lograron acceder con sus tractores al entorno de La Aljafería, con la intención de acercarse al edificio parlamentario. La intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional derivó en cargas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y escenas de violencia. Las fuentes gubernamentales aseguran que catorce agentes resultaron lesionados y que varios de ellos estuvieron a punto de caer al foso que rodea el palacio, según declararon posteriormente los policías implicados.
La investigación policial y judicial se centró en varios agricultores, acusados de delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y delitos contra las instituciones. La acusación particular, ejercida por los propios agentes a través de JUPOL, reclama hasta 18 años de cárcel para cada uno de los encausados, atribuyéndoles un total de 14 delitos de lesiones.
JUPOL: del discurso corporativo a la acusación ejemplarizante
JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, ha construido su crecimiento sobre un discurso de confrontación, victimismo corporativo y cercanía ideológica con Vox. Las relaciones entre ambas organizaciones han sido públicas y constantes: reuniones, actos conjuntos y una coincidencia casi total en cuestiones como la política de seguridad, la criminalización de la protesta y el rechazo a cualquier control democrático de las fuerzas policiales.
En el caso de La Aljafería, JUPOL ha optado por una estrategia de máxima dureza penal, presentando a los agricultores como una amenaza directa para la integridad física de los agentes y para las propias instituciones aragonesas. El sindicato no ha mostrado matices ni voluntad de contextualizar los hechos en el marco de una protesta social masiva, sino que ha apostado por una lectura estrictamente represiva y ejemplarizante.
Sindicalismo policial al servicio de la represión social. JUPOL no actúa aquí como un simple defensor laboral de sus afiliados, sino como actor político. El sindicato, estrechamente vinculado a Vox y pieza clave en la derechización de los cuerpos policiales, ejerce la acusación particular y reclama hasta 18 años de prisión para cada uno de los agricultores encausados.
El mensaje es nítido: cualquier protesta que desborde los márgenes del orden establecido (y supervisado por Vox) será castigada de forma ejemplar. No hay contexto social, no hay conflicto estructural, no hay clase trabajadora. Solo orden, autoridad y escarmiento. Este es el verdadero rostro del llamado “sindicalismo policial” cuando se alinea con la ultraderecha: no defiende derechos, defiende jerarquías.
AEGA: del alineamiento con Vox a la denuncia de la represión
AEGA, por su parte, ha denunciado desde el primer momento lo que considera una respuesta desproporcionada del Estado frente a las protestas del campo. La asociación ha hablado de “criminalización”, “persecución” y “acoso institucional”, especialmente en relación con los agricultores encausados y, de forma muy señalada, con el caso de David Lafoz.
Sin embargo, esta denuncia choca frontalmente con la trayectoria política de la propia AEGA, que ha mantenido una relación fluida con Vox, participando en encuentros públicos y compartiendo un marco ideológico que niega el conflicto social estructural y desplaza toda la responsabilidad hacia un supuesto enemigo externo: Bruselas, la Agenda 2030 o el ecologismo.
La contradicción es evidente: la misma constelación política que azuza el discurso del orden, la mano dura y el refuerzo policial es la que ahora se presenta como víctima de ese mismo aparato represivo cuando afecta a “los suyos”.
Victimismo tardío y responsabilidad política. AEGA denuncia ahora persecución, criminalización y acoso institucional. Pero durante años ha contribuido activamente a construir el marco político que legitima esa represión. Su cercanía con Vox no es anecdótica: reuniones públicas, comunicados compartidos y un discurso calcado que sustituye el análisis económico por la guerra cultural.
AEGA no cuestiona el modelo agroindustrial ni el poder de las grandes cadenas alimentarias. No habla de reparto de valor, de soberanía alimentaria ni de derechos laborales. Habla de enemigos imaginarios y soluciones autoritarias. Y cuando esas soluciones se vuelven contra agricultores concretos, llega el llanto. No es una contradicción accidental. Es una consecuencia lógica.
Vox, atrapado entre el campo y la porra
Para Vox, el juicio por la tractorada de La Aljafería es un campo de minas. El partido ultraderechista ha intentado capitalizar el malestar del sector primario aragonés, presentándose como su defensor frente a las políticas agrarias europeas y estatales. Al mismo tiempo, ha construido buena parte de su identidad política sobre el apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la exigencia de penas más duras ante cualquier alteración del orden público.
El resultado es una posición esquizofrénica: Vox respalda públicamente a AEGA y lamenta la situación de los agricultores encausados, pero evita criticar de forma directa a la Policía Nacional o a JUPOL, actores clave de su base social y electoral. En la práctica, el partido asiste en silencio a un choque entre dos de sus aliados naturales.
Vox intenta jugar a dos bandas. Se presenta como defensor del campo aragonés mientras sostiene, sin fisuras, a los aparatos represivos del Estado español y a sindicatos policiales como JUPOL. Apoya la protesta mientras exige mano dura. Aplaude al tractor y a la porra con el mismo entusiasmo. El juicio de La Aljafería expone esa hipocresía sin maquillaje. Vox no está del lado del campesinado trabajador. Está del lado del orden social que lo empobrece.
Una tragedia que desnuda el relato
La muerte de David Lafoz ha añadido una dimensión humana y política imposible de obviar. Más allá de la responsabilidad individual o judicial, su caso pone de relieve cómo el malestar del campo aragonés ha sido instrumentalizado por fuerzas políticas populistas que prometen soluciones simples a problemas complejos, pero que no dudan en activar el aparato punitivo cuando la protesta desborda los márgenes que consideran aceptables. Es el trumpismo campando a sus anchas en territorio aragonés.
El juicio por la tractorada de La Aljafería no es solo un proceso penal. Es también un espejo incómodo que refleja las contradicciones de un espacio político que dice defender al “pueblo” mientras refuerza las estructuras que lo disciplinan. Entre tractores, porras y rojigualdas, la ultraderecha españolista se enfrenta ahora a su propio relato.
Cuando el orden y la ley se comen a sus hijes más leales
Así pues, el juicio por los disturbios de la tractorada del 1 de marzo de 2024 ante las Cortes de Aragón no es un simple procedimiento penal. Es una radiografía política. Un choque frontal entre distintas piezas del mismo engranaje ideológico: Vox, la patronal agraria AEGA y el ‘sindicato’ policial JUPOL. Todos ellos comparten un marco reaccionario, autoritario y profundamente antisocial, son la mejor representación, no la única, del trumpismo en Aragón. Son los MAGA (Make Aragón Great Again) matrios, y, sin embargo, su radical populismo sistémico les ha obligado a sentarse en lados opuestos del banquillo judicial.
Lo que se dirime no es solo la responsabilidad penal de varios agricultores, sino una contradicción de fondo: la ultraderecha utiliza el malestar real del campo aragonés como combustible político, pero no duda en activar todo el aparato represivo del Estado español cuando la protesta se sale de su guion. El resultado es una guerra interna en la que los perdedores vuelven a ser los de siempre: trabajadores del sector primario convertidos en carne de juzgado.
Una lección de clase que no quieren aprender
El proceso judicial contra los agricultores encausados muestra una verdad elemental: cuando la rabia social se canaliza por la ultraderecha, el final nunca es emancipador. El sistema permanece intacto y quienes pagan el precio son siempre las de abajo.
El campo aragonés necesita derechos, precios justos, servicios públicos y soberanía popular, no banderas reaccionarias ni guerras culturales. La tractorada de La Aljafería ha acabado siendo un espejo brutal: la ultraderecha promete protección, pero solo sabe ofrecer castigo, represión y dolor.
