El campo aragonés ha vuelto a movilizarse este viernes con fuerza en Zaragoza con una tractorada multitudinaria que ha inundado el centro de la capital del país y ha situado en la agenda política y social, en el arranque de la campaña electoral del 8F, el profundo malestar del sector agroganadero.
Cientos de agricultores y ganaderas, llegados desde casi todas las comarcas del país, han entrado con sus tractores en la ciudad para denunciar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y una situación económica que, aseguran, hace inviable la continuidad de miles de explotaciones familiares.
Las columnas de tractores comenzaron a llegar desde primera hora de la mañana, confluyendo en el centro urbano y generando importantes afecciones al tráfico. Pancartas, bocinas, petardos y consignas como “Sin campo no hay ciudad” o “Estamos vendidos, sin leyes justas” han acompañado una movilización que, más allá de lo simbólico, ha evidenciado la fractura creciente entre las políticas agrarias europeas neoliberales y la realidad del territorio aragonés
“Nos exigen cumplir normas que luego no se aplican a lo que entra de fuera”
Entre las organizaciones convocantes —UAGA, ARAGA, ASAJA y UPA—, ha sido UAGA-COAG Aragón una de las voces más contundentes. Su secretario general, José María Alcubierre, ha subrayado que el rechazo al acuerdo UE-Mercosur “no responde a un planteamiento proteccionista, sino a una exigencia de justicia y coherencia normativa”.
“No podemos competir en igualdad de condiciones cuando a nosotros se nos imponen normas ambientales, laborales y sanitarias muy estrictas, mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen esos mismos requisitos”, ha señalado Alcubierre durante la movilización. En su opinión, el acuerdo con Mercosur “pone en peligro sectores enteros del campo aragonés y europeo” y supone “una amenaza directa a la soberanía alimentaria y a la agricultura familiar”.
El responsable de UAGA ha insistido también en que los anuncios de grandes cifras económicas desde Bruselas no aclaran su destino real: “Se habla de 45.000 millones, pero nadie explica con transparencia de dónde salen ni a quién van a beneficiar realmente. Lo que vemos en el día a día es que los precios en origen no cubren los costes y que cada año desaparecen explotaciones”.
El sistema capitalista es incompatible con la agricultura y ganadería aragonesas
La tractorada no solo ha reunido a profesionales del campo. A lo largo del recorrido y en los puntos finales de concentración, la protesta ha recibido el apoyo de colectivos sociales y ciudadanos que ven en el conflicto agrario un problema estructural que afecta a toda la sociedad, desde el acceso a alimentos sanos hasta la vertebración del territorio rural.
El lanzamiento simbólico de productos agrícolas —como patatas— en algunos puntos del centro de Zaragoza ha buscado visibilizar la contradicción entre los precios que se pagan al productor y los que finalmente asumen las consumidoras, así como el desperdicio inducido por un modelo agroalimentario dominado por grandes cadenas multinacionales y acuerdos internacionales. Confirmando que el sistema capitalista es incompatible con un sector agroganadero sostenible, sano y de futuro.
Soberanía alimentaria y salud pública en juego
La movilización ha contado también con el respaldo explícito de la Coordinadora Aragonesa de Colectivos por una Alimentación Sana y de Cercanía, integrada por asociaciones agrarias, cooperativas de consumo, asociaciones vecinales, AMPAS, sindicatos y colectivos ecologistas, entre otros.
La Coordinadora ha expresado su solidaridad con las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias aragonesas y advirtió de que el acuerdo UE-Mercosur, de materializarse, “es injusto porque coloca a agricultores y ganaderas en una situación de clara desigualdad”, permitiendo la entrada de productos “con costes más bajos y normativas sanitarias y ambientales mucho más laxas”.
En su comunicado, el colectivo reclama la aplicación efectiva de las llamadas “cláusulas espejo”, es decir, que los productos importados cumplan exactamente las mismas exigencias que se imponen a la producción europea. Alertan de que en países como Argentina estaban autorizadas en 2020 hasta 120 sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE, además de prácticas relacionadas con antibióticos y bienestar animal vetadas en Aragón y en el conjunto de Europa.
La Coordinadora subraya que los controles actuales son claramente insuficientes: según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión, un nivel que consideran “incompatible con la garantía de la seguridad alimentaria”.
Más allá del impacto en el campo, el comunicado alerta de “riesgos directos para la salud pública, por la posible entrada de productos con residuos químicos por encima de los límites permitidos”, así como de “consecuencias climáticas y sociales”, como el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la pérdida de empleos y el debilitamiento de los derechos laborales e indígenas.
La Coordinadora recuerda además que en mayo de 2025 presentó un manifiesto firmado por 126 colectivos en defensa de la soberanía alimentaria en Aragón, con un decálogo de medidas urgentes para frenar un sistema alimentario que, denuncian, desplaza a la agricultura familiar y social y genera graves impactos ambientales y sanitarios.
Precios por debajo de costes y abandono del campo
Así, uno de los ejes centrales de la protesta ha sido la denuncia de que los precios que perciben agricultoras y ganaderos no cubren los costes reales de producción, una situación que golpea con especial dureza a las explotaciones familiares, fundamentales para la vida económica y social de muchos pueblos aragoneses.
Las organizaciones agrarias advirtieron de que, sin cambios profundos en las políticas agrarias y comerciales, el abandono del campo continuará acelerándose, con consecuencias irreversibles para el territorio, el empleo rural y el equilibrio entre el medio urbano y el rural.
Cargas policiales y tensión al final de la tractorada
La jornada ha concluido con momentos de tensión en el centro de Zaragoza, cuando, tras el final oficial de la protesta, se han producido violentas cargas policiales en un contexto de elevada concentración de personas y tractores. Algunos manifestantes han denunciado “una actuación desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad”, mientras que desde la organización de la protesta se ha insistido en que “la movilización ha sido mayoritariamente pacífica” y que los incidentes se han producido “al margen del desarrollo previsto de la tractorada”.
Estos episodios no empañan el mensaje central de la jornada, pero sí dejan imágenes que refuerzan la percepción de un conflicto social de fondo entre el mundo rural y unas instituciones que, según los convocantes, “siguen sin escuchar de manera efectiva las demandas del sector”.
La tractorada de Zaragoza vuelve a situar al campo aragonés en el centro del debate político y social. Una movilización que no solo cuestiona un acuerdo comercial concreto, sino todo un modelo agroalimentario que, para quienes trabajan la tierra, amenaza con dejar sin futuro a buena parte del medio rural aragonés.
