El PSOE impide reformar el Código Penal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo

El PSOE se ha sumado al bloque de PP, Vox y Ciudadanos y ha impedido con sus votos la toma en consideración de la propuesta de ley registrada por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, BNG y CUP que tiene como objeto que los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista puedan ser investigados por los juzgados.

Foto: EH Bildu

El Congreso español ha rechazado este martes, 15 de marzo, la toma en consideración de una proposición de ley para la reforma del Código Penal que facilitaría la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

La propuesta solicitaba la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal “no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”. Sin embargo, esta iniciativa de justicia y dignidad democrática han sido tumbada con los votos del PSOE, PP, Vox, y Ciudadanos.

En el mismo sentido, el texto rechazado por el PSOE y el bloque de derecha-ultraderecha, proponía incorporar al Código Penal “una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, compromisos internacionales adquiridos solemnemente por el Estado español, pero que, una vez más, se convierten en papel mojado cuando se necesita la acción democrática de PSOE y PP.

La propuesta comenzó a iniciativa de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo -Ceaqua- y de Amnistía Internacional, y a pesar de contar con el apoyo de ERC, PNV,EH Bildu, Más País, Compromís, Junts, CUP, En Comú Podém y el BNG, no ha sido aprobado inicialmente.

A falta de una votación final, el PSOE ha anunciado su voto en contra, y su diputado Indalecio Gutiérrez se ha escudado en que la iniciativa vulnera “tres principios de nuestro ordenamiento como son la legalidad penal, la retroactividad y la seguridad jurídica”, remarcando que “nadie tiene más muertos en fosas comunes que el PSOE, por tanto lecciones, ninguna”, pero impidiendo a las familias de esas personas asesinadas por el fascismo obtener verdad, justicia, y reparación, como exigen todos los organismos internacionales a los que pertenece el Estado español.

Martín Villa sigue imputado en la querella argentina

Paradójicamente, mientras se producía el debate en el Pleno del Congreso español y se ponía de manifiesto "una vez más" para CEAQUA "la voluntad inequívoca de los grupos parlamentarios mayoritarios respecto al mantenimiento y sostén del modelo de impunidad del Estado español", el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Argentina se movía.

La Jueza Servini de Cubría notificaba una resolución en la que acordaba la práctica de una serie de diligencias probatorias cuya finalidad no es otra que reforzar la responsabilidad penal que le es imputada a Rodolfo Martín Villa en relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el período comprendido entre 1976 y 1979 en el que fue Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior.

En definitiva, Martín Villa continúa imputado en la querella argentina por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad y la Jueza Servini de Cubría impulsa nuevamente su investigación judicial al objeto de reforzar dicha imputación y que finalmente sea procesado por los citados crímenes.

Desde CEAQUA requieren, demandan y exigen al Gobierno y al Poder Judicial para que, al menos, colaboren con la Justicia argentina en la investigación de dichos crímenes dado que "el Estado español, como puso de manifiesto una vez más en la votación que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, no está dispuesto a investigarlos".

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