Nuevo rapapolvo a la gestión del gobierno de Javier Lambán, a las criticas por su gestión educativa y sanitaria, se une ahora el informe oficial de fiscalización y auditoria de la Cámara de Cuentas de Aragón, que certifica que al cierre del ejercicio 2020 la deuda de la administración aragonesa ascendió hasta los 9.106 millones de euros. También señala que “se han concertado nuevas operaciones de crédito a largo plazo por 1.977 millones de euros”.
El informe de la entidad auditora también indica que si bien el balance de situación y la memoria de las cuentas anuales informan correctamente de la situación y movimientos del endeudamiento, la liquidación del presupuesto del Gobierno de Aragón “no refleja la totalidad de las operaciones de endeudamiento que se han concertado y amortizado en el ejercicio 2020. Aunque no tiene impacto en el resultado presupuestario del ejercicio, las obligaciones reconocidas netas y los derechos reconocidos estarían infravalorados en 609 millones de euros, importe que se corresponde con los dos nuevos préstamos concertados con entidades financieras que se destinaron a amortizar anticipadamente dos préstamos formalizados con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)”.
Por ello recomiendan “regular de forma expresa y detallada y con carácter permanente en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 junio, del Gobierno de Aragón, tanto los requisitos y características de las operaciones de refinanciación, conversión, sustitución o amortización de la deuda viva, como la forma de contabilizarlas”.
Incumplimiento del periodo medio de pago
Desde la Cámara de Cuentas de Aragón recuerdan que el período medio de pago definido “en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos”, y que la Diputación General de Aragón “ha superado el plazo máximo legal de 30 días previsto en la normativa durante todos los meses del ejercicio 2020”.
